La jueza Bárbara J. Houser estrecha la mano a uno de los asistentes a la audiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se discutió la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal en octubre del año pasado. (Teresa Canino)

Barbara J. Houser, la jueza que encabeza el Equipo de Mediación de los Casos de Título III de Puerto Rico, ha tomado la presidencia del Instituto Americano de Bancarrota (ABI, en inglés), luego de que la junta de directores de la reconocida organización se reuniera la semana pasada.

Houser, quien preside la Corte de Quiebras del Distrito Norte en Texas, ha tenido a su cargo el proceso de mediación para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico que ordenó la jueza Laura Taylor Swain tras el pedido de bancarrota.

A la fecha, bajo la dirección de Houser, los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solo han llegado a un acuerdo para modificar la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). A finales del año pasado, luego de no lograr avances significativos, el grupo de jueces identificó varias de las controversias de derecho en torno a los derechos de los acreedores y sugirió a Swain llevarlas a juicio para agilizar la renegociación de la deuda de la isla.

La recomendación del Equipo de Mediación, que se produjo antes de los terremotos que afectaron el sur de la isla y la pandemia del coronavirus, sirvió cómo acelerante para que bonistas de Obligaciones Generales y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), suscribieran un nuevo pacto y que se sometió al tribunal en febrero pasado. El acuerdo -que a su vez sirvió de zapata para un plan de ajuste revisado del gobierno central- ahora ha quedado en un limbo por la pandemia.

Houser presidirá el ABI, considerado unas de las organizaciones de mayor prestigio en la discusión del Código de Bancarrota, los procesos de quiebra y su impacto en la actividad empresarial y económica, durante un año.

Según ABI, Houser se integró a la organización en el 2003 y antes sirvió como vicepresidencia del grupo de Subvenciones para Investigación y copresidenta como del Comité para la Resolución Alterna de Disputas.

Houser se integró a la judicatura federal en el año 2000 y antes de ello, fue abogada y accionista del estudio legal Sheinfeld, Maley & Kay PC en Dallas, Texas. Houser representó a Dow Corning Corp. en su proceso de bancarrota, uno de los casos más grandes radicados bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

La jurista también presidió anteriormente la Conferencia Nacional de Jueces de Bancarrota.


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