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Natalia Colón Díaz dijo que la derogación de la Ley 80 obligará a las empresas a invertir más en la administración de recursos humanos. (Suministrada)

La doctrina del empleo a voluntad, el nuevo terreno de juego que se establecería en Puerto Rico si se deroga la Ley 80, es vista con buenos ojos por las empresas porque, de un plumazo, los patronos pueden -salvo que medien contratos o convenios colectivos- disponer de su plantilla laboral con relativa facilidad.

Para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y también para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares flexibilizar las normas del trabajo en un territorio en quiebra es necesario para lograr que más personas trabajen, crear más empleos en la isla y mejorar la competitividad de las empresas. Se trata de reformas estructurales que son inaplazables.

“Ninguna de estas reformas o medidas es más crítica que la reforma laboral para mejorar la históricamente pésima tasa de participación laboral”, reza la nueva versión del plan fiscal que los miembros de la JSF certificaron el pasado 30 de mayo de manera unánime.

En síntesis, la JSF y el gobernador acordaron derogar la Ley 80 a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, pero solo durante la vida del plan fiscal a cinco años, el bono de Navidad y las licencias mínimas pagadas de vacaciones y enfermedad.

En dólares y centavos, según estimados que Rosselló Nevares compartió en su cuenta de Twitter, se pondrá fin al marco institucional laboral que ha prevalecido en Puerto Rico desde 1976, a cambio de que el gobierno pueda gastar anualmente, en promedio, unos $255 millones más durante la vida del plan fiscal.

Desde la macroeconomía, el gobierno y la JSF alegan que derogar la Ley 80, junto a otras medidas, es clave para reavivar la economía de la isla.

Pero en la práctica, según entrevistados, las prerrogativas que tendrán los patronos bajo el llamado “employment at will” no son tan amplias como se alega. Además, a corto plazo, documentos de la JSF y literatura en el tema, aceptan que al modificar las protecciones al trabajo, podría haber más desempleo en una economía que lleva 12 años en contracción.

Flexibilidad con límites

“Eliminar la Ley 80 no será la panacea”, sostuvo Natalia Colón Díaz, presidenta de la Asociación de Profesionales en Relaciones Laborales de Puerto Rico (APRL).

Según Colón Díaz, quien asesora a empresas en temas laborales, con la derogación de la Ley 80, las empresas estarán obligadas a invertir más en la administración del recurso humano.

La abogada explicó que los patronos estarán llamados a seguir al dedillo sus procedimientos internos, cumplir con procesos de adiestramiento al personal y similares, lo que implica adoptar las mejores prácticas de recursos humanos.

Entre otras cosas, bajo la doctrina de empleo a voluntad, el patrono puede despedir sin razón alguna a un trabajador y también sin notificación previa, salvo cuando se trate de despidos en masa.

Pero, si la empresa no procede correctamente, advirtió Colón Díaz, el patrono se expone a reclamaciones millonarias, si el trabajador considera que fue despedido injustamente.

“Las reclamaciones también pueden ser radicadas por un familiar de ese trabajador que fue despedido y que alegue que sufre daños por el efecto que ha tenido la pérdida de ese empleo”, dijo por su parte Juan Cortés Valle, presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), quien representa a miles de trabajadores unionados en empresas privadas como Tres Monjitas, Carmela Foods y varias cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico.

Aumentará la desconfianza

De acuerdo con Colón Díaz, bajo la doctrina de empleo a voluntad, el trabajador también tiene la posibilidad de dejar su empleo cuando lo desee. Ante esa realidad, es posible que las empresas encaren el reto de pagar salarios más altos para retener a los empleados más comprometidos o atraer a los más competentes.

Un análisis en torno a los efectos de diversas reformas laborales alrededor del mundo, efectuado por Ana Rivas, académica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), apunta a que la flexibilización laboral lacera la confianza del trabajador hacia su patrono, lo que incide en su motivación, lealtad y productividad.

Según el análisis de Rivas, ahora que las empresas compiten más que nunca en un mundo globalizado están casi obligadas a adoptar nuevas formas de compensación como “salarios emocionales”. En especial, por el creciente interés de los trabajadores en mantener un balance entre su vida profesional y personal.

De otra parte, según Colón Díaz y Cortés Valle, con la doctrina del empleo a voluntad, los trabajadores buscarán documentarse para entender mejor la relación que mantienen con su patrono.

De acuerdo con Colón Díaz, en un mundo sin la Ley 80, podría ser más frecuente que profesionales de alto perfil o que se consideren de difícil reclutamiento negocien con la empresa los términos del contrato de empleo, incluyendo la paga en caso de despido y las razones para este.

La hora de los sindicatos

Pero la gran mayoría de los trabajadores, aquellos que laboran en tiendas, restaurantes, almacenes y fábricas por todo Puerto Rico, no tiene ese poder de negociación.

“No todos somos Natalie Jaresko, Walter Higgins o Julia Keleher”, indicó Cortés Valle haciendo referencia a la directora ejecutiva de la JSF, al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la secretaria de Educación, cuyos contratos cuentan con los llamados “paracaídas de oro”. Estas cláusulas establecen un pago de salida, en caso de despido o cancelación del contrato.

Según Cortés Valle, si la Cámara de Representantes deroga la Ley 80 como ya hizo el Senado, aunque de manera prospectiva, ello será otro golpe al trabajador puertorriqueño que lleva años, viendo recortes en su sueldo, el bono de Navidad y el pago de tiempo extra, como secuela de enmiendas previas a leyes laborales.

