La precariedad de los viejos puertorriqueños se agudizó tras el azote del huracán María. (GFR Media)

Entre 2016 y 2019, el programa de Servicio de Cuidado Sustituto de Adultos del Departamento de la Familia registró un aumento de cerca de 900 participantes, dato que valida los resultados de un estudio que encontró que muchos de viejos del país quedan prácticamente en el abandono, obligados a depender del gobierno.

En su mayoría, se trata de ancianos de bajos ingresos económicos, sin familiares cercanos y con serias condiciones de salud como hipertensión, diabetes y depresión.

Según cifras del Departamento de la Familia, en el año fiscal 2016-2017, el programa de Cuidado Sustituto de Adultos, que ofrece cuidado residencial a personas que no son independientes ni cuentan con familiares que suplan sus necesidades, tenía 3,359 participantes, cifra que para el 2017-2018 se redujo levemente a 3,421. Pero, en el período del 2018-2019, el número se elevó a 4,222.

El alza constante en el número de participantes se debe a múltiples factores que van desde la ausencia de familiares que se hagan cargos de atender sus necesidades hasta las condiciones infrahumanas en que quedaron viviendo tras el paso del huracán María.

Para el estudio “Perfil Biopsicosocial de Personas de Edad Avanzada en Cuidado Sustituto”, la doctora en Psicología Vanessa Hernández López, de la Universidad Carlos Albizu, en San Juan, analizó 200 expedientes de participantes del programa.

El análisis, entre otros resultados, reflejó que el 76% de la muestra no tenía recursos familiares. En este renglón, caen las personas que no procrearon o aquellos que han visto sus hijos emigrar. “Es un grupo que está prácticamente dependiente de las ayudas que le puedan dar el Departamento de la Familia”, expuso Hernández López.

Reveló, además, que el 56% son hombres; el 38%, solteros; y el 51% no tiene hijos. “Esta población, en particular, no puede valerse por sí misma, no puede buscar ayudas, y si no hay un vecino que lo ayude se queda a expensas de esas necesidades”, añadió la académica.

Eddie García, director del área de Cuidado del Departamento de la Familia, explicó que históricamente el número de hombres participantes del programa ha sido mayor debido a que la mujer tiende a mantenerse en la comunidad, donde asume un rol de cuidadora de sus nietos.

“Pero eso está cambiando también, porque tenemos una generación, los baby boomers, que son estos abuelos que dicen: ‘Yo no voy a cuidar nietos, yo voy a disfrutar mi vida’”, expuso García.

Solo entre julio de 2018 y junio de 2019, la agencia autorizó 1,536 nuevos casos. “Tuvimos que ubicar gente antes y después del huracán, gente que estaba en sus hogares, pero que nos refirieron porque estaban viviendo bajo planchas de zinc y las condiciones no eran favorables”, relató.

La mayoría de los referidos llegan a la agencia a través de la línea de emergencia por parte de vecinos, hospitales, égidas y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).

Según datos de la Encuesta de la Comunidad de 2015, realizada por el Negociado del Censo de Puerto Rico, la población de edad avanzada en la isla era de 812,923 personas, representando el 23% de la población. Al 1 de julio de 2016, la población de 60 años o más se estimó en 855,708 personas.

Las proyecciones indican que la tendencia de aumento en la población de edad avanzada continuará. Para 2020, las personas de 60 años o más representará el 25.9% de la población de la isla. No obstante, se espera que para 2050, 1.1 millones de los 2.9 millones de habitantes que se estima habrá entonces sean mayores de 60 años, según el Perfil Demográfico de la Población de Edad Avanzada.

Aunque las estadísticas hablan de personas de 60 años o más, el análisis de los números refleja que el mayor grupo de esta población está entre los 65 y 74 años para un total de 342,338.

“Muchos no cuentan con visitas de familiares y es bien significativo... Cuando una persona de edad avanzada se queda solita a su edad es el Departamento el que muchas veces resurge a su rescate”, señaló la académica.

Sin recursos

El análisis reflejó que los participantes del programa son, mayormente, personas de escasos recursos que dependen de las ayudas sociales y el Seguro Social.

El costo promedio mensual del cuidado de un paciente en un centro de cuidado de larga duración es de $1,219.38, de los cuales el beneficiario aporta $425.95 y sus familiares $36.11. Los restantes $760.52 son subvencionados por la agencia.

