El jefe de la ASG, Ottmar J. Chávez y el secretario de la gobernación, Raúl Maldonado (der.), explicaron que, al centralizar las subastas y aumentar el volumen de compras,  esperan ahorros acumulados de $444 millones. (Suministrada) (semisquare-x3)
El jefe de la ASG, Ottmar J. Chávez y el secretario de la gobernación, Raúl Maldonado (der.), explicaron que, al centralizar las subastas y aumentar el volumen de compras, esperan ahorros acumulados de $444 millones. (Suministrada)

El gobierno subastará, en enero, la compra de 4,440 computadoras portátiles, 650 servidores, 390 tabletas y 9,180 computadoras de escritorio. El volumen es alto porque, en teoría, se cubre la demanda de casi todo el gobierno para el año fiscal 2020.

Se trata del primer paso del proceso de centralización de las compras gubernamentales. La teoría es que, mientras más grande el volumen de compras, mayores serán los descuentos, explicó el jefe de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar J. Chávez.

“Cuando compras para todo el gobierno, recibes mejor precio porque aumenta el volumen que se asegura de compra”, explicó Chávez.

El modelo opera, desde principios del cuatrienio, mediante orden ejecutiva, pero este proyecto ampliaría el alcance del sistema.

Se estima que, una vez entre en la fase final el proceso de centralización de las compras en el año fiscal 2021, se registrarán ahorros de unos $122 millones anuales. Esta es una suma similar a los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) de un mes. En lo que se termina de implantar el sistema, los ahorros se limitarán a $6 millones en el 2019 y a $71 millones en el 2020. Los ahorros no incluyen las compras de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El secretario de la gobernación y principal oficial ejecutivo del gobierno, Raúl Maldonado, explicó que, para el 2023, se espera que los ahorros acumulados alcancen los $444 millones.

“Esto cubre casi la totalidad de los ahorros fuera de la nómina que se establecen en el plan fiscal”, señaló Maldonado.

De hecho, el plan fiscal vigente establece que, para el año fiscal 2019, los ahorros en las partidas que no son nómina deben rondar los $127 millones. Este monto, sin embargo, debe subir a $469 millones para el 2023.

“Estos estimados son conservadores. Entendemos que en la práctica, los ahorros serán mayores”, dijo Maldonado.

Mencionó, por ejemplo, que la medida podría generar ahorros adicionales a los ya estimados, debido a que el nuevo sistema permitiría el cierre de las oficinas que tramitan las subastas en las agencias. Parte del personal de estas dependencias será transferido a la ASG, mientras que otra porción será trasladada a diferentes áreas del gobierno a través del sistema de Empleador Único que, según el gobernador, entrará completamente en funciones durante los meses del verano.

Maldonado no pudo estimar cuántos empleados podrían ver cambios en sus funciones o dejarían de trabajar en el gobierno debido a esta iniciativa. Indicó que actualmente las agencias y las corporaciones públicas emplean a unas 200 personas en las oficinas que manejan las subastas.

“Una vez estemos corriendo el proyecto, lo que se necesitará en las agencias es una persona que sirva de enlace. El resto sería transferido a la ASG o a otras áreas de las mismas agencias”, manifestó Maldonado.

En los primeros dos años de este cuatrienio, el gobierno ha completado tres procesos de renuncias incentivadas bajo Programas de Transición Voluntaria. Estas iniciativas, junto a las renuncias ordinarias y la congelación de plazas, ha provocado que la cantidad de servidores públicos en el gobierno central se haya reducido en 6,700 personas (10.7%), de acuerdo a información de La Fortaleza.

Magnitud de ahorros

Los ahorros de $122 millones anuales, implicarán una reducción de entre 2% y 6% en las compras del gobierno. En un año normal, el gobierno compra alrededor de $6,000 millones en bienes y servicios, explicó Maldonado.

“En algunos sitios donde se ha trabajado esto, los ahorros pueden llegar a 20%”, dijo Maldonado.

La AAA, la AEE, la CFSE, y los municipios podrían entrar voluntariamente al sistema centralizado de compras. La expectativa, sin embargo, es que a mediano plazo las corporaciones públicas sean incluidas en la reforma del sistema de compras del gobierno mediante un proyecto de ley que se radicará este año. Ahora mismo, el nuevo sistema se basa en una serie de órdenes ejecutivas.

