Vázquez Garced reconoció que, tras la cancelación de las clases presenciales en las escuelas públicas a mediados de marzo, no todos los estudiantes han tenido acceso a los recursos para estudiar a distancia. (GFR Media)

El Departamento de Educación federal determinó que los cerca de $390 millones asignados al Departamento de Educación local y la Oficina de la Gobernadora a través de la ley de estímulo económico federal -conocida como la ley Cares- para invertir en las escuelas primarias y secundarias no serán liberados hasta que entre en juego el ente externo que supervisará el uso de fondos federales de la agencia educativa.

De esta manera, los $349 millones asignados al Departamento de Educación puertorriqueño y los $47.8 millones que serían para uso discrecional de la gobernadora Wanda Vázquez Garced se unirían a los aproximadamente $650 millones en dinero federal que están congelados desde que el año pasado se le requirió a la agencia contratar una entidad que supervise el uso de las asignaciones que realiza el gobierno estadounidense.

El dinero de la ley Cares está dirigido a asistir a manejar la interrupción de servicios educativos a causa de la pandemia por el coronavirus y la transición a educación a distancia. En total, Puerto Rico recibiría unos $740 millones para escuelas, universidades e instituciones postsecundarias.

En una carta enviada a la secretaria de Educación federal, Betsy DeVos, la gobernadora urgió a la funcionar a reconsiderar la postura notificada por la oficina de Servicios de Manejo de Riesgos.

“A pesar de que el Congreso tuvo la intención de que estos fondos provean alivio inmediato a los estudiantes y las escuelas durante esta pandemia global, se nos está negando el acceso inmediato a estos fondos. Este retraso en el acceso al financiamiento es contrario al espíritu e intención de la ley Cares, que fue redactada para proveer el mayor impacto inmediato y por eso, urjo que reconsidere esta determinación”, expresó Vázquez Garced.

Aquí puedes leer la carta:

Carta a la secretaria de Ed... by El Nuevo Día on Scribd

En verano pasado, Educación federal instruyó a la agencia local a contratar un ente externo (“third-party fiduciary agent”) para que se encargue de vigilar el buen uso del dinero que anualmente se asigna a Puerto Rico. La directriz llegó tras el arresto de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y varios contratistas por un presunto esquema de fraude, así como varios señalamientos sobre el uso de fondos destinados a la recuperación tras el paso del huracán María.

El secretario de Educación, Eligio Hernández, anunció en abril la selección de la firma de consultoría Alvarez & Marsal (A&M) como el ente externo que supervisará el uso de fondos federales de la agencia. No obstante, aún se negocian las condiciones para su contratación.

La pandemia, manifestó la gobernadora, ha atrasado los trabajos del Departamento de Educación para cumplir con las condiciones impuestas por el gobierno federal para poder usar los fondos asignados desde el pasado año fiscal.

Vázquez Garced sostuvo que el Departamento de Educación planifica utilizar los fondos asignados a través de la ley Cares para la adquisición de computadoras que permita la educación a distancia, la compra de materiales de limpieza, proveer adiestramientos a los maestros y garantizar la instrucción de calidad para estudiantes con impedimentos. Asimismo, la mandataria destacó que La Fortaleza destinaría los fondos para “mejorar” las estrategias para atender las necesidades educativas y de salud de estudiantes y personal educativo.

La primera ejecutiva reconoció que, tras la cancelación de las clases presenciales en las escuelas públicas a mediados de marzo, no todos los estudiantes han tenido acceso a los recursos necesarios para poder estudiar a distancia. En los pasados meses, Educación no ha podido detallar cuántos estudiantes realmente pudieron continuar sus estudios a distancia.

“Esta decisión convierte a Puerto Rico en la única SEA (agencia estatal educativa) en la nación que no tiene acceso a estos fondos de emergencia en un momento en que el acceso a fondos es crítico para Puerto Rico. Los estudiantes de Puerto Rico han sufrido dos huracanes, han visto sus escuelas colapsar por una serie de terremotos y ahora han experimentado la ansiedad y la incertidumbre por la pandemia del COVID-19”, expresó la primera ejecutiva.

“Nuestros niños no deben sufrir más”, añadió.


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