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Mar Chiquita, en Manatí, es una de las áreas cuya designación como reserva natural fue anulada. (horizontal-x3)
Mar Chiquita, en Manatí, es una de las áreas cuya designación como reserva natural fue anulada. (GFR Media)

La acción de la Junta de Planificación (JP) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares de anular la designación de siete reservas naturales por presuntas fallas procesales ha levantado dudas en torno a las verdaderas razones para esta acción, y ha exacerbado la desconfianza hacia el gobierno entre algunos sectores.

Para abogados expertos en planificación y derecho ambiental, la acción de la JP y Rosselló no tiene precedente.

Además, abona a la suspicacia que levantó, hace algunos meses, un anuncio en la página de la Compañía Fomento Industrial, en el que se decía que “Puerto Rico is open for business” (abierto para negocios). En esa página, se anunciaba la venta de decenas de propiedades, incluyendo algunas áreas naturales como los cayos Icacos y Ratones.

Aunque luego el gobierno se retractó, el anuncio creó la idea de que cualquier cosa podía venderse o alquilarse en Puerto Rico, con tal de allegar dinero a las agobiadas arcas del país, dijo Pedro Saadé Llorens, abogado experto en derecho ambiental.

El pasado 3 de julio –por recomendación de la JP– el gobernador firmó dos órdenes ejecutivas para dejar sin efecto las delimitaciones de siete nuevas reservas naturales: Río Camuy, entre Hatillo y Camuy; Punta Cabuyones, en Ponce; Finca Nolla, en Camuy; Punta Petrona, en Santa Isabel; Punta Guillarte, en Arroyo; Playa Lucía, en Yabucoa; y Mar Chiquita, en Manatí.

Todas estas áreas tienen en común que ubican en zonas costeras. En total, cubren 7,420 cuerdas en tierra y 5,621 en áreas de mar, según la JP. También, fueron designadas como reservas naturales mediante órdenes ejecutivas, emitidas en diciembre de 2016 a finales de la administración de Alejandro García Padilla. La acción contribuyó a aumentar de 8% a 17% el espacio de terreno protegido en la isla.

Pero Rosselló anuló las designaciones, luego de que la JP señalara que el proceso se hizo a la prisa y de forma atropellada, sin procesos de audiencias públicas, propiciando conflictos en el terreno y utilizando documentos que no son el estado de derecho vigente.

Si la intención de la JP era corregir las fallas que detectó, no era necesario anular la designación de los predios como reservas naturales, coincidieron los abogados Ruth Santiago y Gabriel Vázquez, el catedrático en Planificación Ambiental Félix Aponte, y el director de Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal Federal, Ariel Lugo.

Se podían corregir sin anularlas. Lo que se argumenta en las órdenes ejecutivas para la anulación es un poco extraño y con la experiencia que tengo en esto, hay otros factores y actores anónimos que pudieron haber influenciado en esa decisión”, dijo Aponte, quien fue miembro de la JP bajo parte de la administración de Sila María Calderón.

Sostuvo que la acción es “extraña e inusual”, pues no es tradición de la JP revisar decisiones previas sin que le anteceda una controversia pública. “La tradición es que se respetan las resoluciones ya aprobadas, pues es un cuerpo colegiado. Es como si los jueces del Tribunal Supremo empezaran a revisar las decisiones de jueces previos. Lo mismo ocurre con las órdenes ejecutivas de los gobernadores”, indicó.

Aponte agregó que el argumento de que las designaciones se basaron en un reglamento que ya no está en vigor implicaría, entonces, que habría que revertir todas las decisiones y consultas de ubicación aprobadas antes por la JP utilizando tal estatuto. “Eso me parece muy sospechoso. No hay argumentos sustantivos o técnicos concretos”, reiteró.

Participación pública

De acuerdo con información de la JP sobre estas reservas, solo en una de ellas no hubo audiencias públicas. Se trata del caso de la Finca Nolla, en Camuy.

Para Saadé Llorens, en este caso, llama la atención que el predio es propiedad del gobierno, es decir, no había controversia en cuanto a algún proceso de expropiación o adquisición, pues tal trámite ya estaba completado.

De hecho, añadió que la anulación “es más seria en este caso”, ya que previamente se había asignado dinero público mediante legislación para comprar estos terrenos con el fin, precisamente, de que se declararan reserva natural.

En el caso del Playa Lucía, también es preocupante pues ahí ya estaba aprobada una ley para que se creara la reserva y la JP no puede ir por encima de la ley”, expuso Saadé Llorens. “Las razones que se han dado no ameritaban la anulación. Ninguna de las razones dadas valida la decisión que se tomó a mansalva”, añadió.

Mientras, el expresidente de la JP, Luis García Pelatti, y bajo cuyo mandato se designaron estas reservas, opinó que la acción fue ilegal. “Por ley, los planes y reservas, una vez adoptados por la JP y aprobados por el gobernador, entran en vigor. La derogación de un plan o una reserva requiere de un proceso de discusión pública. Para aquellos que lo olvidaron, el Corredor Ecológico del Noreste tuvo un proceso similar hace 10 años y hasta la Fiscalía Federal intervino”, comentó.

