Senador Héctor Martínez. (GFR Media)

El Senado aprobó ayer de manera unánime un proyecto de ley que ordena la creación de la Junta de Revisión de Condenas Erróneas.

El organismo estaría adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y serviría como una especie de filtro para que convictos de delitos graves o menos graves con pena de delito grave puedan someter sus casos argumentando que existe evidencia “nueva y creíble” que demuestra que su condena fue errónea.

El Proyecto del Senado 1461, del senador Héctor Martínez, fue aprobado por encima de la objeción del Departamento de Justicia, que argumentó en una ponencia que no se identifican los fondos para la creación del nuevo organismo y que ya existen mecanismos para retar condenas erróneas en los tribunales.

El organismo estaría compuesto por un exfiscal, un exjuez, un exfuncionario -no se precisa posición- del Negociado de Ciencias Forenses, un miembro del Proyecto Inocencia y un profesor de Derecho con experiencia en el ámbito criminal.

La nueva junta solo atendería casos en que la sentencia sea final y firme. Deberá, además, rendir un informe recomendando o no la exoneración del convicto. En caso de que la recomendación sea negativa, el convicto podría emplear otros mecanismos en ley para retar su condena. En caso de que la recomendación sea positiva, se rendiría un memorando que utilizaría el confinado o la persona que lo represente para solicitar su exoneración y la celebración de un nuevo juicio ante el tribunal.

Al defender su medida ayer en el hemiciclo, Martínez sostuvo que estudios realizados en Estados Unidos demuestran que tren el 5% y el 6% de la población carcelaria cumple sentencias erróneas.

"En Puerto Rico hay alrededor de 700 a 800 confinados cumpliendo sentencias en Puerto Rico por delitos que no cometieron. El derecho de acceso a la justicia no debe estar enmarcado en los recursos económicos del convicto. El derecho de acceso a la justicia debe enmarcarse en buscar la verdad y hacer justicia. Si a una persona en la libre comunidad se le hace difícil llevar un caso de apelación, imagínense llevar casos en apelación cumpliendo una sentencia”, dijo.

“El sistema de justicia estatal y federal no es perfecto”, insistió. “Es una medida de avanzada porque le da la gran oportunidad a aquellas personas que pueden levantar alguna evidencia y poder llevar su reclamo sin tener los recursos económicos”.

Entre otras cosas, la nueva junta haría una revisión completa del expediente del caso, de documentos de apelaciones, de mociones radicadas, de información de testigos de la defensa, de información sobre confidentes o testigos del Estado y tendría acceso a las transcripciones de los procesos. De la misma forma, tendría la capacidad de recomendar al tribunal que se realicen pruebas de material genético para probar la inocencia de un convicto.

La nueva Junta, cuyas decisiones no serán revisables por los tribunales, pero sí tendrán poder de ley, no atendería reclamos sobre legítima defensa ni reclamos sobre errores del cómputo de sentencia.

En el proyecto se consigna que Justicia no estaría obligada a acatar la determinación de la nueva Junta, cuyos gastos serían sufragados con fondos de la ley federal Justice for All Act del 2004, además de fondo estatales.

En una ponencia firmada por la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, argumentó que juntas como las que se pretende crear, al menos en Estados Unidos, están adscritas a las fiscalías de distrito y que así debe ser en Puerto Rico. También sostuvo que, de crearse la nueva Junta tal y como propone Martínez Maldonado, tiene que contar con participación del ministerio público.

“Entendemos que, conforma al estado de derecho vigente, los convictos que reclaman su inocencia ya cuentan con los mecanismos adecuados para hacer valer su alegación de una convicción errónea”, argumentó la titular en su ponencia leída en una vista pública por al abogado Daniel R. Vélez. Longo Quiñones hizo alusión a las Reglas de Procedimiento Criminal y la Ley de Análisis Post-Sentencia.

De hecho, esta ley dispone el proceso a seguirse para que un convicto le solicite a un tribunal que se ordene una prueba de material genético y Justicia entiende que no procede la facultad que se le reconoce a la nueva Junta para ordenar la realización de estas pruebas, sin que la determinación primero pase por un tribunal.

“No se recomienda que se cree tal mecanismo alterno”, sostuvo Longo Quiñones.


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