Los activistas consideran que Penélope Díaz Ramírez fue víctima de asesinato por estar en la cárcel de hombres, mientras que la Policía indicó que la investigación no encontró que se tratara de un crimen de odio. (GFR Media)

Defensores de los derechos de la comunidad LGBTTIQ reclamaron que los confinados o sumariados deben ser ingresados en instituciones penales que correspondan a su identidad de género.

Portavoces del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunciaron que el Departamento de Corrección y Rehabilitación encarcela a las personas por el género que indican sus documentos oficiales, como el certificado de nacimiento.

Para el licenciado Osvaldo Burgos y Pedro Julio Serrano, la agencia debe ubicarlos en penales que correspondan al género manifestado por la persona para evitar que esté en riesgo.

Ambos consideran que ese fue el caso de Penélope Díaz Ramírez, quien las autoridades identificaron como Pablo Díaz Ramírez, de 31 años, quien fue víctima de asesinato el pasado 13 de abril en la cárcel regional de Bayamón.

"Penélope fue ingresada a una cárcel de hombres, violándose su derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, posiblemente, el hecho de que no se le llevara a una prisión correcta según su identidad condujo a que sufriera la violencia que le arrebató la vida", sostuvo Serrano.

"A ella se le negaron los tratamientos hormonales y fue asesinada a través de golpes contundentes que le hizo otro prisionero y la ahorcó en su celda", agregó. "No hubo ninguna información de la Policía para identificarla como miembro de la comunidad LGBTTIQ, cuyos miembros se comunicaron con CABE y se pudo llamar por su nombre correcto".

Por su parte, Burgos indicó que el problema de ingresar a las personas a la prisión, según la identidad en los documentos oficiales, plantea un problema para quienes no han logrado realizar los trámites que se aprobaron hace dos años, a raíz de jurisprudencia federal.

Alegó que ante, esa situación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación no realizar un análisis adecuado sobre la identidad de género de los reos al ser ingresados.

"Esto no es ver el documento y si dice 'M' va para Bayamón, si dice 'F' va para la institución de mujeres", señaló. "Para otros delitos, el estado hace un análisis de quién es la persona que quieren encarcelar, para ver si está en riesgo".

Aunque no existe legislación estatal, Burgos dijo que a nivel federal hay leyes que obligan a tomar acción cuando se identifican factores de riesgo para un confinado.

"Pero la protección no puede ser penalizar a la persona, porque una de las cosas que suceden es que los ponen en 'solitaria'. Eso es un castigo... Creo que ha pasado tiempo suficiente para que la administración de corrección se atempere a la altura de los tiempos", añadió.

Ante una solicitud de reacción por El Nuevo Día, el DCR aseguró en declaraciones escritas que "cuenta con protocolos para atender los casos de confinados que requieran ubicación a base de su identidad de género. En este caso, el confinado no solicito ubicación particular".

Asimismo, indicó que la agencia "investiga cualquier incidente que afecte la convivencia y el ambiente institucional en las instituciones correccionales". En cuanto a las causas de la muerte, explicó que la pesquisa le corresponde a la Policía.

El cuerpo de Díaz Ramírez fue encontrado ahorcado el 13 de abril dentro de la celda, en el Anexo 705 de la cárcel de Bayamón, según el informe policiaco.

Tres días después, el Departamento de Justicia sometió cargos contra José Villafañe Cotto, compañero de celda de Díaz Ramírez.

La agencia indicó en comunicado de prensa que Villafañe Cotto confesó los hechos.

En el mismo comunicado, Justicia indica que "el imputado planificó asesinar a su compañero de celda, acto que llevó a cabo en horas de la noche. Villafañe Cotto confesó que dio muerte a la víctima mediante asfixia, golpes y patadas".

Los cargos que pesan en su contra son por asesinato y por destrucción de evidencia, ya que intentó hacer parece que fue un suicidio, indicó Ricardo Haddock, director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Bayamón.

No obstante, Haddock indicó que no se radicaron cargos por crimen de odio porque ese ángulo no surgió como parte de la investigación.

"No tiene nada que ver con un crimen de odio. Fue por una discusión que surgió", indicó Haddock, sin entrar en detalles de la "discusión" porque es parte de la información que presentarán en el tribunal.


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