Jorge Irizarry, director de la organización de Bonistas del Patio. (GFR Media)

Luego de favorecer e incluso abogar directamente para que ahorristas locales favorecieran dos acuerdos de reestructuración previos, la organización Bonistas del Patio señaló que no respaldará el plan de ajuste para las obligaciones del gobierno central que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) busca aprobar.

En una declaración escrita, la organización señaló que no pueden dar su respaldo a la propuesta de la JSF sin conocer qué sucederá con la deuda que todavía no ha sido reestructurada y que, en buena parte, todavía se encuentra en manos de puertorriqueños.

“Los bonistas puertorriqueños han demostrado gran desprendimiento al apoyar altos niveles de recortes a sus ahorros invertidos en bonos del gobierno en los pasados planes de ajuste”, indicó el director ejecutivo de la organización, Jorge Irizarry. “En este caso, no podemos apoyar el plan sin saber cuál será el paradero del resto de la deuda que aún no ha sido restructurada”.

Según Irizarry, hace unos ocho años, los puertorriqueños poseían alrededor de $25,000 millones en bonos de Puerto Rico, una tenencia que se ha evaporado, sea porque los ahorristas se vieron obligados a vender sus inversiones o por la baja en valor que estos instrumentos experimentaron.

Ahora, quedarían unos $6,900 millones de esos bonos en manos de ahorristas locales, dijo Irizarry.

“Necesitamos también que se defina el componente de mitigación a las pérdidas incurridas en la restructuración, tal y como se le había prometido a este importante grupo de ahorristas por parte del gobierno, el Senado y la Cámara”, agregó el banquero de inversiones.

A principios del cuatrienio, las conversaciones entre el gobierno y Bonistas del Patio apuntaban a que se adoptaría legislación para que aquellos bonistas que resultaran perjudicados por los recortes a la deuda pública pudieran tener algún tratamiento contributivo especial que permitiera compensar tales pérdidas.

El rechazo de Bonistas del Patio a lo que sería el POA enmendado se produce una semana después de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitara en una moción en el tribunal que niegue a la JSF el remedio para comenzar la discusión de lo que sería el plan de pago de obligaciones del gobierno central.

Luego de llegar a un acuerdo con ciertos bonistas de Obligación General, la JSF se propone radicar un plan de ajuste(POA) enmendado que recortaría alrededor de 27% a estos acreedores, pero recortaría 98% a quienes prestaron dinero al gobierno bajo la creencia de que contaban con garantías de pago como serían los bonos pagaderos con peajes o con ingresos de tragamonedas.

En ese grupo que vería un recorte de casi la totalidad de lo que prestaron al gobierno se encuentran los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs en inglés), la Corporación para el Financiamiento Público (PFC), los bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad del Distrito de Convenciones y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

Según fuentes de El Nuevo Día, cantidades significativas de algunos de esos bonos se encuentran en Puerto Rico como los POBs y la deuda de PFC.

Los bonistas locales cargaron con el recorte a la deuda

La nueva ronda de recortes en la deuda pública, de ser aprobada en corte, serían adicionales a los ya experimentados por los ahorristas locales con los acuerdos en la Corporacióndel Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el BancoGubernamental de Fomento (BGF).

“El alto nivel de sacrificio de los bonistas puertorriqueños ha quedado demostrado. Hasta ahora, la mayor tajada de ahorros en la deuda del gobierno de Puerto Rico ha salido del bolsillo de 60,000 puertorriqueños que pusieron sus ahorros en la deuda pública”, dijo por su parte, Rafael Rojo, presidente de la organización.

Según Rojo, quien sostuvo que urge frenar la pérdida del capital local que ya se ha experimentado, el acuerdo en el BGF le dio al gobierno, ahorros de $2,100 millones. Ello, una vez los ahorristas puertorriqueños aceptaron un recorte de 45% en sus acreencias.

“En el caso de Cofina, el gobierno logró ahorros de $5,600 millones, representando pérdidas de 31.8% del bolsillo local por recortes a esa deuda. No existe ningún otro constituyente en esta quiebra que, a la fecha, haya sacrificado más que el bonista del patio. La data lo comprueba”, agregó el empresario.

Rojo e Irizarry dijeron sentirse “alegres” de que en el caso de las pensiones del sector público, las negociaciones resultaran en un recorte menos severo que el propuesto inicialmente, pues, ello permitiría que se pague, efectivamente, un 95% del beneficio en pensiones, en especial, tratándose de acreedores no asegurados.

Sin embargo, Irizarry sostuvo que el perfil “típico” de los bonistas puertorriqueños no es muy distinto al de un pensionado que trabajó en el gobierno. Mientras el servidor público ahorró para su retiro a través de los planes de pensiones públicos, explicó Irizarry, el bonista local, “en la gran mayoría de los casos”, trabajó en una empresa privada y durante sus años productivos, adquirió los bonos como un mecanismo de ahorro para la jubilación.

“Se deben respetar los contratos y las leyes que establecen un orden jerárquico entre los distintos niveles de acreedores del gobierno, cosa que ha quedado cuestionada en este proceso y tendrá efectos adversos en el acceso a los mercados de capital”, denunció Rojo.


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