El secretario de Educación, Eligio Hernández. (GFR Media)

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés, confían en que la prudencia reinará y que la pugna con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la designación de fondos para mantener activo el programa de Educación Especial se resolverá en beneficio del estudiantado.

Sin embargo, Ramos Parés admitió que de no alcanzar un consenso con el ente fiscal, la agencia podría verse en la necesidad de reducir servicios como trabajo social, consejería y transportación o, inclusive, detener por completo el programa de Educación Especial, lo que afectaría a una matrícula de 105,000 estudiantes.

La situación también impediría que 94 entidades que manejan un conglomerado de 13,000 especialistas y grupos que brindan servicios educativos puedan facturar para noviembre. Hernández Pérez dijo anteriormente que sí se cubrirán las facturas sometidas para octubre.

Hernández Pérez reveló el jueves que el programa de Educación Especial se quedará sin fondos operacionales al 31 de octubre al menos que se asigne dinero adicional. El funcionario dijo que se concretó una reunión este lunes, 7 de octubre, desde las 5:00 p.m., con los técnicos de la JSF en la que les reiterará la necesidad de discutir el presupuesto total de la agencia.

“En estos momentos no tenemos los fondos suficientes para atender las necesidades de servicios de nuestros estudiantes de Educación Especial (para noviembre)”, subrayó Hernández Pérez.

El secretario enfatizó, además, que el presupuesto con el que cuenta el Ejecutivo es el que aprobó la JSF. La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, indicó en una misiva enviada a la agencia el pasado martes que la reducción en la asignación específica para Educación Especial fue una decisión tomada por la agencia y por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Además, sostuvo que la reducción en Educación Especial no fue prevista por el presupuesto certificado y que la reasignación dependerá de que ambas entidades gubernamentales (Educación y la OGP) identifiquen los fondos.

Hernández Pérez, no obstante, dijo que cumplió con su deber ministerial de someter una petición presupuestaria que satisfacía las necesidades de la agencia, pero la JSF tomó ciertas decisiones sin consultarles, recortaron su presupuesto y consignaron unas asignaciones en unas partidas englobadas que no pueden tocar.

“Esa es la consecuencia de que la JSF, al día de hoy, no me haya concedido una reunión para discutir el presupuesto. Si nosotros creemos que la educación de Puerto Rico es prioridad, como ellos han mencionado, lo menos que debe existir es una apertura como he dicho en reiteradas ocasiones”, enfatizó Hernández Pérez.

A principios de agosto, Ramos Parés reveló que su oficina sufrió un recorte de casi $100 millones en comparación al presupuesto del año pasado, y que podrían mantener sus operaciones por el resto del año con una asignación adicional de $123 millones que cubriría el pago de terapias y evaluaciones para estudiantes de Educación Especial.

Aunque el Senado designó el dinero del Fondo General y aprobó una resolución al respecto, Jaresko le indicó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los líderes legislativos que no daría paso a una medida a tales efectos porque iría en contra del plan fiscal certificado y de la Ley Promesa.

Educación cuenta con un presupuesto global de $2,400 millones, monto que asciende a unos $4,000 millones al incluir asignaciones federales. El presupuesto actual para el programa de Educación Especial ronda los $247 millones.

Aunque la JSF creó el presupuesto del gobierno para este año, Jaresko destacó que los usos específicos que se le daría a la mayoría de los fondos los determinaría Educación en conjunto con la OGP.

Solicita reunión con la Junta

Hernández Pérez reiteró su disposición de reunirse con la JSF para discutir el presupuesto completo de la agencia, pues sostuvo que el ente fiscal no puede analizar solamente el presupuesto del programa de Educación Especial sin tomar en cuenta el resto de los programas y servicios que ofrece la agencia gubernamental.

“Siento que estoy rogando, suplicando, para que la JSF me pueda atender. Cuando se les informó que los fondos eran insuficientes, su primera reacción fue decir que teníamos un sobrante de sobre $340 millones. Pero luego de examinar la totalidad del presupuesto de Educación Especial, indican que es insuficiente y que es nuestra responsabilidad. Pero todo Puerto Rico sabe que el presupuesto con el que cuenta el gobierno fue aprobado por la Junta”, enfatizó el secretario de Educación.

La agencia sometió una solicitud ante la JSF para la reasignación de $81 millones que sobraron del presupuesto del año fiscal anterior, la cual fue denegada por constituir un “uso inaceptable de los fondos generales del año anterior”, según escribió la JSF en su carta enviada a Hernández Pérez.

El secretario también resaltó que la JSF realizó varias asignaciones de fondos que Educación no administra. Por ejemplo, al menos $1,053 millones del presupuesto de $2,400 millones están destinados para el pago de pensiones.

Mencionó, además, varias cuentas que están congeladas, como la cuenta 224 que acumula recaudos de las matrículas de estudiantes universitarios.

“Así que del presupuesto de $2,400 millones, lo que yo administro, aproximadamente, son $1,253 millones. Y de esos $1,253 millones, el 80% se van en gastos de nómina. Del 20% restante ellos indican, y eso es correcto, que hay un aumento en el proyecto de Dirección y Administración (Proyecto 001) que es, específicamente, la Oficina del Secretario de Educación”, explicó Hernández Pérez.

El Proyecto 001, explicó Hernández Pérez, incluye $14 millones otorgados para el aumento de $500 en el sueldo de maestros y directores y una partida de $14.3 millones, redondeados, para el pago de Navidad de la Ley 70.

Ambas designaciones, indicó el funcionario, las hizo la JSF. Además, el proyecto incluye un remedio provisional del pleito Rosa Lydia Vélez de $38 millones que garantiza la prestación de servicios que no hubo en el área de Educación Especial.

“También tenemos la asignación de $6 millones para garantizar la totalidad de fondos que se necesitan en transportación para niños de Educación Especial. Todos esos fondos yo no los puedo tocar. Cuando la Junta analizó, única y exclusivamente, el programa de Educación Especial, este servidor le dice en la mesa que necesito que vengan y vean el presupuesto total. En un principio dijeron que no hacía falta dinero en Educación Especial; ahí hay un sobrante de $349 millones. Pero ahora nos dicen que sí es real la necesidad”, dijo Hernández Pérez.

Apuestan a la prudencia

Pese a los escollos, tanto Hernández Pérez como Ramos Parés indicaron que esperan que llegue una resolución satisfactoria.

“Yo apuesto a la prudencia. Está consignada la necesidad, está consignada la invitación del Departamento de Educación a llevar a cabo un análisis completo y una toma de decisiones. Aquí no hay dedos amarrados para nada en el presupuesto", dijo Hernández Pérez.

"La educación es un servicio esencial y así tenemos que trabajarlo. Yo apuesto a que vamos a poder superar la limitación que existe en el día de hoy, que reinará la prudencia y que la Junta se sentará con este servidor para pasar la página en beneficio de nuestros niños”, agregó.

Ramos Parés, entretanto, aseguró que harán todo lo posible para continuar los servicios. 

“No te voy a negar que una de las posibilidades es que esto se detenga. Tenemos una responsabilidad y agotaremos todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para darle continuidad a los servicios de nuestros estudiantes", puntualizó.


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