El congresista puertorriqueño José Serrano busca que el Tesoro federal informe los detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas en la isla, y las leyes 20 y 22 de Puerto Rico. (GFR Media)

Washington - La empresa Steptoe & Johnson fue contratada para representar a una “coalición de residentes” de Puerto Rico que busca mantener en secreto información contributiva de “residentes y familias” de la isla.

La contratación ocurre en momentos en que el congresista demócrata boricua José Serrano persigue que el Tesoro informe los detalles sobre sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas en la isla, y las leyes 20 y 22 de Puerto Rico.

Al anunciar que representará a la coalición de boricuas, George Callas, director gerente de Steptoe para Asuntos de Gobierno y Política Pública y quien fue asesor del pasado presidente cameral, el republicano Paul Ryan, dijo a Politico que el grupo “Concerned Residents of Puerto Rico” quiere que sus datos tributarios se mantengan como “información protegida y confidencial”.

El Congreso tiene pendiente decidir la suerte de un lenguaje de un informe de la Cámara baja federal que reclama al Departamento del Tesoro que informe el monto de los impuestos que se han logrado evitar recaudar a través de los beneficios que reciben las empresas foráneas en la isla, y los empresarios que se acogen a las leyes 20 y 22 de Puerto Rico.

Callas no mencionó directamente ese asunto ni respondió a una petición de información de El Nuevo Día.

Steptoe & Johnson es la misma empresa de cabildeo a la que se fue a trabajar en enero de 2013 el exgobernador Luis Fortuño y bajo cuya administración recibió contratos que rondaron los $20 millones.

Los cabilderos y expertos en asuntos tributarios de Steptoe & Johnson ayudaron a Fortuño, en 2010, a diseñar el arbitrio de 4% sobre las ventas en Estados Unidos de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) y el crédito federal que otorga temporalmente el Tesoro. Esa iniciativa le aseguran, en este momento, a la isla cerca de $1,800 millones anuales, alrededor de un 22% del presupuesto.

En su primera reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, solicitó, el pasado martes, un plan para terminar progresivamente con el crédito federal a las CFC, lo que implicaría que Puerto Rico tenga que repensar la forma en que aplica su arbitrio a las foráneas.

El lenguaje de Serrano que fue aprobado en el Comité de Asignaciones, que acompaña el proyecto de asignaciones sobre servicios financieros que luego fue ratificado por el pleno de la Cámara baja federal, requiere al Departamento del Tesoro un informe sobre “el número de personas y empresas que se han trasladado a Puerto Rico desde 2012 y se les ha otorgado exenciones de impuestos bajo las leyes 20 y 22 de Puerto Rico”.

La Ley 20 otorga beneficios a una empresa que exporta servicios desde la isla. La ley 22 concede exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, a individuos que se hacen residentes de Puerto Rico.

Por medio del lenguaje de Serrano, el Comité ordena al Departamento del Tesoro a presentar-180 días después de que el proyecto de presupuesto 2020 para servicios financieros sea ley-, un informe en el que se precisen diferentes asuntos. Entre ellos, figuran “los montos de impuestos que han logrado evitar durante los pasados cinco años las compañías que han establecido corporaciones en Puerto Rico que operan como foráneas, así como la cantidad de impuestos territoriales pagados localmente, las ventas anuales y el número de empleos creados”.

El Comité de Asignaciones, agrega el texto, “está preocupado por la interacción entre las nuevas leyes fiscales territoriales (leyes 20 y 22 de 2012 de Puerto Rico) y la sección 933 del Código (contributivo) de Estados Unidos, que permita la evasión fiscal y niega ingresos a los gobiernos federal, estatal y territorial, incluido Puerto Rico”.

A menos que el informe del Senado contradiga la petición de información de la Cámara baja, el Tesoro tendría que cumplir con el requerimiento iniciado por el boricua Serrano.

Tras registrarse el 10 de septiembre como cabildero del grupo “Concerned Residents of Puerto Rico”, el cabildero Callas afirmó que “discusiones sobre incentivos fiscales apropiados para alentar la actividad económica en Puerto Rico no deben llevarse a cabo eludiendo los estatutos que existen para proteger a los contribuyentes estadounidenses de que se viole su derecho legal a la privacidad".


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