(GFR Media)

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, insistió esta mañana en que la ley orgánica de la agencia que dirige le impide hacer comentario sobre investigaciones en curso, por lo que no puede expresarse sobre la investigación que realizara el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el manejo del almacén de suministros del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), en Ponce.

El NIE, tras una investigación de 48 horas, refirió el 20 de enero el expediente de la pesquisa a Justicia y la Cámara de Representantes le solicitó a Longo Quiñones que entregue copia de ese informe. La titular de Justicia alega que la petición de entrega del informe del NIE “comprende información producto de gestiones investigativas confidenciales en curso por el Departamento de Justicia que no puede ser divulgada”.

Durante la vista de hoy se compartió una carta del secretario de Estado, Elmer Román, dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez el 20 de enero en que le indica que la pesquisa del NIE refleja que “no se siguió ese protocolo”, en referencia al Plan Conjunto Operacional para atender emergencias que establece la adecuada administración de suministros al momento de una emergencia y manejo de desastres, la verificación de inventario de almacenes y su utilización como centros de distribución.

Román había dicho que no leyó el informe y solo verificó que estuviera completo. Además, sostuvo que no recuerda detalles, aunque sí el dato de que no se identificó que el excomisionado del NMEAD haya cometido delito. Sin embargo, el representante Denis Márquez llamó la atención a que Román pasó juicio sobre el contenido del informe, que se evidencia, según él, con el comentario que le hiciera a la gobernadora en la carta, esto a pesar de que el informe supuestamente es confidencial.

“Eso es una hoja de trámite en cuanto al informe”, dijo Longo Quiñones, quien defendió ante la prensa la intervención de Román en el proceso al alegar que era el "representante" de la gobernadora"

Al presentar su ponencia ante la comisión cameral que investiga la respuesta del gobierno ante los terremotos en el suroeste, Longo Quiñones sostiene que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce la confidencialidad de la información obtenida en proceso investigativos y argumenta que el artículo 13 de la ley orgánica de Justicia le impide “divulgar información obtenida como parte de una investigación mientras la investigación esté en curso”.

Longo Quiñones insistió en que la jurisprudencia establece que, incluso a la Rama Legislativa, le aplica el texto de dicho artículo.

“Casi nos está haciendo una invitación a que radiquemos en el tribunal un pleito contra el Departamento de Justicia”, le dijo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la comisión especial. “Esta investigación va a requerir a Justicia, so pena de desacato, a través del tribunal, la entrega del informe. Vamos a continuar con nuestro esfuerzo para que no se limite la investigación legislativa a tener acceso a un informe que se generó como una investigación administrativa y no criminal”, añadió el legislador.

“Nuestra interpretación es en cuanto a la confidencialidad de los procesos, lo que se deprende de la ley y el derecho aplicable y las decisiones de los tribunales”, le ripostó Longo Quiñones, quien citó una opinión disidente del juez Francisco Rebollo cuando en el 2008 el Tribunal Supremo atendió una controversia que giró en torno a la intención de la Cámara de Representantes de solicitar información sobre el avance de una investigación en curso al exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos.

Ante la negativa de Longo Quiñones, el representante penepé Pedro Julio “Pellé” Santiago trajo como alternativa que Justicia presente la información requerida mediante vista ejecutiva. Longo Quiñones dijo que está evaluando la posibilidad, pero que se inclina a negarse porque la vista ejecutiva “no cambia la naturaleza” de la información que puede compartir.

En la ponencia, Longo Quiñones recuerda jurisprudencia que establece que el sumario fiscal es “privado y secreto” y añade que el informe del NIE cuenta con impresiones de agentes investigadores y expresiones de posibles testigos que no se pueden divulgar.

“El Tribunal Supremo señala y reconoce que ni aún después de que medie acusación criminal, la obligación de descubrimiento de prueba al acusado no incluye el material acumulado en el sumario o expediente fiscal que constituye producto del trabajo del Ministerio Público”, sostuvo Longo Quiñones.

La secretaria de Justicia también se amparó en el artículo 6 de la ley orgánica de Justicia para tampoco compartir con la comisión cameral al asesoramiento que le dio a La Fortaleza en medio de la secuencia de eventos que culminó con el despedido de la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar.

Según Andújar, fue despedida luego de disciplinar a una funcionaria de la agencia. Como resultado La Fortaleza le solicitó que revirtiera ese dictamen administrativo.

La versión oficial de la gobernadora Wanda Vázquez en torno al despido de Andújar ha sido que no conocía al detalle los suministros guardados en los almacenes de Familia.

“El asesoramiento legal que le brinde el secretario de Justicia a los distintos componentes de la Rama Ejecutiva… será decarácter confidencial y privado”, indicó secretaria de Justicia.

Longo Quiñones se ampara en una carta circular del exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza, firmada en el 2010 en que indica, entre otras cosas, que las opiniones del jefe de Justicia que no sean publicadas “serán confidenciales y cualquier persona que desee tener acceso a ellas deberá obtener la autorización por escrito de la agencia o entidad gubernamental a la que se le dirigió la opinión”.

Este texto colocaría en manos de La Fortaleza la posibilidad de que autorice la divulgación de la opinión legal de Longo Quiñones.


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