Varias personas reciben orientación del Seguro Social en una estación que se ubicó en el centro comercial Las Catalinas Mall, en Caguas. (GFR Media) (semisquare-x3)
Varias personas reciben orientación del Seguro Social en una estación que se ubicó en el centro comercial Las Catalinas Mall, en Caguas. (GFR Media)

El Seguro Social, fundado en el 1935 para proteger el futuro de los trabajadores y jubilados en los Estados Unidos, es un sistema cimentado en las alegaciones que hacen las personas que aportan a este plan, por lo que se presta a ser objeto de fraude, explicó la fiscal especial a cargo de estos casos en la Fiscalía federal en Puerto Rico, Vanessa Bonano. 

Son múltiples las ilegalidades que se cometen en contra de este beneficio federal. Van desde omitir información, como lo es indicar que no se está casado, aun cuando haya contraído matrimonio, hasta la compra y venta de tarjetas de Seguro Social.

En Puerto Rico, este delito ha provocado millones de dólares en pérdidas para esta agencia federal. 

Según la Oficina del Inspector General del Seguro Social, desde 2013 al presente se han arrestado a 170 personas, cuyas pérdidas recobradas ascienden a $280 millones, aproximadamente.

La dependencia detalló en su sitio web que las principales modalidades de fraude son: ocultar la actividad laboral mientras recibe beneficios por discapacidad, recibir el beneficio a nombre de un niño que no está bajo su custodia, cobrar el beneficio a nombre de una persona fallecida, ocultar el matrimonio mientras recibe pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario o utilizar incorrectamente el dinero cuando actúa como representante del beneficiario. 

En Puerto Rico, explicó la fiscal Bonano, el esquema de fraude más común “se ve cuando la persona una vez representa (demuestra a través de consultas médicas) que no puede trabajar, pues trabaja”. 

Específicamente, el fraude lo cometen personas que reciben los “beneficios de incapacidad” del Seguro Social. 

Para obtenerlo, el beneficiado debe “tener un padecimiento médico que le ha impedido trabajar o se espera que le impida trabajar por lo menos 12 meses o termine en muerte”, indica el sitio web de la agencia federal. Asimismo, la persona debe tener 18 años o más y haber trabajado por un año y medio o más, según la edad del solicitante. También debe demostrar un padecimiento médico que limite sus capacidades laborales, tales como caminar, sentarse, levantar y cargar objetos o recordar instrucciones. 

La fiscal dijo que, a diferencia de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Seguro Social incapacita a una persona en un 100%. Esto “representa que no puedes trabajar en la economía nacional”. 

Cifras que datan del 2014 establecen que en Puerto Rico había, para esta fecha, 179,266 trabajadores acogidos a este beneficio de incapacidad.

Bonano explicó que, al momento de solicitarlo, a la persona se le orienta “que debe decir la verdad, que si mienten, constituyente delito, que es su responsabilidad notificar al Seguro Social si su condición mejora o regresan a trabajar, y ahí es donde está el problema”. 

La mayoría de las querellas que recibe el Inspector General del Seguro Social, en las que se les deja saber que un incapacitado regresó a trabajar, llegan a través de familiares y vecinos que llaman a una línea confidencial, reveló la fiscal.  

“Una vez se recibe la querella, se corrobora la información y se investiga”, comentó, y añadió que el número a llamar es el 1-855-278-5982. 

Aunque Bonano intentó evitar comentar sobre las estrategias investigativas, reveló que a la persona señalada se le requerirá actualizar su información. A este proceso se le llama revisión.  

“Las personas que se incapacitan hay una expectativa de mejoría y por eso se le exige que tiene que notificar la mejoría”, planteó. 

Sin embargo, “cuando llamamos y se le pregunta cómo se siente y si estás trabajando, ellos mienten al Seguro Social y mienten bajo juramento. Dicen: ‘No, yo no estoy trabajando y mi condición está igual o peor', cuando eso es falso. Eso es un claro fraude”, añadió la fiscal. 

Por lo general, las personas que cometen este tipo de fraude en la isla rondan entre los 40 y 50 años, edad que Bonano describió como de “óptima productividad”. 

Señaló que en muchos casos las personas que son arrestadas y procesadas por este tipo de delito comenzaron a recibir el beneficio de incapacidad a los 30 años. 

“Normalmente, vemos que solicitan a los 30 años y que llevan varios años en beneficios y los cogemos más tarde”, especificó. 

La ley contra el fraude

Las personas incapacitadas que no informan que han regresado al mundo laboral violan el Código de los Estados Unidos. De ser arrestado y encontrado culpable, pudieran ser sentenciados a cumplir varias penas que van desde cinco a 10 años de cárcel

Bonano indicó que el delito contra el Seguro Social está cobijado bajo el título 42, sección 408(a), el cual castiga la falsa representación. Tiene una pena de cinco años de prisión. 

Explicó que a las personas también se les acusa de robo de propiedad federal, estipulado en el título 18, sección 641, pues recibieron un dinero de manera ilegal. La pena expuesta es de 10 años de prisión. 

La funcionaria comentó que, por lo general, las personas que reciben el Seguro Social por incapacidad tienen derecho al beneficio del Medicare. Por tal razón, sostuvo que la persona que viole la ley también sería acusada por fraude al sistema de salud, cobijado en el título 18, sección 1347, y el cual impone otros 10 años de prisión. 

Para evitar ser arrestado y acusado, la fiscal recomendó a las personas que notifiquen voluntariamente que han regresado a trabajar. 

“Hay un programa que tiene el Seguro Social que se conoce Trail Work Period. Ese programa consiste en que la persona, una vez notifica que está trabajando, se monitorea para verificar si es una recuperación total. Mensualmente se monitorea y continúa recibiendo su beneficio”, comentó. 

Este programa no aplicaría a personas que se entienden, ya han defraudado al Seguro Social. No obstante, la fiscal federal dijo que, si la persona notifica tardíamente que ha comenzado a trabajar, enfrentaría un caso administrativo y no uno criminal.

“Si es administrativo, normalmente se hace un plan de pago... Por lo general, no (se acusa). Eso no sería un tipo de caso que estaríamos llevando, porque se procura que la gente vaya y notifique”, explicó Bonano.  

Añadió que “la exhortación es que llamen y notifiquen al Seguro Social si han mejorado o si pueden trabajar. Y si conocen de algún vecino o familiar que esté cometiendo delito, que lo denuncien porque al final del día es para proteger unos recursos para los que no pueden trabajar y para los trabajadores que estamos aportando para recibir el seguro algún día”.


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