Al centro, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión. (GFR Media)

La jueza Laura Taylor Swain dio paso al pedido del organismo fiscal para continuar con la confirmación del plan de ajuste del gobierno central, a pesar de la objeción del gobierno y la revelación de que los bonistas que antes creían tener una deuda ilegítima ahora recobrarían hasta 94 centavos de dólar y no 77% como ha representado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Luego de casi cuatro horas de argumentaciones, Swain -quien preside los casos de Título III de Puerto Rico- acogió con cambios la orden sugerida por la JSF y aquella del Equipo de Mediación para analizar si la declaración informativa que sustenta el plan de ajuste (POA, en inglés) enmendado del gobierno central es adecuada. La corte analizaría el asunto el próximo 3 de junio.

A medida que el proceso de confirmación del POA continúe su curso, Swain reveló que la discusión del plan de pago propuesto por la JSF, podría coincidir con la elección general de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Swain separó los días entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre próximos para celebrar la vista donde se discutiría la razonabilidad del plan de ajuste.

Al explicar su decisión, la jueza sostuvo que la JSF merecía la oportunidad de una audiencia para discutir la declaración informativa y sostuvo que aquellas controversias relacionadas con los derechos de los acreedores o la propuesta de pago que se ha radicado podrían analizarse en el proceso de confirmación del plan.

Recordó que según la ley federal Promesa, la JSF es la única entidad autorizada a presentar un plan de ajuste al tiempo que destacó que la propuesta del Equipo de Mediación permitiría avanzar el proceso de ajuste de deudas de Puerto Rico.

Con su decisión, Swain ha aceptado discutir y resolver en apenas tres meses controversias de derecho que han quedado en un limbo desde que Puerto Rico invocó la protección del Título III hace casi tres años. Entre estas, se encuentran las objeciones de los tenedores de bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y otros bonos de ingresos sujetos a la cláusula de retención o “claw back”, así como la disputa en torno a los bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) emitidos por la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Swain emitió su decisión durante elprimer día de la audiencia general de los Casos Título III, luego de que la jueza Barbara Houser, quien preside el Equipo de Mediación, explicara a Swain a que los jueces a cargo de lograr entendidos entre diversos grupos de acreedores no podrían avanzar más hasta que se atendieran tales controversias.

En la agenda del jueves, Swain debe examinar si procede la anulación de la Ley 29 de 2019, que libró a los municipios de hacer aportaciones al pago de las pensiones públicas a través del sistema “PayGo” y a la reforma de salud.


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