Vista aérea de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. (Archivo / GFR Media)

La organización sin fines de lucro G-8 denunció este miércoles que las comunidades aledañas al Caño Martín Peña amanecieron con la desagradable sorpresa de ver sus viviendas inundadas tras las lluvias que se registraron en el país y urgió que se tomen medidas para evitar que la salud de los ciudadanos que viven allí se afecte más.

“Con esta inundación, se debilita aún más la salud de nuestra gente y se suma al ambiente de incertidumbre, desasosiego y necesidad económica que muchas familias están viviendo a raíz de la crisis del coronavirus. El que por años los gobiernos no hayan respaldado contundentemente nuestro plan de desarrollo integral puede costar vidas”, expresó en declaraciones escritas Lucy Cruz Rivera, presidenta del G-8.

Este ente agrupa a las organizaciones de base comunitaria, cívicas y recreativas de cada una de las ocho comunidades que viven en las inmediaciones del Caño Martín Peña. Su propósito principal es garantizar su permanencia ante los procesos de realojo propuestos en el Plan de Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña.

Según han planteado en diversos foros, este es uno de los lugares más densamente poblados del país, donde muchas familias viven en condiciones de precariedad, hacinamiento y sin servicios de infraestructura básicos.

Unen su voz a la Mesa Social

Cruz señaló que el G-8 se une a las voces de otros sectores y organismos, como la Mesa Social, que reclaman una política pública que tome en cuenta las condiciones de desigualdad, marginación y pobreza.

“No es viable descansar únicamente en las organizaciones de base para asegurar que los vecinos tengan alimentos y materiales de higiene. No es razonable que los líderes comunitarios, muchos de edad avanzada, se expongan para ayudar a otros, cuando hay acciones de política pública que pueden y deben aliviar la situación”, sentenció la líder comunitaria.

Cruz agregó que entre los reclamos del G-8 se encuentra el que se ofrezcan alimentos a través de los comedores escolares de manera que estén accesibles a las personas que lo necesiten y que se detengan los pagos de la renta “para que no haya desahucios masivos una vez termine la cuarentena”.

La presidenta del G-8 recordó que, durante casi dos décadas, las comunidades del Caño se han organizado y han logrado algunas mejoras a la infraestructura y el realojo de cientos de familias a viviendas dignas. No obstante, el apoyo financiero requerido para completar estas obras y el dragado sigue sin materializarse, “aun cuando el país tiene acceso a fondos CDBG-DR, y muchos proyectos están listos para construcción”.

“Las inundaciones recurrentes con aguas usadas se deben a la degradación ambiental del Caño y a la falta de infraestructura de agua pluvial y de agua sanitaria, por lo que requiere acción inmediata de parte de las entidades gubernamentales”, puntualizó Cruz.


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