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El gobernador envió el correo electrónico con la petición formal de una dispensa para el acarreo marítimo de gas natural. (Suministrada)

La administración de Ricardo Rosselló Nevares solicitó ayer formalmente una dispensa al Departamento de Seguridad Nacional para poder traer a Puerto Rico gas natural directamente desde los puertos estadounidenses sin tener que cumplir con la Ley de Marina Mercante federal.

Este estatuto, conocido popularmente como la ley de cabotaje, obliga a que toda mercancía transportada entre puertos de Estados Unidos (EE.UU.) sea movida en barcos de construcción, bandera y tripulación estadounidenses.

Según el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, por sus siglas en inglés), Carlos Mercader, se trata de un asunto que ha sido discutido intensamente con los asesores legales de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que se estima que existe receptividad a nivel federal sobre el tema.

La dispensa sería únicamente para el transporte del gas natural, explicó el gobernador, por un periodo de 10 años o hasta que alguna de las empresas navieras con operaciones en Puerto Rico pueda adquirir un carguero especializado para el movimiento de gas natural licuado (LNG, por las siglas en inglés).

“La base de la petición es que esto les conviene a Puerto Rico y a los Estados Unidos. Ahora mismo, no hay un carguero estadounidense bajo la Ley Jones (Ley de Marina Mercante federal) que pueda llevar ese combustible. Esto hace que no podamos comprar en EE.UU. y que tengamos que comprar en otros países, y eso es lamentable cuando el recurso de gas es tan abundante en EE.UU.”, expresó Rosselló Nevares en una entrevista con El Nuevo Día.

“Estos son cientos de millones en ahorros para Puerto Rico y en ganancias para la economía de EE.UU.”, añadió el gobernador. Actualmente, las empresas que consumen gas natural en Puerto Rico lo importan de países como Trinidad y Tobago, y Rusia.

Consulta con navieros

La petición, según el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, fue hecha de modo que las empresas y los sindicatos de navieros no tengan mayores objeciones. Por décadas, las empresas navieras se han opuesto tenazmente, enel Congreso, a que Puerto Rico y otras jurisdicciones que dependen del acarreo marítimo obtengan dispensas asociadas a la Ley de Marina Mercante estadounidense.

Esto, a pesar de que el propio Departamento de Justicia federal ha encontrado que, al menos, tres de las navieras que han servido a Puerto Rico se han puesto de acuerdo para fijar los precios de sus servicios, acción que violó las disposiciones de las leyes antimonopolio.

“Yo me he reunido con la Asociación de Navieros de Puerto Rico… Ellos entienden lo que se quiere hacer. Por la manera en que se da esta petición, entiendo que ellos no se van a oponer… Esto en realidad lo que va a hacer es motivar a la marina mercante americana a dar estos servicios. No somos solo nosotros. Hay muchas ciudades en la Florida, por ejemplo, que compran gas natural en Rusia porque no pueden comprar el de EE.UU. por la Ley Jones (el apellido del autor de la Ley de Marina Mercante)”, dijo Ortiz.

Ahorros millonarios

La expectativa, según el titular de la AEE, es que al cabo de 10 años Puerto Rico haya ahorrado unos $800 millones en importes por traslado de combustible. Esta capacidad de ahorros equivale a una reducción de un centavo el kilovatio-hora (kWh) en la tarifa eléctrica.

La potencial baja en la tarifa se uniría a la que se experimentaría por cambiar el combustible que usan las plantas de generación de electricidad de la AEE. Ortiz indicó que, si esa conversión de derivados de petróleo a gas natural se logra los próximos años, la tarifa energética podría bajar otros seis centavos por kWh.

Beneficio para la economía

El presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo, afirmó que esta reducción en el costo energético ayudaría, además, a mejorar la competitividad de Puerto Rico en momentos en que la economía necesita un empuje para regresar al crecimiento.

“Esto (la conversión a gas natural) sería el mayor impacto en décadas en el costo del kilovatio-hora. La dispensa nos abre la puerta al mercado de gas natural más grande y más barato… Ese gorila del alto costo de energía, de inestabilidad en el sistema y de precios mejoraría, y con eso, los negocios”, dijo Burdiel Agudo.