La idea con el proyecto de ley es que, además de centralizar las funciones de compras del gobierno, se uniforme la reglamentación que existe en los procesos de subastas. Actualmente, según Chávez, unos 188 reglamentos inciden en los procesos de compra del gobierno central y las corporaciones públicas.

Obstáculo a superar

Para que el nuevo sistema funcione y se puedan alcanzar ahorros en las compras, el gobierno deberá saldar sus cuentas con los suplidores de bienes y servicios en periodos razonables de tiempo, dijo Maldonado. Mantener las cuentas al día, sin embargo, ha sido un dolor de cabeza constante, especialmente en los últimos años en los que se han retenido desembolsos para evitar que las cuentas en el gobierno se vayan a negativo. El último informe de liquidez del gobierno central, por ejemplo, establece que están pendientes a pagar $411 millones a suplidores externos.

Para contrarrestar esta situación, se busca que se estipule en las subastas que el gobierno tenga descuentos más drásticos si logra pagar rápidamente sus cuentas y menos drásticos si se demora en cumplir con los desembolsos.

“Para que esto funcione, tenemos que garantizarles a los vendedores que van a cobrar a tiempo. Esto nos puede ayudar a que bajen más los precios en las subastas. Vamos a separar los fondos para pagarles rápido y, si lo hacemos dentro de 30 o 60 días, tenemos un descuento adicional”, aseveró Maldonado.

Nuevo sistema

Chávez explicó que, para centralizar las compras, establecieron unas 24 categorías de bienes y servicios que cubren el 80% de las compras que hace el gobierno central en un año fiscal. El restante 20% corresponde a compras especiales o extraordinarias, las cuales se trabajarán caso a caso y no seguirán el proceso estandarizado que impone la ASG.

Algunas de las categorías que se establecieron para los bienes y servicios son: artículos de oficina, comida, combustible, empleados temporeros e informática, entre otros.

Para lograr estas clasificaciones, analizaron todas las compras del gobierno central en los últimos años. La idea era determinar la demanda usual de todas las agencias e instrumentalidades en un año fiscal. Esa información es la que se refleja en los documentos asociados con las subastas que ya se tramitan.

Por ejemplo, según la Solicitud de Propuestas hecha por la ASG para los artículos de oficina, se establece que el gobierno consume anualmente alrededor de 390,132 baterías (entre los tamaños AA, AAA y D); 545,544 gomas de borrar; 1,854 reglas de 12 pulgadas; 50,737 tijeras y 28,911 memorias portátiles de 16 o 32 gigabytes.

En el área de servicios profesionales temporeros, se busca contratar en horas lo equivalente a 630 personas a tiempo completo, entre las cuales habría dos contadores, cinco auditores, dos cocineros, nueve choferes, cinco enfermeros y 40 nutricionistas.

Se estrena el proceso

La primera subasta que se completará será la que compra computadoras y equipo informático para los despachos del gobierno. Chávez indicó que la expectativa es que para finales de enero o inicios de febrero termine el proceso. Posteriormente, se culminarán las adquisiciones de empleados temporeros y de artículos de oficina.

Maldonado indicó que, como política pública, se les da prioridad a aquellos suplidores locales de bienes y servicios.

¿Concentración del poder?

Maldonado indicó que el nuevo sistema de compras no necesariamente implica una concentración del poder adquisitivo del gobierno central.

En cambio, indicó, con la centralización delas compras se reduce la cantidad de subastas que se realizan, se promueve la transparencia y se facilita la fiscalización, tanto interna como externa.

Explicó que, como parte del proceso, se publicó en el portal de la ASG toda la información asociada a las solicitudes de propuestas y subastas. Además, el proceso corre con una Junta de Subastas que opera con total independencia a la ASG.

“Ahora mismo, el sistema es descentralizado y se dan casos de transacciones que se dan a oscuras. Lo que estamos haciendo aquí sigue las mejores prácticas de la industria en la actualidad”, afirmó Maldonado.


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