La legislación de Soto no solo ha sorprendido por descartar cualquier nuevo referéndum, sino por impulsar la plena anexión de la isla  solo 90 días después de aprobarse la ley. (GFR Media) (semisquare-x3)
La legislación de Soto no solo ha sorprendido por descartar cualquier nuevo referéndum, sino por impulsar la plena anexión de la isla solo 90 días después de aprobarse la ley. (GFR Media)

Washington - Aunque sea muy improbable que el proyecto del congresista Darren Soto se convierta en ley, expertos han advertido de los inmensos retos que tendrían Estados Unidos y Puerto Rico para armonizar en tres meses la transición del status de territorio a estado federado, como propone el legislador demócrata.

La legislación de Soto, boricua elegido por el distrito 9 de Florida, no solo ha sorprendido por descartar cualquier nuevo referéndum –principalmente porque el gobierno federal nunca ha consultado a los residentes de Puerto Rico sobre alternativas de status y ha habido dudas sobre los más recientes plebiscitos–, sino por impulsar la plena anexión de la isla por la vía rápida, solo 90 días después de aprobarse la ley.

Pasar del status de territorio a estado –sea el 51 o el 52, ante el hecho de que Washington D.C. ya está en fila– requiere de ajustes contributivos que tienen que hacer los gobiernos de EE.UU. y Puerto Rico, con implicaciones para sus presupuestos –en decenas de programas–, corporaciones, individuos e inversionistas.

En Washington D.C., donde ya se vota por el presidente de EE.UU. y se pagan contribuciones federales, el salto a la estadidad requeriría reconciliar muchas menos leyes y programas federales.

Pero, en el caso de Puerto Rico, el Congreso necesitará no solo decidir qué hacer con el tamaño de la Cámara de Representantes –que ahora es de 435 miembros, pero puede ser ampliado por ley–, sino también el momento de la incorporación de Puerto Rico al colegio electoral estadounidense, cuya estructura para 2020 está definida por el Censo de 2010.

Puerto Rico, bajo la población actual de cerca de 3.2 millones, tendría cuatro representantes en la Cámara baja, además de los dos senadores. Bajo el Censo de 2010, cuando se calculó la población en 3.8 millones de personas, tendría cinco congresistas.

Los expertos señalan que un proceso de admisión tan extraordinariamente rápido genera, a su vez, incertidumbre sobre el funcionamiento de la ley Promesa, que muchos ven como una especie de muralla frente a la posibilidad de un cambio de status.

La historia demuestra que se necesita un período de transición. No existe, en el 2019, la posibilidad de una ley que ipso facto declare a Puerto Rico un estado”, dijo el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Universidad Interamericana (Inter).

Kenneth Rivera Robles, CPA y presidente de la Cámara de Comercio, apuntó que el gobierno de Puerto Rico, en una transición hacia la estadidad, lo primero que requerirá es “cambiar el Código de Rentas Internas”.

“La tasa de Puerto Rico está pensada en que pagas predominantemente impuestos al gobierno puertorriqueño, no al federal. Tienes que hacerlo a la brevedad. Cuando cambias el Código, debes hacerlo efectivo al comenzar el año (calendario)”, dijo Rivera.

Los beneficios de las empresas estadounidenses que hacen negocios como corporaciones de control foráneo (CFC) –que les permiten mantener una tasa contributiva más baja mientras mantengan sus ganancias fuera de EE.UU.– terminan.

También supone un cambio en las reglas de juego para los que han establecido en Puerto Rico empresas dedicadas a la exportación a través de la Ley 20 o los que se han mudado a la isla para evitar las contribuciones federales y hacer uso de los beneficios de la Ley 22, sostuvo Rivera Robles.

Para el profesor de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Carlos Colón de Armas, el proceso de transición no debe ser tan complejo.

El status es un asunto de derechos humanos. La forma en que enmarcamos (el debate) suele ser económica y cualquier problema económico puede postergarse. Si lo enmarcamos como un derecho humano, nadie puede decir que se debe postergar”, dijo Colón de Armas, tras participar ayer de un foro junto a otros panelistas estadistas en la Universidad de Georgetown.

Para la coalición Agenda Nacional Puertorriqueña –que reúne a más de 30 grupos de la diáspora–, la legislación del demócrata Soto, apoyada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y coauspiciada por la comisionada Jenniffer González, está a destiempo, es inválida, refleja mala asesoría y es antidemocrática. “De ser aprobado, el proyecto 1965 –el número de la legislación– impondría la estadidad a Puerto Rico en un período de 90 días que es irreal e irrazonable”, indicó la coalición.

Ante las críticas, Soto ha señalado que el período de transición está sujeto a revisión.

Pero, si en algo Soto ha sido consistente, pese a la histórica baja participación del plebiscito local de 2017 (23%), el boicot de los partidos de oposición y la falta de validación de la medida por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., es que esa consulta –en la que la estadidad obtuvo el 97% de los votos– debe ser considerada suficiente.

