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Grijalva abogó por un proceso de rendición de cuentas en la AEE. (GFR Media)

Washington - El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), comenzará a preparar legislación que permita asegurar que el proceso de transformación y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se hace con transparencia y rendición de cuentas.

Al concluir la audiencia de su comisión sobre la recuperación y privatización de la AEE, Grijalva sostuvo que esperará a celebrar la próxima vista pública sobre Puerto Rico - prevista para el 2 de mayo para revisar el funcionamiento de la ley Promesa-, antes de tomar pasos concretos y sentarse a conversar con su contraparte republicana, Rob Bishop (Utah).

Pero cree que hay un consenso general, por lo menos entre la mayoría demócrata, a favor de que el Congreso se asegure de que hay supervisión independiente sobre la AEE y se pueda dar apoyo al uso de fuentes de energía renovables, de cara al futuro.

Grijalva ha estado inclinado a proponer crear una especie de Inspector General que pueda supervisar los pasos que toma la jefatura de la AEE, no quitarles a sus directivos la administración. Se trata de una figura parecida al concepto propuesto por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego en el tribunal de bancarrota.

“Lo principal es rendición de cuentas”, indicó Grijalva a periodistas, al concluir una sesión en la que el Departamento de Energía de EE.UU. advirtió que incrementar la capacidad de generación de gas natural en el área de San Juan puede ser una de las inversiones más valiosas que haga la AEE.

No obstante, el secretario adjunto de Energía federal para la Oficina de Electricidad, Bruce Walker, piensa que esos pasos que toma la AEE entran en contradicción con la política pública energética de Puerto Rico. Esto si el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, como se espera, decide firmar la legislación para comprometer al gobierno puertorriqueño a trabajar para que el 100% de la energía en la isla sea producto de fuentes renovables para 2050.

“No existe la tecnología” para ir a corto plazo “de un 2% a un 100% de energía renovable, dijo Walker.

Según Walker, cuya oficina ha coordinado un modelo para la reconstrucción del sistema eléctrico de la isla, “el elemento más importante en torno a nuevas inversiones en Puerto Rico es la presencia de una fuerza laboral con conocimiento que sea capaz de operar y mantener un sistema energético moderno”.

En la audiencia, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, presentó la agenda de la AEE, que incluye el acuerdo con NFEnergy para transformar las unidades 5 y 6 de San Juan en instalaciones de producción de energía a través de gas natural, y la administración por manos privadas del sistema de transmisión y distribución.

El contrato con NFEnergy puede generar ahorros de $500 millones en cinco años y de $80 millones a $100 millones en el año fiscal que comienza en julio, dijo Ortiz.

Pero destacó que la AEE requerirá cerca de $17,000 millones para rehacer el sistema de transmisión y distribución, a través del programa de obras permanentes de FEMA, que requiere un acuerdo sobre el costo a más tardar en octubre.

A preguntas de la congresista Nydia Velázquez (Nueva York), Ortiz pareció reconocer que el pago de la deuda de $9,000 millones de la corporación puede representar un aumento en las tarifas.

Pero, luego afirmó que ese es uno de cuatro factores que afectarán las tarifas, junto con el uso de gas natural en San Juan y Mayagüez, “reducciones por renegociación de contratos con cogeneradoras” y el cargo del déficit del sistema de retiro de la AEE.

Ortiz apuntó a que el tema de las tarifas queda en manos del Negociado de Energía, pero que apuestan a un balance de una rebaja de dos centavos en comparación con el precio de hoy. En otro momento, Ortiz reconoció que “nadie confía en la AEE”.

El republicano Bishop -quien ha defendido también la idea de que Puerto Rico vaya hacia una mayor producción de energía a través del gas natural-, consideró un ejemplo de la “interferencia política” que ha dañado a la AEE en el pasado, la meta del gobernador de que la energía de la isla dependa plenamente de energía renovable en tres décadas. Para Bishop, eso puede chocar con el objetivo de ofrecer un servicio confiable y al menor costo posible.

Pero el congresista Grijalva -un promotor de la energía renovable-, afirmó que no se trata de ir de inmediato hacia el 100% de energía renovable, sino de establecer metas de cumplimiento y utilizar el gas natural solo como un proceso de transición.

"Poderosos intereses"

El director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, afirmó que una verdadera transformación del sistema energético de Puerto Rico requerirá ir por encima de “poderosos intereses”, que buscarán mantener el “status quo” e incrementar la infraestructura de gas natural.

