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Empleados federales recibieron almuerzos ayer de manos de Mikol Hoffman, un “food truck” de Hato Rey. (Alex Figueroa Cancel)

Después de solicitar el beneficio por desempleo, Geneive Llera caminó ayer casi media hora para buscar comida gratis, en un negocio rodante, en Hato Rey.

Llera no ha sido despedida y mantiene una exitosa carrera en la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés), pero lleva más de un mes sin trabajar debido al cierre parcial del gobierno federal.

Tras una mañana de trámites, quería evitar pagar por un almuerzo, así que llegó a uno de los “food trucks” que ofrece comida gratuita a los empleados federales afectados.

“Esto es excelente, lo mejor. Ayuda a no tener que gastar en la comida de uno. Ayer, también fui a Fondos Unidos… Eso alivia un poco al no gastar de mi bolsillo”, expresó Llera, quien tiene dos hijos y ahora depende del salario de su esposo, por lo que han tenido que hacer ajustes.

“Ayer, fui a los cupones a ver si puedo cualificar en algo y tengo que explicarles a los niños: ‘No puedo comprarte el dulce, el mantecado… no puedo…’”, agregó. “El estrés que causa todo esto… ¿Mañana será que voy a trabajar? Sí, corta un poco el sueño. Aunque soy cristiana, como quiera, no quita que me dé estrés”.

Llera es una de miles de empleados federales en Puerto Rico afectados por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que hoy cumple 34 días.

El panorama siembra aún más desesperanza, pues algunas agencias ya han comenzado a avisar a su personal que la situación pudiera extenderse un mes más.

Como si su situación laboral no fuera suficiente, Llera también se mostró abrumada por el trámite para solicitar el beneficio por desempleo que ofreció el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) estatal. “Me maté llamando y no cogían el teléfono. Entonces, nos dicen que todos van a salir inelegibles… así que tienen que ir en persona al Departamento (del Trabajo) para dar evidencia de que eres empleado federal y estás desempleado”, relató Llera.

“De 10 a 15 días, te va a llegar una carta diciéndote cuánto te van a dar de ayuda”, abundó la empleada cesante, quien admitió haberse acogido a las prórrogas ofrecidas por instituciones financieras.

Según datos del DTRH, 232 empleados federales han solicitado ayudas por desempleo. De esa cantidad, 186 han sido aprobados.

En cuanto al Programa de Asistencia Nutricional, 42 trabajadores han requerido el servicio, según el Departamento de la Familia.

Ayer, el Departamento de Hacienda informó que concedió una moratoria, entre enero y marzo, en los planes de pago de los empleados del gobiernofederal afectados por el cierre parcial.

Iniciativa para ayudar

Al igual que Llera, decenas de empleados del gobierno estadounidense llegaron ayer hasta el “food truck” Yummy Dumplings, ubicado frente al Tribunal Federal, en Hato Rey, que es uno de los negocios que forma parte de una iniciativa -a nivel de todo Estados Unidos- de la organización World Central Kitchen, activada por el chef José Andrés.

Según la gerente de programas en Puerto Rico de World Central Kitchen, Mikol Hoffman, la ayuda se extenderá por más horas al día y en otras áreas de la isla, en la medida en que continúe el cierre parcial del gobierno federal. 

La organización también evalúa comenzar a hacer entregas de comidas directamente a las oficinas de las agencias afectadas, donde hay algunos empleados trabajando sin paga. Esa gestión la costearían con fondos que la entidad utiliza en tiempos de emergencia.

Vestidos en sus uniformes azules, tres oficiales de la Guardia Costera fueron de los primeros en recoger ayer un plato de cartón con arroz blanco, carne de res (“ropa vieja”) y ensalada.

“Toda ayuda viene bien, especialmente para todos los que están pasándola mal. Algunos estamos bien, pero otros tienen que pagar. Esta ayuda viene bien”, indicó Ángel Dávila, oficial de la Guardia Costera, una de las agencias que tiene a sus empleados trabajando sin paga.

