Las expresiones se dieron durante la celebración de una vista pública de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de Personas de Edad Avanzada de la Cámara de Representantes. (GFR Media) (semisquare-x3)
Las expresiones se dieron durante la celebración de una vista pública de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de Personas de Edad Avanzada de la Cámara de Representantes. (GFR Media)

Las entidades que agrupan a los centros de cuidado de larga duración en el país denunciaron hoy, lunes, que las leyes y reglamentos que les regula, además de obsoletos, no son aplicados de forma uniforme, lo que implica una práctica discriminatoria para algunos de estos hogares. 

Denunciaron también que las querellas que someten ante el Departamento de la Familia, agencia reguladora, “pueden pasar hasta dos años para ser atendidas”.

“Nosotros tenemos querellas que llevan esperando por ser atendida por un período de hasta dos años. Entendemos que la ley tiene que establecer un término certero donde la agencia venga obligada a atender esas querellas”, sostuvo la licenciada Agnes Martínez, asesora legal de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO). 

El licenciamiento, regulación y fiscalización de los establecimientos y hogares en Puerto Rico está cobijado bajo la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada” de 1977, así como por el Reglamento 7349. “Lamentablemente las querellas de maltrato y de otros temas que impactan al envejecido no son atendidas de forma oportuna”, dijo Martínez.

Tamara Pérez, presidenta de la FICPRO, señaló, por su parte, que cuando se cierra un hogar la única opción que tiene el propietario es recurrir a la Junta Adjudicativa adscrita al Departamento de la Familia, proceso que resulta en uno injusto para el dueño. “Muchas veces estos cierres se le violan todo debido proceso de ley”, mencionó Pérez.

Otro reto, agregó Pérez, es que el reglamento aplicable contiene articulados “poco certeros” que están supeditados al juicio personal de un inspector, por lo que su aplicabilidad no resulta uniforme. Mientras, otras disposiciones resultan “discriminatorias” para los centros de cuido con capacidad de seis envejecidos o menos, conocidos como “hogares sustitutos”.

“Tenemos adultos mayores con mayores protecciones que otros, cuando al final del día todos y cada uno de nuestros adultos mayores deben contar con las mismas protecciones”, puntualizó Pérez.

Entre esas distinciones, agregó, está el hecho de que a los hogares con más de seis participantes se le exige un número determinado de personal, un menú certificado por una nutricionista y medidas de seguridad, entre otras exigencias que no les aplican a los hogares con menos envejecidos.  

Las expresiones se dieron durante la celebración de una vista pública de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de Personas de Edad Avanzada de la Cámara de Representantes para investigar un supuesto patrón de “venta de viejitos” en el Departamento de la Familia.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Juanita Aponte Morales, coincidió con que la Ley 96-1977 es obsoleta, por lo que propuso su derogación, así como del reglamento 7349.

Sugirió que se restructuren los procesos de licenciamiento y la ejecución de una campaña en la que se propicie a familiares a verificar que el centro de cuido cuenta con la permisología para operar.

A preguntas de la presidenta de la Comisión, la representante Jackie Rodríguez, tanto Aponte Morales como Pérez dijeron desconocer del presunto patrón de venta de viejitos que se orquestaba desde el interior de Familia través del cual se solicitaba dinero a operadores de hogares de cuido para ubicarles ancianos bajo custodia de Familia.

No obstante, Aponte Morales dijo que, tras conocer de lo ocurrido a través de los medios de comunicación, circularon una comunicación con la información a sus 425 asociados registrados. “Estamos a la espera de los resultados de las diferentes investigaciones que se realizan en tono a esta información expuesta en los medios de prensa”, señaló.

Mientras, Pérez indicó que se comunicaron con la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar

El presidente de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), José Acarón Rodríguez, señaló que se trata de una coyuntura para revisar y ponderar la política pública existente y qué implicaciones tiene el esquema como el que se alega ocurrió. “Tenemos un Departamento de la Familia cuyos recursos están desproporcionalmente distribuidos, en detrimento de las necesidades de una población que cada día necesita más servicios, según envejece”, señaló Acarón Rodríguez.

Sostuvo que la política pública de país debe promover una cultura de envejecimiento de productividad, participación social e integración, donde se reconozca al adulto mayor como un activo y no como un costo social. “La visión de que una persona ya no puede aportar, no puede tomar decisiones es lo que los pone en una posición para lo que está pasando en el país con nuestra población de adultos mayores” dijo. 

“Sí tenemos que atender a la población mayor de 65 años y darles el apoyo, pero no podemos permitir que las próximas generaciones lleguen igual. Cómo vamos a cambiar ese paradigma, que no les teman al envejecimiento y se preparen emocional, económicamente para esta etapa de vida, eso es parte de lo que tenemos que cambiar en este país”, sostuvo Acarón Rodríguez.  


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