La ley daría un alivio a los municipios que han recibido recortes por la aprobación de los planes fiscales. (GFR Media)

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) Natalie Jaresko informó hoy, martes, que no llevan a cabo negociación alguna asociada a la impugnada Ley 29 del 2019, que alivia económicamente a los ayuntamientos.

De este modo, Jaresko contradijo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien el año pasado aseguró que estaba negociando una solución fiscal para los aprietos económicos que de las alcaldías.

En días recientes, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) afirmó que incluiría el tema en un nuevo borrador de plan fiscal que someterían ante la Junta a finales de enero, asunto que todavía no se ha concretado.

“No hay negociaciones. Estamos esperando por la corte”, dijo Jaresko durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia sobre un programa de internado de estudiantes en el Registro de la Propiedad.

Los planes fiscales que se han aprobado desde que se creó la Ley Promesa incluyen recortes severos en las transferencias del gobierno central a los municipios. Esto puso en riesgo a sobre una treintena de pueblos cuyos presupuestos dependen en más de una tercera parte en el gobierno central.

Para atender este asunto, el gobierno creó la Ley 29 para eximir a las alcaldías de las aportaciones al sistema “PayGo” que financia los cheques que reciben los retirados del servicio público, y al Plan de Salud del Gobierno, operado en los últimos años bajo el nombre Vital.

La ley, sin embargo, fue impugnada por JSF porque incumple con los parámetros establecidos en el plan fiscal. La juez federal Laura Taylor Swain, que preside sobre los casos de bancarrota territorial bajo la Ley Promesa, todavía no ha decidido el pleito.


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