Según el estudio, los contaminantes en AES que superan los niveles de seguridad son boro, litio, molibdeno, selenio y sulfato. (GFR Media) (horizontal-x3)
Según el estudio, los contaminantes en AES que superan los niveles de seguridad son boro, litio, molibdeno, selenio y sulfato. (GFR Media)

La cogeneradora AES Puerto Rico es una de las 242 plantas de carbón, en Estados Unidos y sus territorios, que contaminan el agua subterránea con sustancias tóxicas en niveles que exceden los estándares de seguridad, reveló un estudio del Environmental Integrity Project, apoyado por Earthjustice.

El estudio –divulgado la semana pasada– concluyó que, de las 265 carboneras que operan en suelo estadounidense, el 91% contamina el agua subterránea en sus alrededores con una o más sustancias halladas en las cenizas o residuos de la combustión.

Para llegar a esa determinación, el Environmental Integrity Project y Earthjustice utilizaron datos que las propias plantas publicaron por primera vez el año pasado, en cumplimiento con las regulaciones federales sobre cenizas de carbón emitidas en 2015.

En el caso de AES Puerto Rico, los contaminantes que superan los niveles de seguridad en el agua subterránea son boro, litio, molibdeno, selenio y sulfato.

Según el análisis, la concentración de sulfato es 31 veces más alta que el umbral considerado seguro para la salud. Los excedentes de litio, molibdeno y selenio superan por 22, 11 y cinco veces, respectivamente, el límite permitido. La concentración de boro es una vez más alta que el umbral.

Lo que ocurre en AES Puerto Rico es muy parecido a lo que pasa en las demás plantas de carbón en Estados Unidos”, dijo a El Nuevo Día el autor principal del estudio y abogado del Environmental Integrity Project, Abel Russ.

El litio es dañino al sistema nervioso, el molibdeno tiene diversos efectos a la salud, el selenio y el boro son tóxicos, y el sulfato puede causar deshidratación en niños y jóvenes”, agregó, tras resaltar que el estudio debe propiciar “protecciones más fuertes” para la salud humana y el ambiente.

Al cierre de esta edición, ningún directivo de AES Puerto Rico estuvo disponible para entrevista.

“Peligrosamente insegura”

Russ aclaró que, como parte del estudio, no se evaluó si el agua que consumen las comunidades aledañas a las carboneras es apta para consumo.

Explicó que las plantas no están obligadas a hacer ese tipo de muestreo a nivel residencial.

No lo pudimos determinar, pero no me sorprendería que el agua no sea saludable para la gente, incluyendo en Puerto Rico”, dijo Russ, quien destacó que el análisis también encontró que “muchos de los vertederos de cenizas” están mal diseñados y cuentan con pocas medidas de seguridad, como revestimientos impermeables que eviten la filtración de contaminantes al agua subterránea.

Por años, las comunidades aledañas a AES Puerto Rico han denunciado que su salud se ha deteriorado por la operación de la planta. Le atribuyen, entre otras cosas, la emisión de contaminantes cancerígenos que han elevado los niveles de esa enfermedad entre los vecinos, incluyendo niños.

Cuestionado sobre cómo comparan los hallazgos relacionados con AES Puerto Rico con los de las demás plantas, Russ indicó que “se parecen mucho porque este es un problema sencillo”.

“Los datos de Puerto Rico no son ni inusualmente altos ni inusualmente bajos, pero esto no significa que sea algo bueno o aceptable. La situación en Puerto Rico es peligrosamente insegura, y sí hay un impacto en el agua subterránea”, recalcó.

¿Qué procede?

Russ señaló que, “por más injusto e irónico que parezca”, ni AES Puerto Rico ni las otras 241 plantas de carbón contaminantes están en violación de ley.

Técnicamente, lo que las plantas de carbón tienen que hacer es notificarle al Estado (sobre la contaminación) y presentar un plan de remediación. En este momento, nadie los puede demandar”, sostuvo.

Explicó que dicho plan de remediación debe incluir varios cursos de acción y tiene que presentársele a la ciudadanía en una reunión pública.

