(GFR Media)

La Cámara de Representantes aprobó hoy, por encima de ciertas objeciones del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), una Resolución Conjunta del Senado que ordena crear un programa de incentivos para el pago de deudas, liberando desembolsos sobre intereses, recargos y penalidades.

En la misma sesión de hoy se aprobó otra Resolución Conjunta del Senado para asignarle $5 millones adicionales a la Corporación para la Promoción y el Mercado del Destino de Puerto Rico, conocido también como el DMO.

Con enmiendas introducidas por la Cámara a ambas medidas, estas vuelven al Senado, que podría aceptar o no los cambios.

En el caso de la amnistía del CRIM, los municipios se podrán a acoger al programa de manera voluntaria.

La resolución dispone que la amnistía estará vigente para ser reclamada por un plazo de 90 días luego de firmada por la gobernadora Wanda Vázquez y aplicaría a toda deuda que se pague en su totalidad y tenga más de cinco años de antigüedad. Los planes de pago podrán durar hasta el 31 de diciembre del 2020. Si la deuda no se salda para esa fecha, se restituirán los intereses, recargos y penalidades.

Con enmiendas solicitadas por el CRIM, se eliminó la opción del descuento del 10% sobre el principal. El plazo para pagar la deuda era de cuatro años en la versión del Senado y se redujo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, también por petición del CRIM.

El Senado incluyó en la exposición de motivos de la resolución, radicada por petición, que el CRIM arrastra en sus libros una deuda por cobrar de $2,300 millones.

En el informe se consigna que el CRIM no favoreció la medida al sostener que este tipo de programa desincentiva a los contribuyentes a pagar a tiempo, lacera la confianza de los contribuyentes que sí pagan a tiempo y que el propósito de los intereses y recargos es servir de disuasivo para esa conducta. La dirección del CRIM también planteó que establecer esta amnistía a dos años del paso del huracán María y a poco tiempo de los sismos del suroeste podría desmotivar a contribuyentes a que cumplan con su obligación.

También cuestionóel CRIM por qué la amnistía discrimina contra contribuyentes que residan en municipios cuyos gobiernos decidan no acogerse al programa y que solo la ley orgánica del CRIM autoriza a condonar intereses y penalidades, no así deudas sobre el principal. Igualmente sostuvo que los programas computadorizados en el CRIM no permiten que se ponga en vigor el plan de descuentos en el tiempo que requiere la resolución, que es de 30 días. Con una enmienda, se incluyó que la amnistía entrara en vigor una vez se apruebe la reglamentación requerida.

“El CRIM reitera que esta Resolución Conjunta tiene un impacto directo y negativo sobre los planes de trabajo presentados por el Plan Fiscal del CRIM”, reza las expresiones de la Junta del CRIM.

De otra parte, la Cámara dio paso, aunque con enmiendas, a la Resolución Conjunta del Senado que ordena la asignación de $5 millones al DMO.

El dinero saldría de un fondo de pareo ya establecido en el DDEC y se utilizaría exclusivamente para promoción y mercadeo del destino. La Cámara introdujo una enmienda para prohibir que el dinero adicional se use para gastos administrativos o de personal.

El representante Ángel Matos García tuvo que demandar a la gerencia del DMO para tener acceso a ciertos documentos de la organización, que opera con fondos públicos. El legislador le ha imputado a la dirección del DMO múltiples gastos extravagantes como la compra de muebles y gastos de remodelación de oficinas.

Al oponerse a la medida, Matos dijo que el DMO es conocido por “salarios de lujo y bebelatas” y la describió como una organización “cuasicriminal”. Al recordar que un proyecto con que se buscaba asignarle al DMO $10 millones fue engavetado en la Cámara, dijo que durante las vistas públicas de esa medida representantes del DMO reconocieron que la organización recibiría entre $8 millones y $25 millones de fondos CDBG-DR.

“Ahora, sin vistas, sin un informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara, aprueban esto y se desconoce si esos fondos están disponibles”, dijo Matos.

El representante independentista Denis Márquez también se opuso al insistir que la medida es el “resultado de la privatización de las funciones del gobierno de Puerto Rico”.

“El DMO se ha convertido en el destino de muchos fondos públicos para llevar a cabo actos que dan vergüenza al país”, dijo.

Igualmente. el representante independiente Manual Natal consignó su oposición al señalar se trata de un “robo al pueblo de Puerto Rico”.

Acto seguido, acusó a los miembros de la Junta del DMO, Federico Stubbe, hijo, John Borschow y Alberto Escudero.

“¿A esas personas les damos $5 millones de fondos públicos para promocionar Puerto Rico? Eso es un robo”, dijo.

El representante penepé José “PIchy” Torres Zamora argumentó que el dinero asignado “no es nuevo”, al referirse a que el DMO tendría acceso a este si tuviera los recursos para parearlo.

Acto seguido indicó que la crisis de los terremotos hace aún más necesario la inversión en la promoción de Puerto Rico como destino turístico.


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