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Los miembros de la rama Ejecutiva que acudieron a deponer a favor de la derogación de la Ley 80 fueron duramente cuestionados por los legisladores de la Cámara baja. (horizontal-x3)
Los miembros de la rama Ejecutiva que acudieron a deponer a favor de la derogación de la Ley 80 fueron duramente cuestionados por los legisladores de la Cámara baja. (Xavier J. Araújo Berríos)

Las diferencias entre las ramas Ejecutiva y el Legislativa quedaron plasmadas ayer en el primer día de vistas públicas para discutir la posible derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976).

La importancia de la Ley 80 en el marco de los derechos laborales, la falta de poderes que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para derogar o aprobar estatutos, la ausencia de datos que prueben los efectos positivos de recientes cambios a leyes laborales y la insistencia del gobierno de evitar un encontronazo en los tribunales con el ente a cargo de las finanzas de la isla salieron a flote en una vista de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

La Comisión cameral de Gobierno evalúa el proyecto de la Cámara 1634 para eliminar la Ley 80 -como lo exige la JSF- y el proyecto del Senado 1011, que aunque también deroga el estatuto, lo hace de manera prospectiva.

Cinco miembros de la rama Ejecutiva abogaron por la aprobación del proyecto de la Cámara porque, según dijeron, se ajusta al acuerdo alcanzado entre el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los miembros de la JSF. La JSF y el gobernador acordaron derogar la Ley 80 a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, solo por los cinco años de vigencia del plan fiscal, el bono de Navidad y las licencias mínimas pagadas de vacaciones y enfermedad.

Los deponentes argumentaron que no derogar la Ley 80 crearía un ambiente de “incertidumbre” en la isla. Además, insistieron en que “lo preferible en estos momentos” era evitar un pleito legal con la JSF.

En medio de la vista pública y contestando un pedido de la Comisión, la JSF envió una carta dejando claro que no aprobaría un incumplimiento con el acuerdo pactado con el primer ejecutivo. La misiva tuvo el efecto de aumentar la discusión.

De inmediato, saltó la falta de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobernador recalcó que el carácter prospectivo de la derogación era irrelevante, puesto que negoció con la JSF derogar la Ley 80 a partir de enero próximo. “Este acuerdo es de beneficio para el pueblo”, dijo Rosselló en una actividad en la que entregó $1 millón a cada municipio producto de un fondo creado para la recuperación tras el azote del huracán María.

Reconoció que la JSF no tiene poder para derogar o aprobar leyes, pero dejó claro que su intención es no acudir a los tribunales. “Me he leído Promesa de arriba pa’ abajo, de abajo pa’ arriba y hacia los lados en múltiples ocasiones. Me conozco esa ley a la perfección y yo sé que esa (postura), si la llevamos a los tribunales, pues está en nuestro lado poder ganar. Pero es una nueva ley. No hay caso con precedente y nos ponemos en riesgo de que podamos perder eso, además de todo el dinero que vamos a perder en el proceso”, aseveró cuando El Nuevo Día le cuestionó si no era el momento idóneo de enfrentar a la JSF en los tribunales para dejar claro cuáles son los poderes que posee el ente bajo Promesa.

En cambio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, calificó el contenido de la carta de la JSF como una “amenaza a la Asamblea Legislativa”.

“No han producido un solo documento que demuestre que, de manera económica, habrá crecimiento”, destacó. “En el Senado no cambia la posición por lo que diga la Junta”, agregó.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, declaró que no responde “a presiones de la JSF”. “Creo que esa comunicación de la JSF les falta el respeto a los legisladores de Puerto Rico, a los funcionarios electos del pueblo de Puerto Rico, que tenemos la capacidad de evaluar cada una de las medidas que envía el señor gobernador”, puntualizó.

La JSF plasma en su carta que eliminaría del presupuesto la porción destinada para el bono de Navidad de los empleados públicos, los $50 millones para el fondo municipal, los $25 millones para un fondo de becas para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y los $345 millones para medidas de desarrollo económico.

Defienden su postura

El punto climático en la vista se produjo cuando legisladores de la mayoría novoprogresista cuestionaron al secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, quien -al igual que el resto de los miembros del Ejecutivo- defendió la derogación de la Ley 80.

El vicepresidente de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, cuestionó si al derogar la Ley 80 y cambiar el marco legal laboral para implantar el empleo a voluntad, los trabajadores no se convertían prácticamente en empleados de confianza.

