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“La Junta reconoce las dificultades implícitas en estas decisiones de política, así como el largo camino hacia el regreso de la UPR a la estabilidad fiscal”, reza la carta de Carrión (horizontal-x3)
“La Junta reconoce las dificultades implícitas en estas decisiones de política, así como el largo camino hacia el regreso de la UPR a la estabilidad fiscal”, reza la carta de Carrión. (Ramón “Tonito” Zayas)

Mientras el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha asegurado que no dará paso a los nuevos requisitos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en lo que atañe a la reforma laboral y la reducción en las pensiones de los empleados públicos jubilados, el organismo federal concluyó que los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tampoco puede ser certificados a la luz de la ley federal Promesa.

En dos cartas separadas, con fecha del pasado miércoles 28 de marzo, pero divulgadas por la Junta este domingo, el presidente de la Junta, José B. Carrión, indicó a Rosselló Nevares que, en esencia, el plan de la UPR tendrá que rehacerse en su totalidad, pues urge que la institución de educación superior aumente considerablemente sus costes de matrícula, en especial a nivel graduado y que las proyecciones en el número de estudiantes sean cónsonas con los cambios demográficos que se estima continuarán exhibiéndose en Puerto Rico.

En tanto, la carta de Carrión en torno al plan fiscal de la ACT, demuestra que el documento carece de fundamentos que evidencien las tendencias de recaudos que se alegan y no se explican al detalle los proyectos estratégicos que requiere la red vial de la isla o si hay la capacidad para acometer las inversiones que se proyecta. Partiendo de las inquietudes esbozadas por la Junta en la misiva acerca del plan fiscal de la ACT, podría concluirse que a raíz de las proyecciones contenidas en el documento, la corporación pública no es viable financiera y operacionalmente hablando.

Las cartas suponen una notificación de violación a lo dispuesto en el Título II de Promesa, que establece el proceso a seguir para elaborar y certificar los planes fiscales de un territorio cubierto por la ley federal.

Carta de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la UPR by El Nuevo Día on Scribd

“La Junta reconoce las dificultades implícitas en estas decisiones de política, así como el largo camino hacia el regreso de la UPR a la estabilidad fiscal”, reza la carta de Carrión en la que se elogian los esfuerzos del centro docente por enderezar su cuadro presupuestario, pero se advierte que son insuficientes.

De inmediato, el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, indicó que las medidas que recomienda la Junta y que afectan directamente a los trabajadores del primer centro docente del país como, por ejemplo, la reducción de un 17% en las pensiones, no son aceptables.

Para la Junta, antes de certificar el plan fiscal del centro docente, habrá que aumentar la matrícula en por lo menos, dos veces el costo actual a partir del próximo año académico y deben eliminarse todas las exenciones de matrícula salvo para aquellos estudiantes con honores.

Al presente, la UPR concede exenciones de matrícula a estudiantes que colaboran con tareas académicas y administrativas del centro docente como fomentar la retención y adaptación del estudiantado de nuevo ingreso a través del programa de ayuda a pares conocido como Estudiantes Orientadores, por colaborar en iniciativas de carácter científico, al igual que por sobresalir en destrezas o actividades que también son caminos profesionales como las artes y el deporte.

“La Junta espera que el plan propuesto demuestre una eliminación de todas las exenciones de becas (de matrícula), excepto para estudiantes de honor y aquellas legalmente requeridas para los veteranos, a partir del año fiscal 2019 para cada clase de nuevo ingreso”, reza la carta de Carrión.

Según la Junta, la matrícula debe aumentar de $57 a $157 por crédito y también debe revisarse al alza el coste de la educación graduada por entender que no guarda relación con el perfil de otras universidades públicas y privadas en Puerto Rico y Estados Unidos.

“La matrícula anual de la Escuela de Medicina de la UPR, por ejemplo, es aproximadamente $9,200 para el año fiscal 2018, comparado con la matrícula (que pagan los residentes) de los estados de $25,000 a $40,000 en universidades públicas comparables en el continente y $34,000 a $57,000 para otras universidades privadas en la isla”, reza la carta de Carrión.

Un ajuste en los costes de matrícula es clave, pues desde la perspectiva de la Junta y ante el colapso financiero de la rama Ejecutiva, la viabilidad de la UPR no puede descansar en ingresos del Fondo General que no sean aquellas consignados bajo el plan fiscal del gobierno central.

En ese sentido, la Junta advirtió a la UPR ser conservador en el pago que podría recibir por los acuerdos de colaboración con el gobierno central y pidió conocer detalles de cómo se consolidarán las operaciones del centro docente. Entre otras cosas, la Junta pidió detalles cómo se rediseñarán las funciones de apoyo administrativo mediante servicios compartidos, lo que debe incluir “una reducción mayor que el 50% en el personal no facultativo localizado en los recintos regionales para el año fiscal 2023”.

De igual forma, la Junta pidió a la UPR aplicar el Sistema de Retiro de dicha institución, la reducción de las pensiones que se solicita al gobierno central y planes específicospara el proceso de manejo presupuestario de todos los recintos universitarios.

Inexplicables los recaudos en multas

“El plan propuesto debe producir objetivos específicos para reducir los gastos operacionales y una tasa objetiva específica en el costo de recuperación del Tren Urbano”, reza la carta de Carrión sobre el plan de la ACT en la que incluso se pide acceso a los programas de modelaje de proyecciones que se utilizaron para crear todos los estimados del plan.

Carta de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la Autoridad de Carreteras y Transportación by El Nuevo Día on Scribd

En el caso de la ACT, el organismo federal cuestiona prácticamente todos los puntos medulares en la gestión financiera y operacional de la corporación pública.

Por ejemplo, la JSF cuestionó cómo las multas asociadas con el impago de peajes por parte de los conductores saltarán de entre $10 millones y $11 millones al estimado de $25 millones a $29 millones en el plan.

“El plan propuesto debe explicar por qué se asigna 0% al costo compartido para recibir fondos (del programa) de Asistencia de Emergencia de la Administración Federal de Autopistas”, se agrega en la carta de Carrión.

Según la misiva, la ACT falló al no ofrecer detalles de algunas de sus iniciativas como el programa de carriles exclusivos para autobuses de tránsito rápido y critica que el plan de mejoras capitales debe priorizarse según lo indiquen los análisis de costo beneficio que supone invertir en los activos de la red vial y de transporte de la isla.

La administración Rosselló Nevares debe presentar los cambios requeridos por la Junta el próximo 5 de abril junto a aquellos ya solicitados para el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).


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