La ola de demandas por parte de la JSF es fruto de la improvisación, según el abogado experto en la ley Promesa, Rolando Emanuelli. (semisquare-x3)
La ola de demandas por parte de la JSF es fruto de la improvisación, según el abogado experto en la ley Promesa, Rolando Emanuelli. (Gerald López Cepero)

La ola de demandas contra suplidores y contratistas que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha impulsado como parte del proceso de bancarrota del gobierno provocará una crisis de acceso a la justicia y exacerba la incertidumbre que existe en torno a hacer negocios en Puerto Rico, indicaron ayer varios entrevistados.

“En momentos en que quieren maximizar los fondos federales y las empresas locales, con una acción como esta, ese empresario va a pensar dos veces hacer negocios con el gobierno si se corre el riesgo de que al cabo de unos años vengan a cobrarle. No conozco, no sé quién estará dispuesto a asumir ese riesgo”, dijo ayer el presidente de la Asociación de Constructores, Emilio Zavala.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada, dijo que “aquí va a haber muchos demandados que no podrán defenderse y podrían terminar en quiebra”.

Nos encontramos ante una posible crisis de acceso a la justicia”, indicó el abogado ducho en la ley federal Promesa Rolando Emmanuelli.

El pasado martes, la JSF radicó unas 230 demandas contra suplidores y contratistas del gobierno por entender que estos recibieron pagos cuando el fisco se encontraba insolvente. Como resultado, la ley federal Promesa y el Código de Quiebras permite al deudor (en este caso el gobierno) intentar recuperar tales pagos por entender que se hicieron otorgando tratos preferenciales o si estos representaron una transferencia fraudulenta.

Entre otros argumentos, la JSF y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) demandaron a empresas de seguridad, construcción, centros de terapia a estudiantes de educación escolar, aseguradores y compañías de empleo temporal, entre otros, alegando que no existe evidencia de una relación contractual entre las partes o dicho acuerdo no se registró en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Aparte de las demandas, la JSF consiguió que otros 60 suplidores acordaran firmar un acuerdo que extiende el plazo de dos años para radicar acciones contra terceros para llegar a un acuerdo de recobro extrajudicial.

Según Román Espada, las acciones de la JSF constituyen un agravio contra los derechos cívicos y económicos de miles de ciudadanos y empresas en la isla y no traerán dinero al deudor como se cree, pero continuarán elevando los gastos de abogados en los casos de TítuloIII.

Explicó que una demanda por fraude supone que la JSF tendrá que demostrar dicha práctica y eso, aparte de contratar abogados, requerirá contratar peritos en fraude, contadores u otros expertos, un gasto que pagarán los contribuyentes puertorriqueños, pero que también podrían encarar los suplidores demandados para demostrar que los señalamientos en su contra no proceden.

Tanto Zavala como Román Espada coincidieron en que en la mayoría de los casos, es muy probable que los alegatos de pagos fraudulentos no prosperen.

“Alegar que no se hizo la inscripción en el Registro del Contralor, me sorprende porque, aunque puede pasar, en la práctica, cuando una agencia va a efectuar un pago, los documentos incluyen la numeración del contrato que da esa oficina”, dijo Román Espada.

“Cuando el gobierno contrata, es obligado identificar, en ese acuerdo, el número de la cuenta de donde se va a pagar”, agregó Zavala. Recordó que, en el caso de las empresas de construcción, será improbable que la JSF pueda recobrar de los contratistas un centavo de obras públicas que han sido terminadas.

De acuerdo con Román Espada, a las demandas de suplidores deben agregarse los miles de pleitos que se encuentran detenidos en los tribunales estatales por causa de la suspensión automática de litigios provista en Promesa.

No solo es una crisis de acceso a la justicia, es un acto de impunidad por parte del Estado”, comentó Román Espada. Indicó que mientras el gobierno se libra de cualquier acción en su contra gracias a Promesa, las personas o entidades que resulten perjudicadas por cualquier evento no gozan de más tiempo para radicar sus acciones legales. Esto, porque los períodos de un año para demandar al Estado no sufrieron cambio alguno con Promesa.

Fruto de la improvisación

De acuerdo con Emmanuelli, la ola de demandas por parte de la JSF es fruto de la improvisación del ente fiscal por dejar para el final y no auditar la deuda pública, pese a las advertencias del UCC.

El tema de los litigios contra suplidores podría surgir hoy en la audiencia del Comité de Recursos Naturales del Congreso, donde se discutirá lo hecho luego de la aprobación de Promesa.

Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales, indicó mediante ponencia enviada al comité quelas acciones de la JSF socavarán la confianza en el gobierno, aumentarán el costo de sus adquisiciones y, además, generará procedimientos legales que serán muy costosos para el sector empresarial, que ya está muy golpeado”.

José A. Delgado Robles colaboró con esta historia.


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