Ante la falta de ese poder de negociación, Cortés Valle dijo que la FCT ya trabaja en varias campañas para exaltar la importancia de la negociación colectiva y el valor de la organización sindical.

“Este es uno de los momentos más difíciles para el movimiento sindical, pero ahora tenemos la oportunidad de comenzar a organizar a los trabajadores en el sector privado”, dijo Cortés Valle. El 90% de los empleados en el sector privado no están organizados sindicalmente.

Pedido que no se entiende

Para el líder sindical, derogar la Ley 80 es “un contrasentido”.

“En su origen, la Ley 80 fue impulsada por los patronos para protegerse de demandas y reclamaciones por daños y perjuicios por despidos”, dijo Cortés Valle.

Explicó que, en sus 30 años representando trabajadores, los casos por despido injustificado han sido mínimos. Explicó que, si el patrono recibe un laudo adverso, sabe a qué atenerse, pues la Ley 80 establece la indemnización según los años de servicio del empleado despedido. Si las partes llegan a un acuerdo, la compensación se determina según la Ley 80.

Para Cortés Valle, dado que la experiencia no lo justifica, el propósito ulterior para derogar la Ley 80 podría estar atado a los intereses de ciertas empresas o al interés del gobierno en vender activos como la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la AEE. Sin la Ley 80, se alega que las empresas adquirientes tendrían facilidad para despedir esos trabajadores sin compensarles.

Lo que no se dice

Cortés Valle rechazó que con la Ley 80 la empresa no tenga flexibilidad para reducir su plantilla laboral si lo entiende pertinente.

Explicó que el estatuto concede “un abanico” de razones para prescindir de un trabajador y que constituyen justa causa: financieras, reorganización, cierre temporal o permanente y hasta transformaciones tecnológicas. Tales justificaciones fueron ampliadas y clarificadas con la reforma laboral (Ley 4-2017) que Rosselló Nevares aprobó el año pasado.

Si se elimina la Ley 80, dijo Cortés Valle, trabajadores y sindicatos estarán prestos a demandar, particularmente en el foro federal, donde litigar es más costoso que en los tribunales locales y se otorgan compensaciones por jurado.

“El Ejecutivo tiene razón al decir que la Ley 80 no tiene comparación con las leyes que establecen la relación patrono-empleado en otros estados de Estados Unidos, excepto Montana. Lo que no dice el Ejecutivo es que en diversos estados, excepto contadísimas excepciones, es la jurisprudencia -y no las legislaturas- la que decide cómo se manejan estos casos y se establece que la doctrina tiene excepciones”, dijo Colón Díaz al lamentar que, en el debate público, no se haya discutido a profundidad lo que supone ladoctrina.

Según la abogada, cada vez que el patrono sea demandado, tendrá que defenderse y atenerse a lo que se resuelva caso a caso, y eso se traduce en más riesgo.

Colón Díaz explicó que 36 estados limitan el empleo a voluntad cuando se trata de un despido contrario a política pública. Por ejemplo, una empresa no puede despedir a un trabajador por denunciar a las autoridades que su patrono comete un acto ilegal.

Tampoco hay carta blanca cuando existe un acuerdo verbal o escrito. En ese caso, el reclamo de despido injustificado se resolverá partiendo de ese acuerdo, dijo Colón Díaz.

Sobre todo, en 11 estados también se reconoce la excepción de “buena fe” y, según la abogada, esa excepción podría servir para presentar cualquier tipo de reclamo.

Lo económico

Aparte de los cambios que el empleo a voluntad traerá en el día a día de las empresas, para estudiosos de temas laborales y económicos lo que inquieta es la expectativa de que eliminar la Ley 80 hará crecer la economía.

Según la JSF, citando estudios en el tema, economías con menos protecciones laborales, en ciertas instancias, reciben más inversión que aquellas más restrictivas.

No obstante, el propio memorando explicativo de la JSF que aboga por el fin de la Ley 80 advierte que hay “incertidumbres considerables” cuando se plantean reformas tan profundas en medio de una recesión.

Uno de los estudios incluidos en el memorando explicativo y publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte, por ejemplo, que cuando la demanda es débil y hay exceso de capacidad, lo que sería el caso de Puerto Rico, las reformas podrían tener un efecto limitado en la producción a corto plazo.

“Flexibilizar las protecciones al empleo, por ejemplo, podría no estimular las contrataciones en el corto plazo, pero podría aumentar el desempleo”, reza el informe de la JSF.

Mientras, el análisis de Rivas, académica de la UIPR, apunta a que en los pasados años, unos 21 países han invocado el término de flexibilidad laboral, pero en realidad se ha tratado de medidas que despojan a trabajadores públicos y privados de mejores salarios y beneficios.

Según Rivas, en Italia, la reducción de beneficios a empleados permanentes resultó en más empleos temporeros.

En España, reza el análisis de Rivas, un estudio de la Universidad de Murcia apunta a que 30 años de políticas para aumentar la productividad de los trabajadores han resultado en un alza en los empleos temporeros, superando la media de la Eurozona.

“Al igual que en Italia, España y Latinoamérica, en Puerto Rico, la desreglamentación laboral, la eliminación de los derechos de los trabajadores y el despido de muchos de estos no han ayudado a las economías de todos estos países. Por el contrario, la calidad de vida se ha desacelerado y ha aumentado el desempleo”, reza el escrito de Rivas al agregar que en Puerto Rico, la creación de empleos disminuyó luego que el año pasado se aprobó la reforma laboral de Rosselló Nevares.


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