Los posibles efectos adversos de los imprevistos cambios a la ley notarial en Puerto Rico, aprobados durante el cierre de la pasada sesión ordinaria legislativa, marcan la urgencia de un diálogo entre el gobierno y la comunidad de la economía de los bienes raíces, que de un día para otro ha quedado sujeta a adicionales trámites burocráticos complejos y onerosos.
