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Lucía Zoé Martínez López, exestudiante de la UPR, que ofreció testimonio sobre una alegada agresión de sexual de parte de un profesor. (Vanessa Serra Díaz)

“Durante mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, no tuve paz”.

Así comenzó el relato de Lucía Zoé Martínez López, egresada del Recinto de Río Piedras de la UPR, sobre la agresión sexual que alega sufrió por un exprofesor del primer centro docente del país.

“Debido a la situación de violencia sexual que viví en el 2014, profesores y estudiantes de esta universidad comenzaron a hacer burlas de mí, me humillaron en un salón de clases y en librerías”, manifestó este viernes en una vista pública en el campus riopedrense ante la Comisión Especial del Senado para Investigar los Protocolos sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en el Empleo en el Gobierno.

Río Piedras es el octavo campus de la UPR que visita la Comisión Especial senatorial, presidida por Zoé Laboy Alvarado, en torno a la Resolución del Senado 919, de la autoría de la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el senador independiente José Vargas Vidot.

Durante la vista, Martínez López relató que el exprofesor de Literatura Comparada Guillermo Rebollo Gil se habría aprovechado de su estado de embriaguez para agredirla sexualmente. El mes pasado, la egresada denunció el presunto delito en un video colgado en redes sociales. 

A mediados de marzo, la UPR abrió una investigación sobre las denuncias de la egresada.

Ante el testimonio de Martínez López, Rebollo Gil sostuvo en declaraciones escritas enviadas este viernes que no agredió sexualmente a la egresada y que no ha tenido contacto sexual con ella.

“Yo no agredí sexualmente a Lucía Martínez. No he tenido contacto sexual de ningún tipo con Lucía Martínez. Desconozco el origen de y los motivos para semejante denuncia”, acotó. “Fui el primero en acudir a la Universidad de Puerto Rico con la información de esta alegación en mi contra. Alerté a todos mis superiores y a los funcionarios pertinentes en dicha institución. Solicité una investigación y voluntariamente presté una declaración jurada”, agregó.

“Luego de cerca de dos meses de ataques inmerecidos en redes sociales, espero que ahora —con la intervención de la comisión senatorial— este asunto se pueda finalmente atender con el rigor que merece y en los foros pertinentes”, concluyó.

Durante su testimonio en la vista pública de este viernes, Martínez López narró que tras la presunta agresión, sufrió un “blackout” o periodo en que no recordaba lo sucedido, por lo que no fue hasta el verano de 2016 que recordó el incidente. Relató, además, que fue víctima de burlas que afectaron detrimentalmente su autoestima y que otros profesores comenzaron a hacer “acercamientos y comentarios incómodos”.

“Ya la culpa estaba en mí desde el recuerdo de las burlas y los insultos que finalmente entendía. Estas burlas afectaron mi manera de relacionarme con otros, además de mi capacidad de concentrarme en la universidad”, dijo.

“Llegué a encerrarme por casi un año sin salir a actividades de la universidad o del gremio de la poesía para evitar recibir insultos y burlas”, añadió.

Martínez López explicó que acudió a una trabajadora social del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (Dcode) y que, al hablar sobre el incidente, la doctora presuntamente se negó a dirigir a la entonces estudiante a las oficinas pertinentes para formular una queja.

Tras el testimonio de la egresada, la senadora Laboy Alvarado ofreció llevarla al Departamento de Justicia para que sus denuncias fuesen investigadas más allá de un nivel administrativo. 

El recinto de Río Piedras cuenta con una Oficina de Cumplimiento y Auditorías, que posee un componente de Título IX y un componente de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, explicó la licenciada Edith González Milán, oficial de cumplimiento de Título IX en la universidad.

“El Título IX es una ley federal que prohíbe el discrimen por razón de sexo en los programas y actividades educativas en las instituciones de enseñanza de todos los niveles que reciben fondos federales”, señaló González Milán.

La licenciada indicó que la institución cuenta con la Certificación 130 de la Junta de Gobierno 2014-2015, conocida como la Política Institucional contra la Hostigamiento Sexual en la UPR.

“Esta política rige la presentación, investigación y adjudicación de quejas y querellas por alegados actos de hostigamiento sexual y actos de represalias llevados a cabo por miembros de la comunidad universitaria o visitantes contra estudiantes, empleados, personal docente, contratistas o personas que acuden laUPR para recibir servicios de orientación”, detalló.

González Milán precisó que ella es la única funcionaria que investiga las quejas sobre hostigamiento y agresión sexual en el campus riopedrense.

Según la abogada, desde el 2017 al presente, se han recibido 41 quejas relacionadas con alegadas conductas de hostigamiento sexual y cinco de agresión sexual para un total de 46 denuncias. De esta suma, 28 están cerradas y 18 se encuentran activas.

Ocho de estas quejas, detalló, se recibieron en los meses de febrero, marzo y abril de este año.

“El tiempo en el que se resuelven estas quejas sobre hostigamiento sexual y agresión varía por muchos factores. En la etapa de investigación informal, hay que citar testigos, tomar declaraciones juradas y preparar informes, los cuales se atrasan si no comparecen las personas indispensables para el proceso”, señaló González Milán, quien aseguró que se citan ambas partes y se tratan por igual.

Según Martínez López, en su caso, no se ha se presentado querella administrativa porque al momento la Coordinadora de Título IX, González Milán, no tenía certificación de si el profesor Rebollo Gil continuaba siendo empleado delsistema.

La licenciada González Milán explicó que Rebollo Gil no labora actualmente en el recinto riopedrense, pero aún espera por una certificación de los demás campus para confirmar si es profesor en otra unidad.

Indicó, no obstante, que la universidad no tiene jurisdicción “sobre un empleado que no es nuestro”. Aun así, procederá con una investigación interna, pues hay otras partes de la institución, como profesores y Dcode, involucrada. La queja se encuentra en la etapa de citación de testigos, detalló.

Por su parte, Luis A. Ferrao, rector interino del recinto de Río Piedras, recalcó que la institución trabaja activamente a través de campañas mediáticas y talleres para informar a la comunidad universitaria, compuesta por unos 14,000 estudiantes y cerca de 3,000 docentes y no docentes, sobre el hostigamiento y la agresión sexual.

“Estamos más que dispuestos a acoger todas las sugerencias que nos ayuden a seguir luchando por tener un recinto libre de todo incidente de violencia sexual en cualesquiera de sus modalidades”, aseveró.

Al concluir la vista, la legisladora Laboy Alvarado elogió las políticas institucionales que observa la administración del recinto para atender casos de hostigamiento y agresión sexual, aunque reconoció que falta mucho por hacer para atender el problema. 

“Felicito al rector Luis A. Ferrao y a su equipo de trabajo por el protocolo que tienen en este recinto y por la manera cómo, según me han explicado, atienden este tipo de situaciones”, dijo. 

Sin embargo, a juicio de la senadora, los protocolos de hostigamiento y acoso sexual del sistema UPR requieren cambios de contenido.

“Por eso es que la pieza legislativa incluiría un mínimo de requisitos que ese protocolo tiene que tener”, detalló.

La Resolución del Senado 919 establece que la Comisión debe someter un informe dentro de un periodo de seis meses, que vencerá próximamente. La senadora aseguró que solicitará más tiempo para completar la investigación.

Los campus que la Comisión aún no ha visitado son el Recinto de Ciencias Médicas, Mayagüez y Ponce.

Las vistas en torno a la medida continuarán el 8 de mayo en el Recinto de Ciencias Médicas.


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