Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por laAuditoría de la Deuda (FCAD). (GFR Media)

La portavoz del Frente Ciudadano por laAuditoría de la Deuda (FCAD), Eva Prados, catalogó como “totalmente inaceptable” el acuerdo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha alcanzado con un grupo significativo de bonistas de Obligación General (GOs, en inglés) y que serviría para presentar un plan de ajuste (POA, en inglés) enmendado para el gobierno central este mismo mes.

De acuerdo con Prados, el recién anunciado pacto entre la JSF y grupos de bonistas vuelve a tomar recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) para pagar a los acreedores y supone honrar una obligación sin conocer a ciencia cierta qué adeuda Puerto Rico.

“Ojalá se hiciera el recorte necesario a la deuda”, dijo Prados. “Pero lo que están ofreciendo es intercambiar bonos GOs por bonos (de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante) Cofina y así, darle una garantía adicional a estos bonistas utilizando los pocos fondos públicos que nos llegan de los recaudos del IVU”.

Según Prados, la única alternativa “real” que tiene Puerto Rico es continuar con las demandas incoadas por la JSF para anular deuda emitida ilegalmente y que se audite el resto de la deuda. “Cualquier acuerdo que evite estos litigios va en contra de los mejores intereses de Puerto Rico y busca liberar de responsabilidad a los que nos trajeron a esta crisis”, sentenció Prados.

El acuerdo de reestructuración de Obligaciones Generales y de la Autoridad deEdificios Públicos (RSA-GOs/PBA) pondera compensar a los tenedores de esa deuda entre 72% y 75% de cada dólar que recibió el gobierno, reducir la tasa de interés y el tiempo de pago, de 30 a 20 años.

La JSF también reconocerá como válida la deuda que antes consideró nula por emitirse fuera de los parámetros en la Constitución y concede a sus dueños, prioridad de pago antes que otros acreedores.

Pensionados emplazan a la gobernadora

Tras conocerse el acuerdo, la portavoz de la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA) y pensionada, María Teresa Rodríguez Torres, describió como “inmoral” que la JSF decida otorgar más dinero a los bonistas mientras mantiene el recorte de 8.5% en las pensiones del sector público.

Según Rodríguez Torres, aparte de expresar su rechazo al acuerdo, la gobernadora Wanda Vázquez debe tomar “una acción categórica en contra de cualquier recorte a las pensiones”.

“Seguimos viendo cómo la (JSF) continúa atacando al país y juega con nuestras pensiones para pagarle a bonistas multimillonarios. Este acuerdo mantiene el recorte de 8.5% de nuestras pensiones y se compromete a pagar deuda que hasta la misma Junta ha determinado es ilegal”, fustigó Rodríguez Torres en declaraciones escritas.

Los pensionados están organizándose para celebrar una asamblea nacional el próximo 22 de febrero en el coliseíto Pedrín Zorrilla y allí trazar diversas estrategias dirigidas a proteger la compensación que reciben.


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