(GFR Media)

A solo un día para que concluya el plazo para alcanzar un acuerdo, la Liga de las Ciudades de Puerto Rico cuestionó y catalogó como “errada” la solución propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que los municipios lidien con la anulación de la Ley 29 que eximía a los municipios de la aportación al plan de salud del gobierno y al retiro.

La organización, de reciente creación y que agrupa a los municipios independientemente de la ideología política del alcalde, hizo públicos sus cuestionamientos luego de no recibir respuesta alguna de la JSF a la petición -hecha el 23 de abril- para reunión.

“Al análisis que completó la Junta de Control Fiscal para atender esta situación le falta contexto, razón por la cual llegaron a conclusiones incorrectas. De otra parte “la nulidad de la Ley 29 aplica a todas las secciones, no solamente a las que están relacionadas a los pagos de pensiones y a las obligaciones de los pagos al sistema de salud”, indicó la Liga.

Luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain declarara nula la Ley 29, concedió hasta el 6 de mayo para que el ente a cargo de las finanzas de la isla, los municipios y el gobierno llegaran a un acuerdo sobre qué hacer.

El gobierno y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) propusieron a la JSF que el Estado absorbiera el efecto de la nulidad del estatuto. Pero la JSF rechazó esas recomendaciones.

En cambio, la directora de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que al anularse la Ley 29, los ayuntamientos le deben al Estado $198 millones por no pagar la aportación al plan de salud del gobierno y al retiro. Propuso que $132 millones para pagar fuesen sacados de las transferencias de fondos que hace el gobierno al CRIM y los restantes $66 que fuesen pagados con varias opciones provistas.

Para la Liga, la propuesta de la JSF es “incompleta, carece de contexto y, por lo tanto, induce a error a la Junta”, lee la carta firmada por directora ejecutiva, Cristina M. Miranda Palacios.

Además, en la carta que la Ley 29 no se hizo para rescatar a los municipios sino al Estado. Argumenta que es el gobierno central quien debe pagar por el retiro y el plan de salud.

“Por lo tanto, los municipios deben ser relevados de esos pagos”, sostiene la misiva.

Igualmente, la Liga le recuerda a la JSF que es inviable que como alternativa se le adjudique a cada municipio el 3% de la deuda. “Es imperativo que la Junta entienda que los municipiosno pueden ser vistos o evaluados como una sola entidad a través del CRIM. No son uniformes por características y situaciones diferentes”, indica la carta de tres páginas.

Catalogan de “superficial” el análisis de la JSF luego de que Jaresko dijera que los municipios aumentaron sus nóminas tras la aprobación de la Ley 29. La carta sostiene que los huracanes Irma y María y, más reciente, los terremoto agravaron la situación fiscal de los ayuntamientos.

La Liga exige a la JSF que se reúna con sus miembros para poner en perspectiva la realidad de los municipios.

La Liga de Ciudades tiene como su misión el fortalecer la capacidad entre municipios y comunidades del país para enfrentar mejor los desafíos sociales, estructurales, fiscales y de gobernanza. Surgió el año pasado luego de un proceso de colaboración y asistencia técnica apoyado, principalmente por la Fundación Ford, a raíz de los huracanes Irma y María. En su creación participaron 46 municipios y cuenta con una membresía de 19 municipios.

Los miembros de la Liga son los municipios de: Aguada, Canóvanas, Comerio, Guayanilla, Gurabo, Lares, Las Piedras, Naranjito, Morovis, Orocovis, Salinas, San German y Villalba, mientras que la Junta está compuesta por los alcaldes y alcaldesas de: Cabo Rojo, Coamo, Hormigueros, Ponce, San Sebastián y Toa Baja.


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