La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. (GFR Media)

La Junta de Supervisión (JSF) parece estar dispuesta a regresar a los tribunales si la Legislatura da paso a la resolución conjunta del Senado que crearía una amnistía en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

En una carta enviada ayer a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los líderes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que el organismo fiscal se opone a la aprobación de la resolución conjunta del Senado 473 y agregó que se “reserva sus derechos” bajo la ley federal Promesa para tomar las acciones que entienda necesarias.

Al presente, tanto la JSF como el gobierno esperan por la decisión de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, en torno al pedido del organismo fiscal para anular la Ley 29, estatuto aprobado el año pasado por el gobierno y que libró a los municipios de las aportaciones al sistema de pensiones “PayGo” y a la reforma de salud.

De acuerdo con la misiva, mientras las mejores prácticas de administración pública requieren el análisis financiero y presupuestario de lo que quiere legislarse y consultar a las partes afectadas, la propia resolución conjunta -que libraría del pago de intereses y penalidades a deudores morosos- establece que los alcaldes no han llegado a ningún acuerdo para adoptar algún programa de incentivos que promueva el pago de lo adeudado por miles de contribuyentes.

Según la resolución conjunta 473, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, aparte de la exención del pago de intereses o penalidades, la amnistía también otorgaría un descuento de 10% en el principal adeudado bajo ciertas cuantías y condiciones.

El CRIM cobra los impuestos a la propiedad inmueble, equipos, maquinaria e inventarios en nombre de los ayuntamientos. De esos recaudos se paga la operación de los municipios, pero también los préstamos que estos han tomado. La dependencia se opuso a la medida.

Según la misiva, el CRIM mantiene en libros unos $881 millones en impuestos por cobrar entre los años fiscales 2013 y 2017. Desde la perspectiva de la JSF, el CRIM debe tener la oportunidad de cobrar cuanto pueda de esa acreencia.

La Junta de Supervisión Fiscal rechaza la amnistía en el CRIM by El Nuevo Día on Scribd

En perjuicio del contribuyente responsable

Empero, en la carta, Jaresko plantea la imposición de penalidades por impuestos no pagados es un mecanismo para “penalizar” un comportamiento que sería negligente o criminal.

“Como resultado, los programas de incentivos, como el propone la resolución conjunta del Senado 473, desaniman a los contribuyentes responsables que cumplen con la ley, que cumplen con sus obligaciones a tiempo y afecta negativamente la confianza de estos en el sistema contributivo”, reza la carta de Jaresko.

El pasado 18 de febrero, El Nuevo Día reveló que el Senado de Puerto Rico vio y aprobó -en un solo día- la resolución que ahora objetado la JSF. Entonces, el organismo fiscal indicó a este diario que desconocía de la medida legislativa. La resolución tendría el efecto de enmendar la ley orgánica del CRIM sin que la gobernadora tenga que firmar una ley a esos efectos. La medida tendría una vigencia de unos 90 días.


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