Un enfermero realiza una prueba rápida a un paciente. (EFE)

La empresa 313 LLC radicó el viernes en la noche un interdicto preliminar con el interés de que el Tribunal ordene al Departamento de Salud recibir 51,000 pruebas serológicas que compró y pagó en su totalidad a esta compañía y que, ahora, no quiere aceptar a menos que haya un ajuste en el precio acordado.

En el interdicto, radicado el viernes en la noche en el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, la compañía puertorriqueña señala que, con su determinación, Salud incumple con la orden de compra hecha el 24 de marzo en la que se fijó en $36 el precio de 100,000 pruebas rápidas para detectar el coronavirus (COVID-19) marca Nova Test.

“El Departamento y 313 LLC acordaron precio de compra, el cual fue producto de negociaciones libres y voluntarias, habiendo sido aceptado por el Departamento, dependencia con el expertise en compra de equipo y materiales médicos”, señala la compañía en la demanda en la que se niega a reducir el precio acordado.

Salud les avisó a 313 LLC que de no haber ajuste en el precio cancelarían la orden porque la empresa no cumplió con la fecha de entrega estipulada que, según la demanda, era entre siete a 10 días después de haberse recibido el primer pago por las 100,000 pruebas. No obstante, la orden de compra que Salud envió a El Nuevo Día señala que la entrega sería de entre cinco a siete días.

El documento establece que ese pago se hizo el 27 de marzo y que se emitió en su totalidad. Es decir, que el Salud pagó completamente por adelantado la orden que sumaba a $3.6 millones. Esto es contrario a lo establecido en la orden de compra de que habría un primer pago adelantado correspondiente al 60% de las pruebas y un segundo pago, con el restante 40%, al momento de recibo de las pruebas.

La compañía sostiene que no pudo entregar las 100,000 pruebas el lunes 6 de abril como acordado por fuerzas mayores que no estuvieron bajo su control y que tuvieron que ver con retrasos mundiales en los servicios de transporte debido a la pandemia.

“La tardanza en la restante se debió a circunstancias de fuerza mayor, a nivel mundial, a sucesos imprevistos o inevitables que no son imputables a 313 LLC” por lo que empresa argumenta en la demanda que está eximida de responsabilidad y no procede penalidad.

313 LLC asegura en la demanda que el 13 de abril entregó al Departamento de Salud 49,000 pruebas de esa orden de 100,000 y también 600 pruebas que les falta por entregar de una primera orden de 1,500 pruebas, a $45 cada una, que se le hizo el 20 de marzo.

Aunque ambas entregas se realizaron con atrasos de entre siete a 12 días, la agencia las aceptó “sin ningún reparo, objeción o condición e informando encontrarse en espera de las restantes 51,000 pruebas, informándosele la etapa que se encontraban para su recibo”, según se indica en el documento de interdicto provisional.

No obstante, el 15 de abril, el administrador de 313 LLC, Ricardo Vázquez Hernández recibió una carta del secretario auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Johnny Colon González en las que se requirió a la empresa un ajuste en el precio.

“Haciendo referencia a que la entrega de las pruebas sería tardía y que el Departamento no aceptaría las restantes 51,000 pruebas a menos que 313 LLC redujera el precio por prueba, distinto al acordado mediante la orden de compra”, señala la demanda radicada por el abogado Miguel A. Negrón Matta.

El 23 de abril, El Nuevo Día publicó que las pruebas Nova Test son vendidas en China y Estados Unidos por $2.95 en compras hechas directamente al fabricante que es AtlasLink, con sede en Beijing y una sucursal estadounidense en Manassas, Virginia. El gobierno de Puerto Rico las compró a 313 LLC, quien dice que hizo las compras a través de la empresa mexicana Zogen Génetica Molecular, que sirvió como intermediario.

Posteriormente, Zogen negó haber vendido las pruebas a 313 LLC, quien en su demanda de interdicto provisional no hace ninguna referencia a esta empresa. En el documento legal solo dice que el 20 de marzo, Vázquez Hernández recibió una solicitud de cotización de parte de la oficina de compras de Salud y ese mismo día obtuvieron la orden de compra de las primeras 1,500 pruebas.

En tanto, la demanda sostiene que las 51,000 pruebas que faltan por entregar a Salud llegaron a Puerto Rico la madrugada del 18 de abril y están disponibles para su entrega desde el 21 de abril, después de pasar por la Oficina de Aduana y de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés).

“Debido a las implicaciones, repercusiones y daños irreparables que tienen en el pueblo de Puerto Rico y en 313 LLC el que el Departamento se niegue a aceptar las 51,000 pruebas que ya fueron pagadas por el gobierno de Puerto Rico, solicitamos, que se emita, luego de celebrada la vista correspondiente, una orden de injunction preliminar, en contra del Departamento, mientras se dilucida la controversia presentada en este caso, ordenándole que cese y desista de llevar a cabo actos antijurídicos y contrarios al estado de derecho contractual”, suplica la empresa al Tribunal.


💬Ver 0 comentarios