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Según la Junta de Planificación, la Reserva Natural Punta Petrona no tiene un reglamento de ordenación y calificación. (semisquare-x3)
Según la Junta de Planificación, la Reserva Natural Punta Petrona no tiene un reglamento de ordenación y calificación.

Puerto Rico perdió siete reservas naturales el pasado 3 de julio, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló anulara su designación por recomendación de la Junta de Planificación.

Mediante dos órdenes ejecutivas, Rosselló dejó sin efecto las delimitaciones de las reservas naturales de Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona.

Las delimitaciones estaban contenidas en siete planes sectoriales, que son documentos que especifican los usos permitidos en las reservas naturales.

Los planes sectoriales habían sido aprobados en diciembre de 2016, último mes de gobernación de Alejandro García Padilla. Rosselló los invalidó, y derogó las órdenes ejecutivas que el exmandatario había firmado para la creación de las reservas naturales.

Precisamente, la justificación de Rosselló para dejar sin efecto los planes sectoriales y derogar las órdenes ejecutivas de García Padilla fue que, por ser fin de año y cambio de gobierno, “se realizó el trámite de adopción y aprobación de forma atropellada y rápida, provocando serios problemas para implementar estos documentos”.

En esencia, la Junta, presidida por María Gordillo, determinó que la pasada administración no dio suficiente participación ciudadana en la elaboración de los planes sectoriales, propició usos conflictivos en el terreno y utilizó como base documentos que no son el estado de derecho vigente.

A esos efectos, la agencia recomendó la anulación de los documentos para que “se puedan reevaluar y someterse nuevamente” a la firma del gobernador.

Debido proceso

En entrevista con El Nuevo Día, Gordillo dijo que la intención de la Junta es mantener las reservas naturales, “pero no puedo violentar yo misma mis propios reglamentos y normas de planificación, que fue posiblemente lo que pasó ahora”.

Además, rechazó que los terrenos queden vulnerables tras las ordenes ejecutivas de Rosselló, pues el Plan de Uso de Terrenos (PUT) los clasifica como suelo rústico especialmente protegido. Esa clasificación, dijo, “mantiene el predio tan restricto como la adopción de un plan sectorial de reserva natural, que lo que hace es dar más particularidad”.

“El suelo está conservado por el distrito de clasificación. La protección se mantiene. En el PUT, ya está establecido el potencial que tienen estos sectores para que sean conservados”, recalcó.

Gordillo expuso que las órdenes ejecutivas de García Padilla “no eran un cheque en blanco” para la creación de las reservas naturales, sino “una lista de áreas que ameritan ser conservadas” e instrucciones a varias agencias, como la Junta y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para que “evalúen, tomen acciones y den el due process (debido proceso) correspondiente”.

“Un proceso expedito nunca va a sustituir el proceso que debemos llevar conforme a la reglamentación o conforme al PUT. Mi experiencia aquí es que donde fallamos es por due process. Por eso, ahora estamos dirigidos a que nadie pueda cuestionar los planes sectoriales una vez sean adoptados”, aseveró.

En detalle

Según la Orden Ejecutiva 2018-26, el Plan Sectorial de la Reserva Natural Humedal Playa Lucía, en Yabucoa, exhibe “varios conflictos” con los distritos de ordenación y formas urbanas que se utilizarían como reglamento de calificación del PUT. Por ejemplo, los distritos “no fueron sometidos a ninguna evaluación ambiental” y están sujetos a las disposiciones del Reglamento Conjunto de Permisos de 2015, que fue anulado por el Tribunal de Apelaciones.

Orden Ejecutiva 2018-26 by El Nuevo Día on Scribd

En el caso de las reservas naturales Punta Cabuyones, en Ponce; Punta Guilarte, en Arroyo; y Punta Petrona, en Santa Isabel, se establece que las tres están contenidas en la propuesta adopción del Plan Sectorial de la Costa Sur, “que nunca fue presentado ni aprobado”. Por eso, sus planes sectoriales “no tienen reglamento de ordenación y clasificación”, lo que “crea un disloque con la intención de preservar y utilizar el recurso de forma ordenada y con el principio rector de la conservación”.

Por otra parte, la Orden Ejecutiva 2018-27 precisa que el Plan Sectorial de la Reserva Natural Mar Chiquita, en Manatí, adopta un reglamento de distritos de ordenación y formas urbanas que “crea unos distritos sobrepuestos que limitan el uso turístico en la zona”, lo que, a su vez, “podría entrar en conflicto” con el Plan de Ordenación Territorial.

Orden Ejecutiva 2018-27 by El Nuevo Día on Scribd

En cuanto a la Reserva Natural Finca Nolla, en Camuy, se indica que, contrario a las disposiciones de la Ley 75-1975, la Junta no celebró vistas públicas señalando que son terrenos públicos, lo que anula el proceso de delimitación y designación.

