Proveedores de la industria médica exigieron hoy, martes, la aprobación de una serie de proyectos de ley que se encuentran detenidos en la Legislatura a pesar de ser medidas que ayudarían a detener el éxodo de doctores que sufre el país y que dificulta cada vez más el acceso de la población a los servicios de salud.
El grupo -compuestos por dueños de los laboratorios y farmacias, así como por representantes de las disciplinas de oftalmología, ortopedia, radiología, dentista, gastroenterología y cardiología- le adjudicó la inacción legislativa al trabajo de cabildeo que mantienen las aseguradoras y los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM) en El Capitolio.
“No es al gobierno al que le estamos pidiendo que saque dinero del Fondo General para que le pague a los médicos, es a las aseguradoras que todo el tiempo anuncian sus ganancias…así que es muy lógico pensar que son ellos los que están cabildeando, además de que uno los ve aquí todo el tiempo”, señaló la doctora Norma Devarie presidenta de Cardiocoop.
“Como tú te vas a ir a donde las personas que vas a regular para saber si les gusta o no les gusta, eso es ilógico y de eso es lo que estamos hablando que está pasando aquí”, agregó Heriberto Ortiz de la Corporativa de las Farmacias Puertorriqueñas.
Entre las medidas legislativas detenidas está el Proyecto del Senado 841 que busca que se prohíba que una organización de servicios de salud medicare advantage acuerde con un proveedor de servicio el pago una tarifa menor a la establecida por los centros de servicios de Medicare y Medicaid.
También está paralizado el Proyecto de la Cámara 1489 que amplía la jurisdicción del Procurador de Pequeños Negocios para que funja como mediador o arbitro en reclamaciones y controversias que involucre -entre otros- a los profesionales de servicios y salud. “Si tenemos una queja nuestro arbitro sigue siendo la aseguradora que es la que al final decide quién tiene razón, si ellos o nosotros”, señaló Heriberto Ortiz de la Cooperativa de las farmacias puertorriqueñas.
El Proyecto de la Cámara 1546, por su parte, le prohíbe a las aseguradoras rechazar la contratación de médicos recién graduados, situación que ha sido señalada como una de las principales razones para el éxodo de profesionales en la salud. “Muchos regresan con ansias de practicar en su islita y le deniegan el acceso a los planes médicos, incluso le ofrecen tarifas por debajo de las tarifas actuales como extorsión para que puedan ser aceptados”, señaló Elena Jiménez, presidenta de OftaCoop, en representación de los oftalmólogos.
“Sí es una realidad que los médicos jóvenes vienen a Puerto Rico con ansias de practicar y el plan médico les niega los contratos o los quieren contratar con tarifas reducidas y eso yo lo he visto”, dijo Liana Medina, presidenta de la asociación de centros de radiología de Puerto Rico.
Mientras, el Proyecto del Senado 1115 -aprobado el lunes por el Senado- enmienda la Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos (Ley 14-2017) con el fin de permitir que a los cirujanos dentistas les aplique la tasa especial de contribución sobre ingresos y dividendos devengados en la práctica.
“Ya es inaguantable, así que parte de lo que tenemos que hacer y necesitamos es voluntad política. Todos estos proyectos los hemos trabajado en grupo por muchos años, muchos de ellos han sido reciclados porque no nos quieren hacer caso”, expresó Elba Diaz, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.
“Nosotros sabemos lo que está pasando, que seamos polite…no quiere decir que no nos enteramos y que no sabemos que es lo que está pasando por debajo de la mesa. Basta ya, la salud no es un negocio, la salud es un derecho de todos los puertorriqueños”, agregó Díaz.
Detenido también se encuentra el Proyecto de la Cámara 983 que busca establecer criterios más específicos en la aprobación de los Certificados de Necesidad y Conveniencia (CNC) para laboratorios clínicos, así como tratar de hacer un balance entre la cantidad de laboratorios y la población que requiere sus servicios. El CNC es un documento que emite el Departamento de Salud para autorizar el establecimiento o reubicación de una instalación de salud.
“A los laboratorios clínicos se le está coartando el acceso a los pacientes, porque se les deniega contratos, las tarifas se las limitan, los pacientes los meten en grupos médicos y no pueden ir a los laboratorios de su preferencia, las tarifas las han bajado”, dijo Ramón Nieves de la Cooperativa de Dueños de Laboratorios.
Sobre el Proyecto del Senado 218 indicaron, sin embargo, que el propósito del mismo fue desvirtuado en la Cámara de Representantes con la sobre 40 medidas que se la agregaron una vez aprobado en el Senado por unanimidad. “Quedó inoperante para lo que fue el motivo de su creación que era abaratar los costos de los medicamentes y hacerlo más accesible para la población”, dijo la doctora Norma Deverie, presidenta de CardioCoop.
“Es bien fácil que un político, que tiene los contactos, llame al Centro Médico para que atiendan a su familiar inmediatamente y no pase por el proceso que pasa el puertorriqueño común y corriente”. Lo que estamos solicitando es acción”, subrayó Vilma López, directora ejecutiva de la Cooperativa de Ortopedas.
El senador independiente José Vargas Vidot, quien convocó al grupo, dijo que “no se trata de construir plazas, ni de reparar aceras. Estamos hablando de la salud del pueblo, cantidad de personas se ven afectadas y se verán afectadas si no se atiende esto de la forma urgente que debe atenderse”, puntualizó el legislador.
