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Los pueblos que dispongan su basura en la incineradora propuesta para Arecibo pagarían hasta el doble de lo que invierten ahora por depositar en vertederos, luego que Energy Answers y la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) fijaran vía contrato un “cargo base” de $36.05 por tonelada.

Este hecho supone un reto económico para los municipios, muchos de los cuales hacen malabares para sufragar los costos de los vertederos, que van de $18 a $32 por tonelada de basura. Además, la mayoría de los municipios están prácticamente en quiebra.

El contrato firmado por Energy Answers y la ADS el pasado 4 de abril dispone que la corporación pública empleará “todo su poder en ley” para obligar a los municipios a disponer su basura en la incineradora. La ADS “hará sus mejores esfuerzos” para que la mayor cantidad de pueblos firme con Energy Answers en o antes del 31 de julio de 2013, cuando vence el referido contrato.

A diferencia de otras ocasiones, ningún portavoz de la compañía estuvo ayer disponible para entrevista.

Energy Answers erigiría una incineradora en el barrio Cambalache de Arecibo, que procesaría 2,100 toneladas de basura al día y generaría 80 megavatios de electricidad, que le serían vendidos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La obra, que encara una fuerte oposición comunitaria y aún no tiene todos sus permisos, supone una inversión privada de $500 millones.

El contrato, del que El Nuevo Día obtuvo copia, establece que cada año Energy Answers revisará y ajustará el “cargo base” tomando en cuenta un “factor de inflación” que no excederá el 2.5%. Dicho en otras palabras, la compañía -con previa aprobación de la ADS- les cobraría más dinero a los municipios si sus gastos operacionales incrementan.

Sobre las 2,100 toneladas de basura que se procesarían diariamente en la planta, el contrato indica que Energy Answers solo tiene que asegurar la llegada -como mínimo- de 300. Esa cifra es apenas el 14% de la capacidad total de la incineradora.

“Los municipios van a ver la necesidad (de llevar su basura). No entendemos que las 300 toneladas sean una cantidad preocupante; entendemos que Energy Answers logrará mucho más que eso”, dijo el director ejecutivo de la ADS, Antonio Ríos Díaz. Reiteró que, si al 31 de julio de 2013 la compañía no tiene aseguradas -al menos- 300 toneladas, la ADS intervendría con los municipios.

Multa ínfima

No obstante, si para esa fecha Energy Answers está “en déficit”, la ADS le impondría multas de $10 por día por cada tonelada que falte.

Una multa de $10 por cada tonelada en déficit es sorprendentemente baja al considerar que, en el peor de los escenarios, Energy Answers pagaría $3,000 diarios.

Ríos Díaz admitió que la ADS puede imponer multas mucho más altas. Agencias como la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Asuntos del Consumidor imponen multas de entre $10,000 y $25,000 por día.

“En este caso, lo que estamos promoviendo es que se dé el flujo (de basura). Visualizamos que se va a lograr, que no vamos a multar y que quizás ni vamos a intervenir con los municipios”, auguró Ríos Díaz.

Atentado a la autonomía

Varios alcaldes consultados por este diario indicaron que económicamente se les haría difícil o imposible firmar contratos con Energy Answers.

Asimismo, el alcalde José “Chely” Rodríguez, de Hatillo, opinó que el contrato firmado entre la empresa y la ADS “es un atentado contra la autonomía municipal”, ya que los obligaría a disponer su basura en la incineradora.

Actualmente, Hatillo paga $18.16 por cada tonelada de basura que dispone en el vertedero de Arecibo. “No es factible firmar con esta empresa porque tenemos un presupuesto distribuido”, declaró Rodríguez.

Entretanto, Juan Aubín Cruz Manzano, de Manatí, detalló que paga $32 por cada tonelada de basura que dispone en el vertedero de Arecibo. “Yo (el municipio) estoy más barato que Energy Answers y esos son chavos que se economiza el pueblo”, esbozó.

Mientras, Orlando Negrón, presidente del Sierra Club en la Isla, tildó el contrato entre Energy Answers y la ADS como un “subsidio disfrazado”, que le garantiza ganancias a la empresa.

“Es otro subsidio para esta incineradora, que no pasó por un proceso de competencia y a la que el gobierno le ha puesto una alfombra roja. Es un contrato hecho a la medida, que debería anularse pues compromete los recursos fiscales de los municipios”, dijo.


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