En la foto, el representante Eddie Charbonier Chinea quien preside la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud. (GFR Media)

El informe rendido el lunes por la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud sobre el progreso del proyecto de vivienda Viewpoint incluye referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor, pero no se refieren personas específicas y tampoco se detallan delitos.

En el informe, a ser debatido en la sesión legislativa de mañana y firmado por el presidente de la comisión, el novoprogresista Eddie Charbonier, se hace un recuento del tracto contractual por los pasados 16 años entre el desarrollador Eduardo Nevares Chaulón, de la firma Nevares & Villavicencio con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La investigación, que incluyó la celebración de múltiples vistas públicas, una de estas en que participó Nevares Chaulón, concluyó que el empresario violó contratos con la ACT al subarrendar parcelas -una propiedad pública- para estacionamiento (Universidad Politécnica y rodaje de una película) y por las cuales ha pagado a plazos con varios señalamientos de deudas acumuladas y sin construir la obra prometida.

En el caso de la universidad, pagó entre el 2007 y el 2018 un total de $380,534.13 para usar el lote como estacionamiento, cuando el contrato prohíbe el subarrendamiento, concluyó la Cámara.

“Hay unos incentivos locales y un manejo del DTOP del proyecto. Esta investigación no detuvo el proyecto. El proyecto pudo haber comenzado mañana, pero van al parking y tienen la parcela abandonada todavía. Si es un proyecto que es tan bueno y cuenta con todo, no ha comenzado”, dijo Charbonier.

En declaraciones escritas, Nevares Chaulón indicó que recibieron el informe y que es evaluado por sus asesores.

El proyecto de vivienda ViewPoint at Roosevelt, ha cumplido con todos los procesos de ley y tiene todos los permisos requeridos para su desarrollo. Desde el inicio, en el proceso de licitación de la parcela, cumplimos con los requisitos establecidos de desarrollo de un proyecto residencial con una mejor oferta financiera, requisitos que no pudo cumplir el otro licitador. Desde entonces, hemos continuado el proceso de permisología de acuerdo a Derecho y cumpliendo con todas las Reglas y Reglamentos aplicables. Es importante señalar que, durante todo el proceso de obtención de permisos, las entidades reguladoras han evaluado todos los méritos del proyecto, así como los argumentos presentados por terceros. Si estas entidades, incluyendo la Iglesia Sendero de la Cruz, no estaban de acuerdo, siempre han tenido la oportunidad de recurrir al foro judicial o administrativo, derecho que han optado por no ejercer. ViewPoint at Roosevelt suple la inminente necesidad de vivienda de alquiler para la clase trabajadora con ingresos moderados, conocido como “workforce housing”, especialmente luego del paso del Huracán María”.

También dijo que el proyecto "ha sido consistentemente avalado por múltiples administraciones del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la presente".

"El proyecto ha pasado por el crisol de múltiples entidades públicas en la isla. Entre ellas, ha estado sujeto a procesos competitivos y adjudicativos en la ACT bajo el “Joint Development Program” dirigido a aumentar la densidad residencial y comercial en áreas cercanas a las estaciones del Tren Urbano, así como en la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, bajo el programa federal de “Low Income Housing Tax Credits”, lee el escrito. 

Según Nevares, las condiciones de bienes raíces en la isla desde que comenzó a gestarse el proyecto en el 2004 han cambiado y de un proyecto diseñado mayormente para familias de clases media fue modificado para que cumpliera con el programa “Low Income Tax Credits”. 

El cambio fue autorizado por la ACT.

En una conferencia de prensa esta mañana los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Luis Raúl Torres Cruz alegaron que el informe dejó sobre la mesa más interrogantes que respuestas. A su vez, levantaron bandera sobre la falta de transparencia del informe 

“Durante las pasadas semanas, tanto Eddie Charbonier como el presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez insistieron en las irregularidades en el proceso de contratación y permisos en el proyecto de viviendas Viewpoint en Hato Rey, destacando la intervención del excoordinador de revitalización de la Junta, Noel Zamot y del ex secretario de Estado, Pedro Pierluisi en esta investigación cameral. Sin embargo, en el informe de 53 páginas que presentó Charbonier no hace ni una sola mención o listado específico de delitos o acciones ilegales por alguno de estos dos funcionarios”, expresó Hernández. 