La mayoría de los empleados que llegaban al “food truck” no quisieron ser entrevistados, ante el temor de que pudieran enfrentar represalias.

En cambio, los que sí han continuado levantando su voz de alerta han sido los líderes sindicales que representan a los empleados federales.

Cuadro crítico

La presidenta del capítulo local 193 de la Unión Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU, en inglés), Lorna Nadal, indicó que ayer solamente se pudieron presentar a trabajar cerca de 100 del total de 566 empleados del centro de llamadas del Servicio de Rentas Internas (IRS).

Sin embargo, mencionó que, poco después de las 9:00 a.m., los trabajadores se fueron al reclamar “dificultades financieras”.

Como el cierre se ha extendido por más 30 días, según Nadal, el IRS les informó, el lunes, que estaba obligado a notificarles a sus empleados que continuarían cesantes “hasta 30 días más”.

“La gente está desesperada en el trabajo, preguntando cuándo termina esto”, exclamó Nadal. “No hay dinero… Algunos van hasta este viernes y después no van a volver porque no pueden con la carga”.

Por su parte, el presidente de la local sindical 557 de oficiales de la Agencia de Seguridad de Transporte  (TSA, en inglés), Javier Centeno, señaló que continúan las ausencias en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la principal vía de acceso al país.

Incluso, mencionó que él personalmente habló con sus jefes para avisarles que estaba a apunto de faltar a su trabajo.

“Después de 33 días, la moral va en decadencia y más se agudiza la situación económica”, manifestó Centeno, al recordar que mañana perderían el segundo cheque de salario.

“No es que estén enfermos o descontentos, es que sencillamente no pueden ir. Estamos llegando al límite de nuestras capacidades económicas”, advirtió Centeno.

Atribuyó el hecho de que, hasta ahora, no se hayan registrado filas extraordinarias en el aeropuerto a que ya comenzó la temporada baja en la isla, pero anticipó que después de perder el segundo cheque de salario, podrían incrementarse las ausencias.

Cancelan visitas

Por otro lado, el cierre parcial también ha afectado al sistema de prisiones federales, incluido el Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo, que suspendió las visitas de familiares.

Así lo indicó Jorge Fermín, presidente de la local 4052 de la Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE, en inglés), que representa a los guardias de custodia que laboran en la cárcel de Guaynabo.

También destacó que “se modificaron” las visitas de los abogados, pero no pudo precisar detalles.

El Nuevo Día intentó obtener declaraciones de la administración de la prisión en Guaynabo, pero no contestaron las llamadas realizadas a los números de contacto en su página de internet.

Mientras, la División de Asuntos Públicos del Negociado de Prisiones federal (BOP, en inglés), a nivel central, indicó por escrito que la administración de cada institución penal federal “entiende las operaciones y retos en la prisión que maneja, y tiene todas las opciones para atender cualquier preocupación específica de su institución, incluyendo escasez de empleados, si ocurren durante el cierre”.

“Las instalaciones pueden, por ejemplo, tomar pasos para frenar temporeramente o cancelar las visitas, reducir temporeramente o cancelar programas o implementar modificaciones a otras operaciones”, indicó el BOP.

A su vez, Dallie Cruz Ruiz, de la Organización Pro-Rehabilitación de Confinados, denunció que “no hay visitas”. “Ya las familias lo saben, pero lo que no les explicaron era que se debía al cierre del gobierno federal”, expuso. 

“También se han afectado servicios o programas para los confinados”, acotó.

Al mismo tiempo, Fermín dijo que continúan las ausencias de oficiales de custodia en la cárcel federal por el cierre, aunque lo describió como “dentro de lo normal”.

“Se están sintiendo los efectos. La moral está mal. Hay mucha preocupación, y ahora van a perder un segundo cheque. Se supone que cobrábamos el sábado. Hay que ver lo que pase del domingo en adelante”, afirmó.


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