Tras la decisión de anulación, la JP declaró que la meta es que se mantengan las reservas naturales, pero tomando en cuenta la opinión y necesidades de los residentes de esas áreas.

La JP informó que, una vez se publique un aviso público que notifique la intención de hacer un plan sectorial, indique sus objetivos y la forma para participar del proceso, se efectuarán audiencias públicas para finales de año.

Como parte de ese proceso, hará reuniones con alcaldes, con las comunidades, grupos de interés y audiencias públicas, informó la JP en una comunicación escrita a petición de El Nuevo Día.

Tres de las reservas anuladas aparecen como propiedad privada, según la JP. Punta Cabuyones es propiedad de la organización no gubernamental Para la Naturaleza; la reserva Río Camuy aparece como privada y no se identifica el titular; y Punta Petrona aparece a nombre de William Figueroa Rodríguez y la empresa Palmeras del Sur. A esta empresa, el Departamento de Estado le revocó su certificado de incorporación por no someter estados financieros.

La reserva Mar Chiquita aparece a nombre de Israel Kopek y la empresa Mar Chiquita Development. También, aparece en el registro de corporaciones del Departamento de Estado como cancelada por incumplir el requisito de someter estados financieros. Ambas cancelaciones tienen fecha del 16 de abril de 2014.

Lecciones de María

Entretanto, a Lugo le preocupa que, tras esta acción, haya una intención no declarada de viabilizar desarrollo en las zonas costeras. “El huracán María nos enseñó que tenemos que alejarnos del mar, y estas áreas protegidas en la zona marítimo terrestre son la defensa contra el aumento en el nivel del mar. Alguien podrá decir que el cambio climático es algo teórico, pero el aumento en el nivel del mar es real y se está midiendo”, afirmó el científico.

Vázquez, quien imparte el curso de Legislación Ambiental en la Escuela Graduada de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana, explicó que es legítimo que la JP anulara estas designaciones y decidiera evaluar todo el proceso nuevamente.

“Pudieron modificar y corregir el proceso sin anularlo, pero podían anularlo para iniciarlo otra vez. El problema es que estas acciones muchas veces están motivadas por las ideas de los gobiernos de turno. Hay que estar pendiente a qué va a pasar en la JP”, alertó.

Cuando trascendió la noticia sobre la anulación, la presidenta de la JP, María Gordillo, declaró que estos terrenos no quedarán vulnerables. Dijo que están protegidos por ser “suelo rústico especialmente protegido”. Esta clasificación aparece en la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y el Plan de Uso de Terrenos (PUT). Se refiere a aquel terreno en el cual no se contempla uso urbano por su valor topográfico, estético, arqueológico o ecológico.

Esta clasificación supone un nivel de protección. El problema es que está sujeta a ser modificada o reclasificada por un municipio autónomo, según sea su política pública. Mientras, una designación de reserva natural provee una protección más fuerte pues especifica el valor, funciones y servicios naturales de ese ecosistema, supone la confección de planes de manejo del recurso y, en ocasiones, son protecciones contenidas en leyes, coincidieron Aponte, Lugo y Saadé Llorens.

Además, un suelo rústico especialmente protegido no implica que el terreno está inmune a construcciones. A manera de ejemplo, Santiago dijo que en la lista de proyectos críticos de la Ley Promesa se enumeran obras de energía solar y, en algunos predios bajo esta clasificación, se ha aprobado la instalación de fincas de paneles solares.

Retroceso

El presidente de Para la Naturaleza, Fernando Lloveras, dijo que la acción de Rosselló constituye un retroceso y una ruptura al compromiso acogido por líderes de todos los partidos. Ese compromiso era para incrementar las áreas conservadas en la isla hasta llegar a un 33% de cara al 2033.

En la plataforma de gobierno, en la página 56 del “Plan para Puerto Rico”, Rosselló destaca el tema medioambiental y hasta anuncia su intención de mejorar y ampliar los ofrecimientos en las reservas naturales utilizando alianzas público-privadas.

Esa derogación es un retroceso bien lamentable de esa meta que nos hemos establecido como país. La mayoría son terrenos públicos costeros que se protegen para salvar vidas”, dijo Lloveras, quien anunció que su organización está analizando las razones que dio la JP, para luego tomar alguna acción o dialogar con la agencia para que se revierta la decisión.

Para la Naturaleza es propietaria de 600 cuerdas dentro de una de las reservas anuladas: Punta Cabuyones, en Ponce, y que abarca un total de 2,442 cuerdas. Esta área es un terreno que es una mitigación del Cuerpo de Ingenieros, como parte de un intento para compensar el impacto causado a humedales durante la construcción del Puerto de las Américas.


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