El portavoz del PPD en la Cámara dijo que “lo único que reveló este informe fue que no se pagó por un terreno, que se subarrendó, que había un acuerdo confidencial y que no comparten el criterio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para darle la clasificación de Proyecto Crítico”, dijo.

“No podemos olvidar, que fue el Presidente de la Cámara quien increpó a Pierluisi en medio del proceso de vistas públicas para confirmarlo como secretario de Estado, señalando que este intervino como abogado-cabildero en una investigación en curso de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital, presidida por Eddie Charbonier, en relación con el proyecto Viewpoint, razón que utilizó para votarle en contra. No obstante, este acontecimiento no forma parte de este informe, ni el hecho de que Charbonier votó a favor del nominado a pesar de los señalamientos e irregularidades”, añadió. 

Charbonier ha dicho que votó a favor de Pierluisi para el cargo de Secretario de Estado porque le contestó todas sus preguntas y quedó satisfecho.

La pesquisa cameral concluyó que, en el 2016, el exsecretario del DTOP le otorgó a Nevares Chaulón un contrato categorizado como “privilegiado y confidencial”. La pesquisa también cuestiona los criterios utilizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para designar el complejo de vivienda que, con el paso de los años, pasó a ser un complejo de vivienda de interés social de su concepto original de condominio de lujo. La designación de la JSF les permite a sus desarrolladores obtener los permisos, tanto locales como federales, de manera expedita.

“Este tipo de actitud por parte de empresas que buscan obtener ventajas de propiedades públicas, lucro u otros beneficios, sin hacer la aportación de rigor a la sociedad, no puede continuar permitiéndose por las instituciones públicas puertorriqueñas”, reza la pesquisa. “Nuestro objetivo es que ambas entidades investigadoras de nuestro gobierno (Justicia y la Contraloría) puedan darle continuidad investigativa, según sus respectivas facultades y deberes, para que se profundice sobre la posibilidad de conductas delictivas de algunos de los funcionarios públicos y personas del sector privado involucrados en todo el proceso”.

Charbonier también recomienda que se investigue si hubo un menoscabo al erario por ingresos dejados de recibir. El representante por el distrito 1 de San Juan dijo el lunes que la directoria de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, ya mostró interés en la pesquisa y se lo dejó saber mediante carta.

En la relación de hechos de la investigación se establece que, como resultado del desarrollo del Tren Urbano, la ACT puso a la venta varias parcelas alrededor de las estaciones de tren para desarrollarlas. A Nevares & Villavicencio se le adjudicó la parcela en cuestión en el 2003 a un costo de $4.6 millones. Durante las vistas públicas trascendió que el contrato se firmaría en el 2006, cuando se realizaría el desembolso, asunto que nunca ocurrió.

Nevares Chaulón ha planteado que la crisis hipotecaria del 2007 afectó su capacidad de financiamiento y ya para el 2008 estaba solicitando a la ACT extensiones de tiempo para poder cumplir con la construcción del desarrollo. Ya para el 2 de septiembre de 2009 la deuda acumulada alcanzaba $10,500. Señala Charbonier que, a pesar de que el contrato suscrito con la ACT no permitía la compensación al contratista por gastos reclamados, el DTOP sí los reconoció en el 2009 y de una renta original de $15,000 mensuales la redujo a $1,500.

El 15 de mayo de 2012 el exsecretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat canceló los contratos con Nevares & Villavicencio por incumplimiento de contrato, por no haber edificado a obra y por falta de pago. Trece días más tarde, el DTOP le envía una carta a Nevares Chaulón ordenándole que desalojara el lugar y que tenía una de deuda de $344,791.50.

