A cinco meses de que culmine una asignación federal que le dio vida a la Reforma de Salud y evitó su colapso el año pasado, el Departamento de Salud apuesta a que el gobierno de Estados Unidos le lance otro salvavidas a uno de los programas de ayuda social más grande del país: el que les da cubierta médica a 1.2 millones de personas.
La esperanza del gobierno estatal se centra en una de tres alternativas: la aprobación de una asignación federal por cinco años, la extensión un año más de los fondos recibidos a través de la Ley Federal de Presupuesto Bipartita de 2018 (BBA, por sus siglas en inglés) o el aumento del pareo de fondos entre el gobierno federal y estatal.
“Queremos ver cuál paquete de Medicaid tiene el consenso con el Congreso y la Casa Blanca”, afirmó el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.
Mientras tanto, la Administración de Seguros de Salud (ASES) gestiona un aumento en el nivel de indigencia permitido -a nivel federal- para que más personas retengan el Plan de Salud del Gobierno (PSG) o cualificar a la Reforma, tal y como había adelantado El Nuevo Día.
En una mesa redonda con miembros de la Junta Editorial de este diario, el secretario de Salud aseguró, además, que confía en que dos programas requeridos por el gobierno federal, que han comenzado a ser implantados en la isla, ayuden a enderezar el sistema salubrista del país. Se trata del Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés).
“Ya se han enviado (al Departamento de Justicia) más de 100 casos” de fraude, dijo el titular. Explicó que estos casos levantan una bandera roja sobre ciertos proveedores, que recetan muchos narcóticos, y participantes de la Reforma que mintieron sobre su situación económica.
Según el titular, se espera que el MMIS esté implantado en su totalidad para junio del próximo año, lo que aseguró ayudará a dar más precisión al programa Medicaid y menos margen de errores y fraude. Además, Rodríguez Mercado aseguró que la automatización del sistema facilitará la contratación directa de proveedores al programa y también se espera que ayude a lograr “pagos justos” a los proveedores, al detallar las realidades del sistema.
Definir necesidades
Consternados por la baja en la cantidad de beneficiarios de la Reforma, el gobierno espera que, en o antes de mayo, culmine un análisis que le permitirá definir a cuánto debe subir el nivel de indigencia permitido bajo requisitos federales para que más personas puedan cualificar y mantenerse en el PSG. Con esta información, se les hará la petición a los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).
A modo de ejemplo, Rodríguez Mercado mencionó que el nivel de pobreza federal para que la persona sea elegible a la Reforma de Salud podría subir a un ingreso anual máximo de $15,000 o $20,000. Sin embargo, resaltó que aún estudian a cuánto debe subir este límite para lograr que más personas entren y se mantengan en el PSG.
Según el titular de Salud, además de la migración, hay personas que están generando más ingresos o recibiendo más dinero del Seguro Social, entre otros factores que los hacen inelegibles al programa Medicaid.
“El índice de pobreza (bajo los parámetros federales) en Puerto Rico es de $10,260 (de salario anual), cuando en Misisipi, el estado más pobre, es $33,600”, contrastó.
Con unas 400,000 personas sin seguro médico en la isla, Rodríguez Mercado recordó cómo hace unos años Puerto Rico no optó por participar en el “Health Insurance Exchange” (Centros de Intercambio de Seguros) del Obamacare, sistema que permitía que las personas compraran una cubierta básica de salud acorde a su presupuesto.
Esa población sin cubierta médica, advirtió, termina buscando servicios en los Centros de Salud Primaria (Centros 330), en las salas de emergencia o en el Centro Médico, lo que afecta la estabilidad económica de estas instalaciones.
Otra opción que está bajo consideración, dijo, es crear una cubierta médica con copagos “bien bajos” que sea asequible al bolsillo de la población sin seguro. También, buscan identificar, en el interior de la isla, personas que cualifican para la Reforma, pero no la solicitan por desconocer esta ayuda.
