El exgobernador García Padilla sostuvo que todavía es posible salvar las pensiones de los maestros y empleados públicos, si la administración gubernamental y la JSF es más agresiva en los procesos de restructuración de la deuda pública, con menos ofrecimi (semisquare-x3)
El exgobernador García Padilla sostuvo que todavía es posible salvar las pensiones de los maestros y empleados públicos, si la administración gubernamental y la JSF es más agresiva en los procesos de restructuración de la deuda pública, con menos ofrecimi

El exgobernador Alejandro García Padilla lamentó hoy, lunes, que la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) no aceptara la oferta que en el 2013 este le hiciera al magisterio, que habría garantizado una pensión mínima de $1,600 para los nuevos educadores y habría mantenido vigente el pago de los ya pensionados. 

Así lo aseguró el exmandatario en declaraciones a El Nuevo Día, luego de que la presidenta de la AMPR, Aida Díaz, afirmara que debió haber aceptado esa propuesta en aquel momento. Las expresiones surgieron luego de que Díaz anunciara que había llegado a un acuerdo tentativo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respecto al futuro del Sistema de Retiro de los Maestros. 

"En aquel momento era lo que los estudios actuariales recomendaban para salvar el Sistema de Retiro y que no fuera a 'Pay as you go' como es ahora", sostuvo García Padilla, al tiempo que dijo que las expresiones de Díaz "me permite reafirmar que todas las decisiones que tomé, las tomé ofreciendo lo que protegía el mejor interés de la gente’’.

Más temprano hoy la presidenta de la Asociación afirmó que en entrevista con Notiuno 630: "Yo tengo que decir la verdad. Debimos haberla aceptado (la oferta del exgobernador). De aceptarla podíamos salvar el retiro (a maestros)". En declaraciones a este medio reafirmó que el magisterio debió haber tomado la propuesta de 2013. 

"Sí, sí lo hubiese combinado con el (pago de) Seguro Social perfecto”, indicó. 

García Padilla defendió que si no se hubiera aprobado la Ley 3 (Reforma al Sistema de Retiro), los sistemas se habrían quedado sin fondos en el 2014. Específicamente sobre las pensiones de los maestros, el Tribunal Supremo declaró en abril de 2014 que ciertas partes de la Ley 160 que reformó el Sistema de Retiro de Maestros eran inconstitucionales y en contra de los derechos contractuales de los educadores, lo que puso fin a la propuesta de García Padilla.

"Es triste por supuesto, porque por no haber logrado convencerlos yo en aquella ocasión, hoy van a tener menos de lo que hubieran tenido, y el sistema estaría funcionando, que es lo más triste”, aseguró el ex primer ejecutivo. 

"Era en realidad una buena oferta", reiteró. "Comprendo que en aquel momento no se comprendiera la magnitud del problema y que no aceptara (la oferta)”. 

La Asociación de Maestros organizará, desde esta semana, visitas regionales para educar a sus miembros sobre la propuesta tentativa para evitar que las pensiones del magisterio queden desprotegidas en el proceso de quiebra y repago de la deuda de Puerto Rico.

“Hay una realidad que nadie puede negar: la obligación del gobierno con el retiro de los maestros es una deuda no asegurada dentro del proceso de quiebra. El magisterio no puede quedarse de brazos cruzados y quedarse último en la línea de pago. Por eso, nos sentamos a negociar una propuesta tentativa que no es perfecta, pero que protege nuestro futuro a largo plazo”, explicó Aida Díaz, presidenta de la Asociación, en declaraciones escritas.

El acuerdo tentativo está sujeto a la ratificación por parte de los maestros en una votación secreta, que se llevará a cabo a partir del 10 de junio, y tendría que ser aprobado como parte del Plan de Ajuste en el tribunal federal.  Este acuerdo tentativo garantizaría a los maestros activos una pensión asegurada y el fondo de pensiones presente sería convertido en un fideicomiso donde los maestros tendrán participación.

El exgobernador García Padilla sostuvo que todavía es posible salvar las pensiones de los maestros y empleados públicos, si la administración gubernamental y la JSF es más agresiva en los procesos de restructuración de la deuda pública, con menos ofrecimientos para los bonistas. 

"Mientras menos riguroso, mientras menos agresivo se sea con los bonistas en la restructuración de la deuda, más agresivo hay que ser con los puertorriqueños en los recortes”, manifestó. 



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