Nunca abandonó el lugar.

En otra carta reseñada en el informe de Charbonier, esta vez del 25 de febrero de 2015, se le indicaba a Nevares Chaulón que tenía una deuda de $116,070 acumulada entre febrero de 2009 y febrero de 2015.

Sin embargo, el 17 de julio de 2015 se llega a un acuerdo entre la ACT y Nevares en que se acepta un pago de $3,000 y la ACT propuso que se acordara un plan de pago por un año del monto adeudado. Un día antes, Nevares Chaulón envió una carta al DTOP reclamandounos gastos por remodelación que totalizaban $500,000.

No se precisa si esos $500,000 fueron desembolsados.

Un año después, el 20 de septiembre, el Municipio de San Juan le otorgó $881,044 como “incentivo” a Nevares & Villaviencio bajo el programa Home. Para esa fecha, el concepto del condominio había cambiado a uno de bajo costo.

El 22 de septiembre de 2016 el DTOP le extiende una renovación de un acuerdo transaccional. Este fue el contrato declarado “privilegiado y confidencial”. El contrato original estaba vencido y cancelado desde el 15 de mayo de 2012 por el DTOP.

Charbonier y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez habían revelado a la prensa sobre las presuntas presiones de miembros de la JSF para que el cuerpo legislativo detuviera la pesquisa y en el informe se alude a una reunión el 28 de junio de 2018 entre el excoordinador de Revitalización del ente fiscal, Noel Zamot, Rosemarie Vizcarrondo, entones jefa de personal de la JSF; Méndez y Charbonier. Se indica en el informe que Vizcarrondo advirtió que la investigación ponía en peligro el financiamiento del proyecto. Además, Vizcarrondo y Zamot insistieron en los poderes de la JSF y cómo, ni el Gobernador ni la Legislatura podían ejercer control o supervisión de sus actividades.

Un día antes, el 27 de junio de 2018, la JSF declara a Viewpoint un proyecto crítico. El 25 de junio de 2018 el excomisionado residente Pedro Pierluisi y abogado del bufete O’Neill & Borges, que también fue contratado por Nevares Chaulón, visitó a Méndez a su oficina. El líder cameral dijo que interpretó la visita como un intento por detener la pesquisa.

Charbonier indicó que nunca le quedó claro qué criterios utilizó la JSF para designar el proyecto como crítico. No obstante, dijo que su "teoría" es que fue designado como tal ya que José Vizcarrondo Carrión, el hermano de la exjefa de personal de la JSF, Rosemarie "Maí" Vizcarrondo, es socio del desarrollador Nevares Chaulón.

Charbonier plantea en el informe que la JSF erró, al ampararse en una ley aprobada en el 2000 tras el paso del huracán Georges, que permite acelerar los trámites de permisos para ciertas obras siempre y cuando medie una declaración de emergencia del gobernador. Charbonier señala que la JSF definió un proyecto crítico como uno identificado bajo las disposiciones de un título de la Ley Promesa también y que está relacionado “con la atención a una emergencia, cuya aprobación, consideración, autorización e implementación será agilizada y simplificada según el proceso reglamentario bajo la Ley 76…”.

“Es importante cuestionar hasta qué grado en Puerto Rico existe una crisis de vivienda, que deba ser catalogada como una emergencia al amparo de la Ley 76-2000”, lee la investigación firmada por Charbonier, quien recordó que Ley Promesa dispone que quien sea elegido para desarrollar un proyecto crítico “deberá tener disponibilidad inmediata de capital privado u otros fondos, incluyendo garantías de préstamos o subvenciones para implementar, operar o mantener el proyecto”.

Sin embargo, Charbonier hizo notar cómo Vizcarrondo le dijo a él y a Méndez que el financiamiento del proyecto era puesto en peligro por la pesquisa cameral.


💬Ver 0 comentarios