Algunos municipios, como Cataño, se están encargando de distribuir alimentos en las comunidades. (Teresa Canino)

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Siete familias y cinco organizaciones sin fines de lucro radicaron una demanda para reclamar que el Departamento de Educación ordene la reapertura de las cocinas de los comedores escolares y cumpla así con su obligación de proveer alimentos a los estudiantes durante la emergencia de la COVID-19.

El abogado Osvaldo Burgos, quien representa a los demandantes, explicó que gobierno no puede transferir su responsabilidad a organizaciones sin fines de lucro, como se ha pretendido hacer al donar las comidas adquiridas por la Autoridad Escolar de Alimentos a entidades no gubernamentales.

“El Departamento de Educación y el Estado Libre Asociado tienen que cumplir con su deber ministerial de alimentar al pueblo en una situación de emergencia, de alimentar a los niños de edad escolar. Es una obligación que no está cumpliendo el Estado”, sostuvo Burgos.

El abogado señaló que existen alternativas para que operen las cocinas de los comedores escolares para preparar alimentos con las medidas de protección necesarias para evitar los contagios con el novel coronavirus, como crear sistemas para entregar las comidas mediante servicarros o distribución en las comunidades en alianza con voluntarios del tercer sector.

“El Estado, según información provista por el mismo gobierno, ha distribuido más de 350,000 libras de alimentos no preparados. Si uno calcula eso por la población escolar, para los 44 días que llevamos en toque de queda, se le ha provisto una libra de alimento por niños para 44 días. Eso de ninguna firma satisface la necesidad de la niñez”, añadió el abogado.

En las pasadas semanas ha aumentado el reclamo de diversos sectores para que Educación ordene la reapertura de los comedores escolares, quehanestado cerrados desde mediados de marzo, para que provean comidas calientes a estudiantes necesitados. No obstante, la administración de Wanda Vázquez Garced ha indicado que no contempla la apertura de los comedores en medio de la emergencia.

Las organizaciones sin fines de lucro no cuentan con la capacidad para proveer alimentos a todos los estudiantes que viven bajo el nivel de pobreza, destacó Burgos. Datos del Instituto del Desarrollo de la Juventud indican que para el 2018, el 57% de los niños de Puerto Rico vivían bajo el nivel de pobreza; de estos, 39% estaba en situaciones de pobreza extrema.

“La repartición de alimentos a través de organizaciones no gubernamentales no es suficiente para satisfacer la necesidad de alimentos que tiene el país. No existe en Puerto Rico suficientes organizaciones no gubernamentales con la capacidad de poder suplir alimentos a toda la población en necesidad de forma sistemática y consistente”, lee el recurso judicial, radicado esta mañana ante el Tribunal Superior de San Juan.

Burgos recordó que el gobierno recibe fondo federales para proveer alimentos a los estudiantes y, recientemente, el Congreso ha flexibilizado ciertos requisitos para que los comedores escolares puedan continuar operando en medio de la emergencia por el COVID-19.

“Lo que hay es una falta de voluntad y me parece que ya estamos en una actitud temeraria, mezquina de parte del Estado, con total desidia y dándole la espalda al país cuando están pasando hambre”, manifestó el abogado.

Al momento de la publicación, el Departamento de Educación aún no había recibido notificación oficial de la demanda, informó el portavoz de la agencia, Aniel Bigio.


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