Maldonado advirtió que en momentos en que su municipio hay más de 100 casas que aún dependen de los toldos azules de FEMA. (GFR Media)

Washington - La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, solicitó hoy a miembros del Congreso que legislen para permitir que los alcaldes puedan manejar una porción de los cerca de $20,000 millones que se han asignado a Puerto Rico a través del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Junto al senador José Nadal Power, como ella del Partido Popular Democrático (PPD), Maldonado tuvo reuniones con asesores de los senadores republicanos Lisa Murkowski (Alaska) y Roger Wicker (Misisipi), del senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), y del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

Murkowski es la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.

En las reuniones, Maldonado advirtió que en momentos en que su municipio hay más de 100 casas que aún dependen de los toldos azules de FEMA, “no se ha recibido un solo centavo de esos fondos” CDBG-DR ni conocen que haya alguna intención del gobierno central de Puerto Rico de destinar alguna parte de ese dinero en su pueblo.

Por meses, varios alcaldes han expresado alarma de que todo el dinero CDBG-DR sea administrado por el gobierno central. Históricamente, suelen ser los municipios los que manejan los fondos regulares CDBG, un programa adscrito al Departamento de Vivienda federal (HUD).

“Todos los alcaldes tenemos un censo de los problemas que tienen nuestros ciudadanos. Somos la primera línea de fuego para conocer las necesidades del pueblo”, dijo Maldonado.

Hasta el momento, sostuvo Maldonado, la única asistencia del gobierno federal que ha recibido su municipio son cerca de $2 millones en reembolsos, para pagar a los contratistas que recogieron los escombros que dejó el huracán María.

El gobierno federal autorizó el desembolso de $1,507 millones en fondos del programa CDBG-DR. De esos, según la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el gobierno ha utilizado unos $236 millones.


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