Cuestionó, igualmente, qué permanencia tendría el empleado al derogarse la Ley 80, sobre todo considerando que esa misma Legislatura creó la Ley 4 el año pasado y dispuso que la permanencia para todo trabajador empleado después de la fecha de aprobación del estatuto sería de nueve meses. “Secretario, yo estoy claro en qué está en juego y cuál fue el acuerdo del gobernador”, dijo Rodríguez Aguiló.

“Es permanente desde el día uno”, contestó Saavedra, lo que le ganó una gran carcajada de los presentes en la vista, incluidos sus compañeros de gabinete.

“Secretario, yo le voy a pedir seriedad. Yo sé que usted tiene una posición bien difícil. Ustedes son de mi administración y yo les defiendo hasta donde yo pueda, pero este es un asunto bien serio. Y su contestación es muy poco seria. Ese empleado no tiene una permanencia hasta que el patrono se la dé sin la Ley 80 y no le aplican los nueve meses (de probatoria)”, le ripostó Rodríguez Aguiló, quien está en contra de la eliminación del estatuto que concede garantías a los trabajadores del sector privado ante despidos injustificados y además establece los derechos de antigüedad de los empleados. Al salir de la vista, adelantó que estaba más convencido de votar en contra de la derogación de la Ley 80.

Posteriormente, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, al igual que Saavedra, el director de la Autoridad de Asesoría y Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela; el director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy; y el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino, argumentaron que aunque se derogue la Ley 80, el trabajador puertorriqueño tiene múltiples leyes laborales que le cobijan. Todos hicieron mención de leyes contra el discrimen -de todo tipo-, las represalias, el hostigamiento sexual, la protección a las madres obreras y el derecho a un período para lactancia.

Pero en su turno, el representante independentista, Denis Márquez, indicó a los deponentes que la Ley 80 es la “ley principal que cubre a los trabajadores” y que es importante por la justicia social que hace a un empleado despedido sin justa causa. “Tanto así que ha sido enmendada por diferentes administraciones para buscar la justicia social”, dijo. Además, recalcó que es un estatuto que cobija a un empleado que no fue discriminado, hostigado o víctima de otro problema que recogen otras leyes laborales.

Acto seguido, el legislador pipiolo citó expresiones del secretario del Trabajo cuando la Legislatura dio paso a la Ley 4 en el 2017. “Incluso el propio secretario del Trabajo -en su informe a esta Asamblea Legislativa- así lo reconoce, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que la Ley 80 tiene un propósito social y un fin reparador ya que provee remedio justiciero y sustanciales con los daños que pudo haberle causado un despido injustificado. Esa es la historia de la Ley 80”, sentenció el legislador.

Los deponentes también quedaron en una disyuntiva cuando la secretaria de Justicia destacó que aprobar la derogación prospectiva de la Ley 80 crearía dos marcos legales paralelos para los empleados: aquellos empleados antes de derogar la ley y los empleados después de su eliminación.

“Sería injusto”, dijo la funcionaria, lo que provocó que el representante popular Luis Vega Ramos le indicara que esa es la realidad del país luego que la administración de Roselló diera paso a una reforma laboral el año pasado.

Bajo esa reforma, hoy día hay empleados con distintas licencias de vacaciones y enfermedad, así como períodos probatorios disímiles.

La discusión dio pie para que se le pidiera a la secretaria de Justicia una opinión legal que deberá presentar a la Legislatura en 72 horas, definiendo si ese paralelismo en el andamiaje laboral es constitucional o inconstitucional.

Por su parte, Portela destacó que, de acuerdo con los números provistos por la JSF, derogar la Ley 80 redundaría en un despunte de la economía de .3%, o sea, “$430 millones a través de 30 a 40 años”.

“El enemigo número uno de la inversión -sea un inversionista fuera de Puerto Rico o puertorriqueño- es la falta de certeza. La incertidumbre no ayuda a nadie”, dijo Laboy.

Sin embargo, Rodríguez Aguiló, en una aparte con la prensa, se mostró sorprendido con las expresiones de los funcionarios. Dijo que siempre había escuchado que los escollos principales para hacer negocios en Puerto Rico son el alto costo energético y la lentitud en otorgar permisos.

Por su parte, el representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez catalogó como “una extorsión” la petición de la JSF. Además, indicó que la Junta, contrario a lo que esbozaron los miembros de la rama Ejecutiva, no puede eliminar el bono de Navidad o reducir las licencias de enfermedad o de vacaciones.

“Esto es un caso de extorsión de la JSF. Un acto totalmente reprochable. La Junta no legisla. La Junta no puede ir al tribunal a decir ‘elimina esto’”, dijo el representante penepé en un tono fuerte.




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