El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, explicó que la petición formal que el propio gobernador emitió ayer fue dirigida al Departamento de Seguridad Nacional, que es la dependencia que estaría encargada de evaluar el pedido.

Esta agencia estadounidense tiene la capacidad de emitir exenciones temporeras después de consultar el tema con el Pentágono y concluir que habría un beneficio para la seguridad nacional estadounidense.

Seguridad nacional

Precisamente, ayer Rosselló Nevares envió una carta al Departamento de la Defensa para que ellos también soliciten o avalen la dispensa para Puerto Rico bajo el argumento de que reduciría la vulnerabilidad energética de la isla y ladependencia en combustibles de otros países,lo que ayudaría, en teoría, a la seguridad del territorio y de EE.UU. en momentos de conflictos o catástrofes.

“Después de María, experimentamos una situación crítica a nivel nacional (estadounidense) por la interrupción en el abasto de medicamentos producidos en Puerto Rico. Esto ayuda a atender estos asuntos”, dijo Rivera Marín, al destacar la transformación energética hacia el gas natural.

Ortiz, por su parte, afirmó que el gas natural es un combustible mucho más limpio que los derivados de petróleo, por lo que hay un beneficio significativo para el ambiente al reducirse las emisiones al aire.

Menos emisiones

Específicamente, se estima que los próximos siete años las emisiones de carbono al aire de las plantas de generación eléctrica bajen de 15 millones de toneladas a 7.3 millones de toneladas.

Indicó que la transformación energética no contempla ir directamente a las fuentes renovables debido a que los terrenos en Puerto Rico para poner placas solares son limitados y a que, como avanza la tecnología en la actualidad, en un futuro cercano las placas solares costarán una fracción de lo que valen hoy.

“Esa transición se tiene que dar en la medida en que sigue progresando la tecnología… Si hace 10 (años) hubiésemos cambiado el sistema a 100% fuentes renovables, estaríamos arrepentidos porque los costos ahora mismo son la mitad de lo que eran antes”, planteó Ortiz.

Rosselló Nevares expuso, por su parte, que por el momento los planes son aumentar la generación con fuentes renovables a un 40% los próximos años. Añadió que el sistema, por el momento, no puede ser completamente de renovables por una serie de limitaciones técnicas.

Dispensa por ciclón

La eliminación o exclusión de Puerto Rico de las disposiciones de la ley de cabotaje federal se han intensificado en la isla en la medida en que la economía se deteriora por la depresión que se vive desde el 2006.

Durante ese año, expiraron los beneficios contributivos que otorgaba el Congreso estadounidense a las manufactureras multinacionales con operaciones en la isla.

Estas iniciativas en contra de este estatuto, que data del 1920, se han visto limitadas por la oposición de las empresas navieras y los sindicatos que agrupan a los trabajadores en la industria de acarreo marítimo de mercancías. En esencia, las empresas se alinean con los republicanos y los sindicatos, con los demócratas, frustrando así el apoyo partidista que pueda tener la derogación de esa normativa.

El fenecido senador republicano John McCain era una de las voces solitarias que abogaba ferozmente por la eliminación de estas normas federales.

Justo después del azote del catastrófico huracán María en Puerto Rico, el presidente Donald Trump ordenó que, por un periodo de 10 días, las leyes de cabotaje no aplicaran en la isla. Eso fue en momentos en que la población puertorriqueña, damnificada por el ciclón, no tenía suficiente acceso a artículos básicos, como agua potable y comida.

El impacto de esta iniciativa temporera motivada por el huracán no está del todo claro. Tampoco se conoce con detalle cuán grande es el efecto de las leyes de cabotaje en los precios de los artículos que se consumen en Puerto Rico.

Por un lado, las empresas navieras han encomendado estudios que plantean que el acarreo marítimo representa apenas el 2% de lo que pagan los consumidores por los artículos.

El economista José Alameda ha calculado que anualmente los consumidores puertorriqueños pagan unos $207 millones más por los artículos que compran debido a las leyes de cabotaje. Esto es equivalentea lo que pagan los boricuas por los arbitrios sobre las cervezas.

Otros estudios hablan de un impacto que, con el efecto multiplicador que se tiene en la cadena de distribución, puede alcanzar los $1,300 millones anuales.


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