Según números oficiales de la AVP, 19 personas se mantienen refugiadas en Peñuelas. (Archivo / GFR Media)

El administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, reconoció este lunes que las restricciones que ha impuesto la gobernadora Wanda Vázquez Garced para prevenir los contagios del COVID-19 en la isla podrían retrasar la reubicación de los desplazados por los sismos que afectaron principalmente la región suroeste a principios de año.

Según el plan del gobierno, ese proceso debería culminar el 24 de marzo.

Hasta el momento y de acuerdo con números oficiales de la Administración de Vivienda Pública (AVP), 29 personas se mantienen refugiadas en los campamentos administrados por esa dependencia gubernamental. Mientras, en Ponce hay 10 y en Peñuelas hay otros 19.

En Sabana Grande había 13 personas refugiadas, pero el portavoz del Departamento de la Vivienda, Rafael Josué Vega, indicó que la instalación cerró, y las familias se establecieron en una de las alternativas que ofrece esa agencia o con familiares.

“Nos da nuevos retos. No hemos parado de trabajar en la reubicación, pero la meta que nos habíamos impuesto del 24 de marzo pudiera extenderse con posterioridad al decreto impuesto por la orden ejecutiva”, explicó Rodríguez a El Nuevo Día.

“La emergencia, claro que dificulta el proceso de reubicación, porque, si en las propiedades hay que hacer algún tipo de reparación, puede ser más lento. Pero, sin duda, esto es un reto adicional que se une a los retos que ya teníamos en la reubicación, pero seguimos optimistas en poder cerrar los refugios lo antes posible”, señaló.

Al grupo de refugiados en los campamentos que maneja la AVP, se unen otros 172 desplazados que se albergan en ocho campamentos informales que no son administrados por la entidad pública, por lo que la logística de reubicación, en ocasiones, se puede tornar más complicada, aunque han mantenido el contacto y el ofrecimiento de alternativas de vivienda, explicó Rodríguez.

Afirmó que algunos desplazados no quieren regresar a sus viviendas, a pesar de que fueron inspeccionadas, y otros aún tienen miedo a dormir bajo una estructura de concreto ante los movimientos sísmicos que se continúan reportando en el área.

La reducción en el inventario de viviendas en la zona sur también ha representado un contratiempo. “Se les ha dado alternativa de moverse a otro municipio porque, al momento, no hay viviendas con las especificaciones y la persona prefiere quedarse en los refugios”, señaló el funcionario.

Mientras, la AVP se ha enfocado en reforzar las medidas de orientación y limpieza a través de los residenciales públicos, así como en los refugios y las seis égidas que administran en SanJuan, Carolina y Luquillo.

Rodríguez precisó que se prohibieron las visitas a los refugios y se ordenó que, entre cada catre, haya una distancia mínima de seis pies. De igual forma, desde la semana pasada, empezaron orientaciones con información provista por el Departamento de Salud, repartieron desinfectantes de manos (“hand sanitizer”) e incrementaron los procesos de desinfección de las áreas comunes.

“Le hemos indicado que, si presentan alguno de los síntomas como tos, fiebre, nos informen para comunicarnos inmediatamente con el Departamento de Salud. En caso de que así ocurra, vamos a aislar a la persona y, si hay que transportarla a un hospital, se hace a través de (el Cuerpo de) Emergencias Médicas”, detalló.

En cuanto a las seis égidas que administran -cuatro de las cuales están en San Juan- Rodríguez detalló que se han impartido instrucciones para que allí se mantenga personal en horario regular para asegurar la limpieza continua de las áreas comunes.

En caso de haber algún caso sospechoso y que sea necesario ubicar a esa persona en aislamiento, también ha instruido que se les provean alimentos a esos adultos mayores.

Entre las seis égidas, hay 891 unidades de vivienda.


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