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El Comité Comunitario de Respuesta Coordinada presenta sus recomendaciones del plan de trabajo para atender la epidemia de violencia de género en Puerto Rico. (Especial para GFR Media / Gabriela Báez)

El Comité Comunitario de Respuesta Coordinada hizo un llamado este martes para que los 78 municipios acojan el plan creado y adoptado por el Hogar Nueva Mujer con el apoyo de varias organizaciones y su socio científico, el Instituto Tercera Misión de la Universidad Albizu.

“Una estrategia que recomendamos, y que salió como parte del plan, es que se especialicen personas dentro de los municipios para que puedan servir como intercesoras legales. La intercesora legal es un puente, es un profesional que tiene todo el conocimiento sobre los aspectos tanto a nivel judicial, así como cuáles son las estrategias en términos de seguridad, y de desarrollo de un plan de trabajo (para la víctima). Es una persona especializada”, apuntó Vilmarie Rivera Sierra, directora del Hogar Nueva Mujer en conferencia de prensa del Comité Comunitario de Respuesta Coordinada.

Dicho comité está compuesto por el Instituto Tercera Misión, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Centro Salud Justicia, Municipio de Coamo, Municipio de Salinas, Municipio de Santa Isabel, Centro de la Mujer Dominicana, Casa Pensamiento de la Mujer, Envejecer en Armonía, Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Red de Albergues de Puerto Rico, Coordinadora Paz para la Mujer, Coalición de Coaliciones y Oficina de Administración de Tribunales.

El plan de acción y estrategias también establece que cada municipio debe tener una persona especializada para trabajar con las víctimas. Igualmente, reconocen que los municipios son vitales en la ayuda a las víctimas porque suele ser uno de los primeros lugares a los que acuden.

El plan fue desarrollado por el Hogar Nueva Mujer, ubicado en Cayey, gracias a $500,000 que recibió en fondos federales del Departamento de Justicia federal. La propuesta que creó el Hogar Nueva Mujer se llamó como Community Alliance to Provide Integrated Services to Victims of Sexual Assault (CAISS).

El plan elaborado no solo va dirigido a las víctimas de violencia de género sino también a las de agresión sexual violencia de parejas, y/o acecho en comunidades rurales. El proyecto, contó Rivera Sierra, tiene además de un equipo de respuesta comunitaria, servicios directos, dos intercesoras legales, estipendio para transportación, cuido de niños y servicios especializados para las víctimas. Los municipios de enfoque para el Proyecto son Coamo, Salinas y Santa Isabel. Es decir, en esos pueblos se intenta implantar el plan.

“Esto (el plan) puede ser replicable no tan solo a los municipios de Coamo, Santa Isabel y Salinas sino que puede servir como modelo de otros municipios. No hay que reinventar la rueda cuando ya se ha hecho el trabajo”, apuntó Rivera Sierra.

Dijo que es imperativo que cada municipio establezca una política pública para atender la violencia de género con prioridad.

“Este no es el tema de moda porque simplemente estén matando mujeres. Este es un asunto que requiere que movamos política pública. Y la política pública yo no la puedo mover como organización. Yo puedo recomendar”, aseveró Rivera Sierra.

De inmediato, lamentaron que uno de los tres municipios enfoque, Santa Isabel, no sea lo suficientemente colaborador.

“Ha sido un poquito cuesta arriba el municipio de santa Isabel”, sostuvo.

Apuntó que la mayor parte de los escollos con los municipios son de corte burocrático.

“Cómo es posible que una organización consiga $500,000 para dar servicios en unos municipios y que no podamos tener una reunión tan siquiera con un alcalde o con el ayudante cuando te estamos añadiendo servicios a tu municipio, estamos dándole servicios a las víctimas y no hemos podido hacerlo”, reveló Rivera Sierra.

“Parte del problema es la fragmentación de los servicios”, dijo la directora ejecutiva del Instituto Tercera Misión, Marizaida Sánchez Cesáreo.

Indicó que tienen una agenda una reunión con la Asociación de Alcaldes para hablar sobre este tema, pero con la Federación de Alcaldes no han logrado comunicación.

Preguntada sobre cuál municipio tiene implantado un sistema funcional para atender la problemática de la violencia de género, Sánchez Cesáreo respondió “Carolina”.

“Erradicar la violencia de género es una gestión que compete a todos los componentes de la sociedad y requiere una integración multisectorial. Para prevenirla tenemos que trabajar con la educación, la transformación social y seguir mejorando la respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad”, expresó por su parte la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.

La funcionaria tiene encaminada una academia para capacitar a 18 intercesoras legales para ayudar a las víctimas.

“Es importante que desde los municipios se vayan elaborando estas estrategias, pero no poner cualquier persona”, afirmó Rivera Sierra.


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