“Mientras más gente haya (en la Reforma) más chavos nos dan”, afirmó el titular, quien reconoció que, desde el 2014, se ha visto una baja de asegurados. Datos de la ASES advierten que, de 2014 hasta la fecha, se ha visto una reducción de casi 200,000 beneficiarios.
Otra iniciativa en la que trabaja Salud, informó Rodríguez Mercado, es en la revisión del Plan Estatal de Medicaid, que describe la naturaleza y alcance de este programa.
“Creamos el ‘Medical Advisory Board’ de Medicaid, que el doctor Víctor Ramos preside, para ver cómo lo actualizamos a la realidad de Puerto Rico”, dijo Rodríguez Mercado.
Evitando el precipicio
Los $4,800 millones asignados por el gobierno federal a la Reforma de Salud, el año pasado, le dieron un respiro al gobierno local de someter su aportación a este programa pues, en lugar de la suma de 45% en fondos estatales y 55% en fondos federales, el financiamiento del PSG ha sido 100% federal. Esto se logró luego de que el Congreso aprobara un proyecto de ley que asignó unos $15,000 millones para mitigar el desastre causado por el huracán María en Puerto Rico. Esta medida incluyó los $4,800 millones en fondos Medicaid, pero este paquete culmina el 30 de septiembre.
De no ocurrir una asignación de fondos o concesión federal que alimente el PSG, en octubre, la aportación del gobierno local al Medicaid debe reanudarse.
Aunque el gobierno de Puerto Rico calcula que los $4,800 millones asignados a Medicaid se agotarán en septiembre, se ha informado que quedarían unos $1,126 millones de otras partidas, pero esta cantidad no sería suficiente para cubrir el año fiscal federal 2020. Las proyecciones son que, a partir de junio del año próximo, la deficiencia fiscal del sistema de salud sea de unos $1,200 millones anuales.
“Estamos viendo cuál es el ambiente en Washington D.C. para ver qué le vamos a pedir al Congreso”, dijo el secretario de Salud sobre las gestiones de cabildeo que se realizan para evitar el precipicio fiscal de Medicaid.
Ayuda federal
Mientras tanto, personal del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se encuentra en el Departamento de Salud identificando programas y otras iniciativas que ayuden a la agencia a allegar más fondos federales.
“La Oficina de Asuntos federales de Salud la está corriendo el CDC”, informó Rodríguez Mercado.
Resaltó que entre las gestiones que realiza la agencia se encuentra el completar auditorías atrasadas. Este trabajo, indicó, va de la mano del que realiza la Oficina del Contralor, que, desde 2014, ha identificado unos $200 millones en el proceso de auditorías.
Además, con una subvención federal de $42 millones, Salud aspira a reforzar los programas de prevención, así como apoyar estudios clínicos y maximizar los esfuerzos de publicidad por los próximos dos años. Según el titular, con la distribución de estos fondos espera nutrir el Registro de Alzheimer en Puerto Rico y desarrollar uno de diabetes. Se supone que este último fuera creado hace ocho años tras la aprobación de una ley que así lo estipula.
Por otra parte, el gobierno local está en conversaciones con CMS para que Puerto Rico sea incluido en el “Acuerdo de compra basado en valor para medicamentos recetados” (“Value based purchase arrangement for prescription drugs”) para la adquisición específica de fármacos para pacientes de VIH y Hepatitis C. La meta, dijo, es que se establezca este programa en Puerto Rico como proyecto piloto en un territorio, ya que esta iniciativa ha sido implantada en varios estados.
Otro esfuerzo en el que trabajan, dijo, es utilizar parte de los fondos que han recibido de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tras el azote del huracán María para gestionar iniciativas de educación en salud.
Mientras tanto, el titular aseguró que el hecho de que no se haya reportado una epidemia de influenza, en Puerto Rico, le ha generado ahorros al sistema. Según el Informe Semanal de Vigilancia de Influenza, hasta el 30 de marzo se habían reportado 1,080 casos de influenza durante la temporada 2018-2019, con tres muertes confirmadas.