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Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) ha demandado este jueves a 19 entidades, la mayoría de estas, bancos de inversión, por presuntamente haberse enriquecido e incumplido con su deber de fiducia por al menos una década y haber contribuido a agravar la insolvencia del gobierno de Puerto Rico.

En paralelo, el organismo fiscal y el grupo designado por el Síndico de Estados Unidos para renegociar en los casos de Título III, ha demandado a casi cuatro centenares de entidades o individuos de quienes pretende recuperar el pago de principal e interés asociado con 12 emisiones de bonos entre los años 2011 y 2014 y que se alega se emitieron en contra de la Constitución.

“Durante los años en que esta deuda se emitió, se suponía que el no partidista Banco Gubernamental de Fomento (BGF) fuera el custodio de la salud fiscal del gobierno. (El BGF) fracasó en ese rol. Esta acción emana de ese fracaso y de la explotación del abuso del BGF por parte de los demandados para su propio beneficio y enriquecimiento injusto”, alegaron el CRE y el UCC en un escrito de un centenar de páginas y anejos.

Entre las instituciones demandadas figura Citibank, actual asesor financiero de la JSF, y los bancos que a cargo de estructurar los recientes intercambios de deuda del BGF y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), Bank of America (BoA) y Barclays.

Además de estas entidades, los demás bancos de inversiones que fueron demandados son: BoA Securities, Merrill Lynch Capital Services, Goldman Sachs & Co., Morgan Chase & Co., Jefferies Group, Mesirow Financial, Morgan Stanley, Ramirez & Co. RBC Capital Markets, Santander Securities, UBS Financial Services of Puerto Rico, VAB Financial, BMO Capital Markets (subsidiaria de Canadian Bank of Montreal), Raymond James, Scotia MSD, TCM Capital.

El CRE y la JSF también demandó a la firma de abogados Sidley Austin, entidad a la que -entre otras cosas- se le imputa haber fallado al no analizar adecuadamente si la emisión de bonos por $3,500 millones podía emitirse en cumplimiento con las disposiciones asociadas a emitir deuda en la Constitución.

Larga lista de emisiones inconstitucionales

Partiendo de las demandas radicadas ayer, el CRE y la JSF entienden que el BGF facilitó que se vendieran 12 emisiones de bonos en contra del tope de 15% de servicio a la deuda establecido en la Constitución. En síntesis, la carta magna establece que a la hora de tomar prestado, el pago anual de dicha deuda no puede exceder el 15% del promedio de recuados al Fondo Generales en los dos años previos a la transacción.

Según los documentos radicados en corte, para febrero de 2011, cuando se analiza la serie de 2011A de Obligaciones Generales, el cálculo del margen constitucional se encontraba en 14.8%.

Luego de esa transacción, todas las emisiones de bonos serían nulas, desde la perspectiva del CRE y el UCC. Con la serie C de ese mismo año, el pago de la deuda con cargo al Fondo General incluyendo la AEP representaba el 15.2% de los recursos del erario y esa cifra siguió en aumento hasta el año 2014. En ese momento, cuando se emitieron la emisión especulativa de GOs por $3,500 millones, el pago de la deuda pública con cargo al Fondo General rondaba el 17.5% de los ingresos al erario.

En el caso de los litigios para recobrar el principal e interés asociado a los bonos que se consideran ilegales por parte del gobierno, el CRE y el UCC no revelaron los nombres, señalando que conocieron la identidad de estos a solo horas de que venciera el término para radicar acciones contra terceros en el caso de bancarrota del gobierno central. Dicho plazo termina hoy.

En el caso de los individuos o entidades demandados para recobrar intereses y principal, la JSF y el CRE utilizan como base la posible invalidez de unos $9,000 millones en bonos de Obligación General (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

En su reclamo contra los bancos de inversión, el CRE y el UCC amplía la lista de emisiones dudosas para incluir los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Patrón de enriquecimiento injusto

En sus planteamientos ante la corte, el CRE y el UCC relatan cómo entre los años 2008 al 2014, Puerto Rico emitió poco más de una decena de emisiones de bonos e incurrió en la compra de seguros de intercambio de intereses o swaps, a sabiendas de que esas transacciones se llevaban a cabo sin que hubiera capacidad para pagarlas posteriormente. El CRE y el UCC también alegaron que muchas de esas transacciones se hicieron para refinanciar deudas que vencían y para pagar deudas a los mismos bancos que vendían las emisiones de bonos.

Por ejemplo y tal como hace años, reportó El Nuevo Día, en la demanda se indica que diversos bancos de inversión promovieron que el gobierno entrara en la compra de “swaps”, un instrumento de alto riesgo por el cual el gobierno se vio obligado a pagar sobre $1,000 millones en costos de terminación. Esos pagos salieron de las emisiones que vendieron los mismos bancos de inversión bajo las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.

Lo mismo habría sucedido con la emisión de $3,500 millones de 2014, donde se emitió la deuda para para pagar $59.8 millones en deudas con J.P. Morgan y otros $98.7 millones con Banco Santander Puerto Rico.

En la demanda se alega que -como si se tratara de un vendedor de productos casa por casa o de un propagandista médico, era una práctica al interior del BGF que bancos de inversión presentaran a la entidad posibles transacciones que allegaran efectivo al gobierno. Para efectuar esas transacciones, dice el documento, el BGF seleccionaba a los bancos y abogados de un registro de instituciones y abogados, donde los empleados de confianza del banco “tenían conexiones”.

“Los suscriptores (bancos de inversión), abogados y otros profesionales, todos se beneficiaron de este patrón de refinanciar repetidamente deuda existente y en vencimiento al emitir nuevos bonos y al efectivamente empaquetar obligaciones que no estaban respaldadas por la buena fe, crédito y poder impositivo del gobierno dentro de la deuda Obligaciones Generales”, alegaron el CRE y el UCC, al tiempo que plantearon que estas firmas ganaron comisiones “enormes” de las muchas transacciones financieras que el BGF aprobó y facilitó.

Tales argumentos son la base para reclamar a la jueza Laura Taylor Swain que actúe sobre unos 62 cargos contra estas entidades entre los que figuran ayudar a incumplir con el deber de fiducia del BGF hacia el gobierno, enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato y ayudar a agravar la condición de insolvencia del gobierno.

El grupo de trabajo de la JSF, representado por Rudnick Brown, y el UCC pidieron a Swain que encuentre causa contra los demandados y deje sin efecto las emisiones nulas y adjudique a los demandados daños por haber contribuido al colapso financiero del territorio estadounidense y enriquecerse en ese proceso.


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