Soto indicó que este es un asunto de “democracia e igualdad”. En su hoja de ruta para Puerto Rico, la cual actualizó días antes de la presentación de su legislación, Soto aboga por reducir la deuda pública, suavizar Promesa, pleno acceso a Medicaid y otros programas, pero no incluyó la propuesta de admisión de estadidad.

“Parece evidente que (los auspiciadores) no tienen como propósito que Puerto Rico sea admitido como estado en 90 días, sino generar una discusión política”, dijo Ramos González.

Ramos González destacó “la extraordinaria incertidumbre legal” que la propuesta, si tuviera posibilidades de aprobación, crearía sobre la ley Promesa y la reestructuración de las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico, por las que la que un estado no puede declararse en quiebra.

El gobierno de Puerto Rico tiene una deuda de obligaciones generales que ronda los $17,000 millones. El resto de la deuda, sin Promesa, puede reestructurarse a través del capítulo 9 de la Ley federal de Guiebras, de la cual fue excluida la isla en 1984.

“Genera tanta confusión que no es un proyecto serio”, sostuvo Ramos González.

El profesor Ramos González indicó que, en teoría, la Constitución del “Estado Libre Asociado” podría seguir vigente –como reconoce la legislación– en un proceso de transición, pero puede requerir cambios menores que estarían sujetos a tener una mayoría estadista leal a la propuesta de admisión, con dos tercios de los escaños, como ahora, en la Legislatura.

Con respecto a una admisión sin que el gobierno federal haya consultado nunca a Puerto Rico, Ramos González consideró que el argumento se hace a base de los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios. No cree que pueda haber un reclamo más fuerte de un elector, en el sentido de que no fue consultado por el gobierno federal, al otro día de imponerse la estadidad.

Aunque advirtió que constitucionalmente puede ser un área gris, el abogado Gregorio Igartúa hijo piensa que para cumplir con el derecho a la libre determinación, el Congreso tendría que reconocer los pasados plebiscitos criollos celebrados en la isla.

El proyecto de Soto alude directamente al plebiscito de 2017, del cual fue observador.

Diversos caminos

Cuando la comisionada González propuso su primer proyecto de admisión de Puerto Rico, en enero de 2017, planteó un proceso de transición que culminaría en enero de 2025.

En su segundo proyecto, de junio de 2018, sugirió un camino distinto, al pedir primero la incorporación de Puerto Rico como territorio y entonces crear un Grupo de Trabajo del Congreso que examinara los cambios de leyes que se requieren para convertir a Puerto Rico en el estado 51.

En noviembre pasado, la comisionada González y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares habían acogido la recomendación del republicano Rob Bishop (Utah), para volver a conversar con el Departamento de Justicia de EE.UU. en busca de un plebiscito criollo “estadidad sí o no” cuya papeleta electoral –a base de una ley federal de 2014– sea certificada por el secretario de Justicia federal.

El abogado Gregorio Igartúa padre insistió en que la alternativa real a corto plazo para el movimiento estadista es convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado. “El mejor paso no es pedir la estadidad”, dijo Igartúa padre, quien durante décadas ha llevado casos judiciales en busca de reclamar que se permita a los residentes de la isla elegir congresistas y votar por el presidente de EE.UU.

En la Cámara baja

Hace unas semanas, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un lenguaje –promovido por la delegada de las Islas Vírgenes, la demócrata Stacey Plaskett (Islas Vírgenes)– que impulsa crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios que deben adoptarse para garantizar la participación de los territorios, como Puerto Rico, en la elección del gobierno federal.

Ese lenguaje está incluido en un proyecto de reforma electoral, que no se prevé que avance en el Senado, pero que también agregó una expresión de apoyo a la estadidad para Washington D.C.

El proyecto formal a favor de la estadidad para gran parte de la capital estadounidense va a ir a votación en algún momento de este año, según ha prometido la speaker Nancy Pelosi.

En octubre pasado, el gobierno de Donald Trump expresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los plebiscitos de 2012 y 2017 no reflejaron un consenso. Trump ha rechazado la estadidad para la isla.

En el Senado, la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), tampoco ha visto consenso en los plebiscitos de 2012 y 2017.

Mientras, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva, no tiene el debate de status entre sus prioridades y, aunque piensa que el apoyo a la estadidad ya es mayoría en la isla, ha advertido que esa alternativa de status no puede avanzar a base del plebiscito de 2017, debido a la baja participación.

A nivel federal, Grijalva –quien puede darle una audiencia al proyecto de Soto– ha indicado que cualquier plebiscito debe incluir todas las alternativas de status.

En Twitter, el pasado fin de semana, el senador demócrata Brian Schatz (Hawai) afirmó que la propuesta de estadidad debe ser “una de nuestras más altas prioridades del próximo Congreso”, para la sesión de 2021 a 2022.


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