La aportación federal al programa Vital proviene principalmente de Medicaid. (GFR Media)

La posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos continúe financiando el Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido ahora como Vital, no es un panorama realista para la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La funcionaria indicó, en cambio, que la expectativa de su administración es que se alcance una aportación federal que fluctúe entre 55% y 80% de los gastos de este programa. Los porcentajes más bajos, dentro de ese rango, implicarían serios problemas financieros para el gobierno.

“Ciertamente, si volvemos a una autorización del 55%, sería devastador para nosotros”, dijo Vázquez Garced en una entrevista con El Nuevo Día.

Según la mandataria, los congresistas en la Cámara de Representantes estadounidense han estado más receptivos a proveer los niveles de financiamiento que necesita el programa Vital en comparación con los miembros del Senado federal, donde surgen más cuestionamientos al momento de asignar fondos para Puerto Rico.

“Estamos tratando que se nos dé un trato igual. Sabemos que no vamos a poder llegar a un financiamiento de 100% federal ni al 80% que se provee en algunos estados, pero esperamos poder aumentar el del 55% que se ha estado hablando”, sostuvo la ejecutiva. La aportación federal al programa Vital proviene, principalmente, de la iniciativa federal Medicaid.

Vázquez Garced indicó que, si el gobierno federal no accede al reclamo boricua, se tendrían que comenzar conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para que permita acceso a la reserva presupuestaria del gobierno, que podría darle un respiro temporero al programa en lo que se encuentran nuevas fuentes de financiamiento.

Tras el paso del huracán María por Puerto Rico, el gobierno federal comenzó a financiar, de manera temporal, el 100% del programa Vital en Puerto Rico. Esta aportación vence el 21 de noviembre, fecha para la que se espera que cambie el nivel de financiamiento que provee el gobierno estadounidense al programa Vital.

Ante este escenario, líderes de la industria de salud en Puerto Rico, junto a varios funcionarios gubernamentales, buscan influenciar la toma de decisiones en el Congreso de modo que haya más fondos disponibles para el programa puertorriqueño.


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