Sobre la Reserva Natural Río Camuy, en ese pueblo, se resalta “varios aspectos concernientes al proceso legal, fundamentos legales y de contenido que merecen una revisión más exhaustiva” del proceso de delimitación y designación. Por ejemplo, también toma como base el Reglamento Conjunto de 2015 y se menciona que los terrenos que son parte del Área de Planificación Especial del Carso “se regirán” por los distritos de ordenación y formas urbanas.

Ambas órdenes ejecutivas de Rosselló establecen que la Junta, entonces presidida por Luis García Pelatti, no hizo un “análisis minucioso y necesario para justificar” la aprobación de los planes sectoriales de las siete reservas naturales.

“Al aprobarse de manera apresurada, no se corrigieron errores que hacen inaplicable la reglamentación que debe regir cada uno de estos planes sectoriales, y no se elabora sobre el efecto de la designación de estas reservas naturales en los planes que permanecen vigentes y las políticas públicas existentes”, rezan ambas órdenes ejecutivas.

Agregan que, si bien la Junta tiene la facultad para designar reservas naturales, “no es menos cierto que el curso normal para este tipo de acción requiere que participe activamente el DRNA”, y la pasada administración “no dio una participación activa” a esa agencia, por lo que los planes sectoriales “adolecen de información importante para su uso adecuado y para la conservación del recurso”.

“Sin sentido”

Vía telefónica desde España, García Padilla tildó de “muy triste” la decisión de Rosselló, y dijo que “es “típica de un gobierno de ultraderecha, que no cree en la protección de los recursos naturales”.

“No es correcto que no se siguieron los procesos. De lo contrario, la ciudadanía no hubiese aplaudido la noticia de la designación de las reservas. Simplemente, lo que está detrás de todo es la presión de los desarrolladores y aportadores de campaña, como también sucede en los gobiernos de derecha”, acotó García Padilla.

El exmandatario manifestó sentirse orgulloso de que, cuando juramentó en 2013, solo el 8% de los terrenos en la isla estaban protegidos y que, cuando dejó La Fortaleza, la cifra estaba en 17%.

El cuento de que no hubo participación no se lo cree ni quien escribió las órdenes ejecutivas para llevárselas al gobernador Rosselló. No hay duda de que esto es un asunto de ideología política y de intereses de desarrolladores. Auguro un nuevo proceso aguado”, expresó García Padilla.

Siguiendo la misma línea, García Pelatti opinó que eliminar las reservas naturales “es un sin sentido, y lo que hay detrás son intereses de construcciones”.

El exfuncionario refutó los señalamientos de falta de participación ciudadana. Explicó que la Junta “no tenía que hacer vistas públicas” en aquellos casos en que las reservas naturales se proponían para terrenos que ya eran propiedad del Estado.

“No se va a vistas porque es una decisión de política pública en terrenos públicos. Si fueran terrenos privados, entonces sí se convocarían. Ese es el procedimiento estándar”, enfatizó.

Contrario a Gordillo, García Pelatti advirtió que, tras la decisión de Rosselló, los terrenos “sí quedan vulnerables”, ya que las agencias, como la Junta, el DRNA o la Administración de Terrenos, “no están obligadas” a tomar acciones de protección.

“El PUT sí los clasifica como suelo rústico especialmente protegido, pero la propia Junta puede modificar la clasificación. El PUT es un documento vivo. Pero, en el momento en que se declara una reserva, esa modificación se tiene que hacer por un proceso especial, y ese era el propósito de estas designaciones. Con una designación de reserva, la posibilidad de desarrollar proyectos se elimina”, manifestó.

Según García Pelatti, la derogación de los planes sectoriales “sí requería” vistas públicas, en virtud de la Ley 75-1975. A su juicio, la Junta pudo haber iniciado un proceso de revisión manteniendo “la máxima garantía de protección” sobre las reservas naturales, es decir, sin dejar sin efecto los planes sectoriales.

Meta: conservación

De acuerdo con el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, independientemente de los méritos de los señalamientos sobre deficiencias procesales, “lo más importante” es asegurar la conservación de las áreas que se han identificado como vitales para el desarrollo sostenible del país.

“Eso es más importante que nunca, no tan solo por su biodiversidad, sino también por los servicios y funciones que tienen para la ciudadanía, tal como quedó demostrado tras el huracán María”, dijo el ganador, en 2016, del Premio Goldman, considerado el Nobel ambiental.

Resaltó, por ejemplo, que las áreas naturales protegieron las costas ante los embates del mar y sirvieron como fuente de abasto de agua “por semanas y meses” cuando el sistema de distribución público estuvo inoperante.

“Todo funcionario y ciudadano tiene el deber de asegurar inmediatamente la protección y mejor uso de estas áreas”, concluyó Rivera Herrera.


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