Marxuach mantuvo que, a corto y mediano plazo, no ve viable depender únicamente de fuentes de energía renovable, aunque defendió iniciar el proceso de transición.

Un camino razonable, según Marxuach, sería “maximizar la instalaciones de nueva generación basada en fuentes renovables, en su mayoría energía solar fotovoltaica con baterías; mantener pero no aumentar la capacidad de generación de la AEE con gas natural; retirar progresivamente las unidades de generación que utilizan diésel y carbón, dado el exceso de capacidad actual de la AEE”.

Mencionó también “eliminar gradualmente toda la generación de gas natural a medida que Puerto Rico avance hacia su objetivo declarado de generar el 100% de su electricidad con fuentes renovables para 2050”.

Respecto a la privatización que propone el gobierno, con el fin de vender las unidades de generación y la administración privada del sistema de transmisión y distribución, Marxuach advirtió que si el proceso se limita a “transferir una empresa corruptaen el sector público a un grupo de inversionistas corruptos en el sector privado”, nada se habrá logrado.

Ramón Cruz, integrante de la Junta de Directores del Sierra Club, sostuvo que si la AEE va a invertir en la infraestructura de gas natural, “los próximos 30 años van a estar comprometidos”.

Para Cruz, el proceso de privatización ha sido puesto en marcha sin esperar por la ley que busca crear el marco regulatorio y sin propiciar un Negociado de Energía que tenga la estructura y elpersonal suficiente para vigilar el mercado energético que se crea.

“No se ponen los mejores intereses de Puerto Rico primero”, dijo Cruz sobre el proceso de privatizació, al coincidir con el presidente de la Fundación Comunitaria, Nelson Colón Tarrats, en que la prioridad debe ser invertir en comunidades solares y en sistemas fotovoltaicos.

El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, rechazó la privatización de la AEE y consideró factible una plena transición hacia energía renovable para 2050.

La receta de Zamot

En la sesión, como adelantó ayer El Nuevo Día, el exoficial de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) Noel Zamot propuso formalmente que –por la vía del Ejecutivo federal– se nombre un “coordinador de la recuperación” que revise antes de ser firmado todo contrato relacionado con los fondos para reconstruir la isla tras el huracán María. La revisión aplicaría a los contratos relacionados a los cerca de $17,000 millones que pide la AEE para rehacer el sistema de transmisión y distribución.

Para Zamot –quien ha llevado ante las autoridades federales denuncias de interferencia de sectores del gobierno de Puerto Rico con proyectos de infraestructura crítica–, es necesario un coordinador federal ante “la falta de transparencia y efectividad” del gobierno de Puerto Rico en los procesos de hacer negocios.

Antes de comenzar la sesión, el director ejecutivo de la AEE rechazó la idea. “No hace falta. Tenemos un buen equipo de gente que ha hecho esto con diferentes situaciones de desastres en EE.UU. que han sido contratados a través de COR3 (la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia”, dijo.

Ortiz indicó que lo que hace falta es “agilidad de parte del gobierno federal para que el dinero llegue”.

Con Ortiz coincidió el representante del cliente ante la AEE, Tomás Torres Placa, quien declaró en la audiencia a nombre del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE). “Laprioridad es que el dinero llegue. Después, nos preocupamos de quién lo maneja”, dijo.

Mientras, el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, llevará ante su junta de gobierno la propuesta de Zamot. “Si vamos a poner más supervisión, tiene que estar orientada a la forma en que Zamot lo explicó y mejore la transparencia”, indicó.

A preguntas de la comisionada Jenniffer González, el director ejecutivo de la AEE sostuvo que las consecuencias sobre la red eléctrica de un huracán categoría 4 como María, que derrumbó el sistema y causó unas 3,000 muertes, sería la misma, pero se recuperaría en “dos o tres meses”.

La comisionada destacó la importancia de que se acelere la distribución de los $1,932 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda federal, aprobados para rehacer la red eléctrica.

González dijo que es prioridad “garantizar que Puerto Rico tenga recursos para construir una red de energía más resistente, no solo remendar el sistema anterior”.

El demócrata Darren Soto (Florida) sostuvo, por su parte, que impulsará legislación para tratar de unir en un solo proyecto un paquete de asistencia a la isla. La medida incluiría un alivio de la deuda, fondos para atender el desastre de María, financiamiento para el programa Medicaid, en asistencia alimentaria y beneficios contributivos. Reconoció que tramitarlo solo a través del Comité de Recursos Naturales requeriría una dispensa de otros comités.


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