“Si AES Puerto Rico no cumple con esos dos requisitos, entonces las comunidades sí podrían entablar una demanda. Luego que el plan sea presentado a la ciudadanía, entonces se escoge la mejor opción de remediación o limpieza”, abundó el abogado.

El estudio incluye recomendaciones para la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), entre estas, regular los vertederos inactivos de cenizas de carbón, requerirles más monitoreo a las plantas -especialmente de pozos residenciales- y exigir más transparencia y comunicación pública.

“No hay evidencia”

Aunque ningún directivo de AES Puerto Rico dio entrevista, la portavoz de la empresa, Adriana Cantero, envió a El Nuevo Día un comunicado de prensa, emitido al igual que el estudio el 4 marzo, sobre el reporte de Monitoreo de Agua Subterránea 2018.

Expertos en medio ambiente han concluido que, basados en los resultados de las muestras, existen niveles que están por encima de los estándares de protección de aguas subterráneas en tres constituyentes de monitoreo de evaluación: selenio, litio y molibdeno”, dice el comunicado.

Sin embargo, la carbonera enfatizó que esos resultados corresponden únicamente a los pozos de monitoreo al borde de la planta, por lo que “no son representativos de las aguas subterráneas de otras localidades”.

“De hecho, un estudio separado –conducido por expertos líderes en temas de medio ambiente– concluye que no existe impacto en el agua potable. El estudio también confirma que no hay evidencia de impacto en la salud humana o el medio ambiente”, sostuvo AES Puerto Rico sin dar detalles adicionales.

En el comunicado, Jesús Bolinaga, director de Complejo para el Caribe, expuso que “trabajando con expertos en medio ambiente, desarrollaremos un plan para determinar las acciones correctivas apropiadas, para traer estos tres constituyentes a niveles que cumplan con los estándares aplicables”. Agregó que el plan correctivo “será sujeto a una nota pública, incluyendo una audiencia pública.

“Tomaremos en consideración las preocupaciones de la comunidad”, afirmó Bolinaga.

El parte de prensa de AES Puerto Rico no hace mención de las excedencias de boro y sulfato identificadas en el estudio del Environmental Integrity Project y Earthjustice.

Exigen acciones contundentes

Al comunicado corporativo, la oposición comunitaria respondió exigiendo “acciones contundentes” de la administración de turno contra la carbonera.

El tiempo nos sigue dando la razón, mientras AES nos sigue enfermando. AES contamina el agua, el aire y la tierra, y no hay consecuencias. Las personas en mi comunidad seguimos cayendo víctimas de enfermedades como el cáncer, problemas respiratorios, abortos y otros, mientras el gobierno se sienta a negociar con nuestro verdugo”, dijo –por escrito– Aldwin Colón, de la organización Comunidad Guayamesa Unida por tu Salud.

Por su parte, Víctor Alvarado, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, aseveró que “se cayó el velo de la mentira” de AES Puerto Rico, y exigió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez, que no defiendan más a la planta.

“AES aceptó que existen niveles que están por encima de los estándares de protección de aguas subterráneas en tres componentes químicos: selenio, litio y molibdeno. Estos últimos dos no existen en estado libre en la naturaleza. Esa contaminación proviene de las cenizas. Es una prueba contundente de que las cenizas, que ellos llaman Agremax, son tóxicas y peligrosas”, declaró Alvarado.

El portavoz dijo que, mientras exista el “inmenso vertedero de cenizas tóxicas” en los predios de AES Puerto Rico, cualquier acción correctiva para eliminar la contaminación será cuestionable. Al momento, la planta mantiene acumuladas en sus instalaciones 600,000 toneladas de Agremax.

Por último, José M. Díaz, portavoz del Campamento contra las Cenizas en Peñuelas, hizo un llamado a “detener inmediatamente” el propuesto reglamento sobre manejo y disposición final de cenizas de carbón.

A su juicio, el documento –bajo evaluación del DRNA– viabiliza el depósito de “cenizas tóxicas” en cualquier municipio.

Según propuesto, el reglamento permite que se depositen sobre el terreno hasta 12,400 toneladas de estos residuos, no encapsulados, sin notificación pública. El reglamento responde a la Ley 40-2017.


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