“La mayoría de las personas que atendemos lo que reciben es el PAN, asistencia económica, Seguro Social y retiro, y eso no alcanza. Por eso es que nosotros subvencionamos”, sostuvo García.

Para este programa en particular la agencia depende, exclusivamente, de fondos estatales. Las partidas federales que llegan para atender a este sector de la población va directamente a la OPPEA que también cuenta con un plan estatal, pero enfocado a otros servicios. La OPPEA sí puede realizar ubicaciones en centros de cuidado de larga duración, pero de forma temporera.

Hernández López también se dio a la tarea de analizar cuáles eran las enfermedades predominantes entre los participantes, destacándose con un 51% la hipertensión, seguido por la diabetes con un 31% y las condiciones osteomusculares con un 40%.

Mientras, el 43.5% de la muestra padecía de trastornos neurocognitivos. En este renglón, un 21% reveló padecía de Alzheimer.

Las capacidades funcionales de este grupo fue otro punto que evaluó Hernández López a través del análisis de los expedientes, encontrando que un 82% tiene limitaciones para bañarse, un 67% para alimentarse y un 64% para ir al baño. Un 84% requiere ayuda para moverse en la vivienda.

Estas restricciones físicas, lamentablemente, llevan a muchos a caer en un patrón de auto negligencia (17.5%).

El año pasado, el Departamento de la Familia reclutó 100 trabajadores sociales y 20 supervisores para el programa de Servicios a Adultos. De estos, lamentablemente, algunos han renunciado por el impacto emocional que reciben a través de su trabajo, reconoció García.

La obtención de estas estadísticas, dijo Hernández López, debe ayudar en el desarrollo de esa data que refleja la necesidad de más profesionales de salud adiestrados en gerontología y geriatría. Promueve también la práctica comunitaria y la colaboración multisectorial.

Cuesta arriba

Puerto Rico no solo enfrenta una crisis fiscal que limita los recursos económicos para atender las necesidades de la población, sino que no ha logrado articular una política pública para atender este sector que requiere de mayor accesibilidad a servicios médicos y a transportación pública.

La OPPEA reportó, entre los años 2014 y 2016, un alza en las querellas de maltrato de 8,282 a 12,249.

“Es un grupo minoritario y es importante tenerlo presente. Hoy día, se gradúan más pediatras que geriatras. Tenemos que hacer un enfoque para visibilizar más la población”, señaló Hernández López.

Aunque no existe una lista de espera para ingresar al programa de Servicio de Cuidado Sustituto de Adultos, García, el director del área de Cuidado de Familia, dijo que hay solicitudes para participar de este, así como para el servicio de auxiliares en el hogar, lo que antes se conocía como “ama de llave”.

“Sí, hay una gran cantidad de personas solicitando el servicio de auxiliar en el hogar que puede fluctuar en sobre los 1,000 en toda la isla... Las personas no tienen los recursos económicos y van a seguir llegando al Departamento”, agregó el funcionario.

García indicó que para el año fiscal 2017-2018 recibieron 285 referidos de hospitales. Todos fueron autorizados. Para el año fiscal subsiguiente, 2018-2019, la cifra alcanzó los 218.

Mientras, en lo que va de este año fiscal -que inició en junio- han llegado 93 referidos. “Son personas que están solas, que tienen familiares que no los pueden atender por las condiciones de salud que tengan o los hijos no quieren hacerse responsables”, abundó.

Lilliam Rolón, directora del Hogar Cedrez en Bayamón, tiene 17 personas bajo su cuidado, dos de las cuales -un hombre y una mujer- fueron referidas por Familia.

El varón lleva en el hogar 19 años. Al momento de su ingreso, tras sufrir un derrame cerebral a los 39 años, era viudo y padre de dos menores que quedaron al cuidado de la agencia. La mujer, por cuyo cuidado recibe $1,300 mensuales, llegó hace dos años y medio. Nunca tuvo hijos.

Rolón reconoció que es cuesta arriba recibir participantes de la agencia por la falta de precisión en los pagos y de revisión de las tarifas. “Es posible hacerlo por la entrega y el rol que ejecutamos con empatía, pero la tarifa no es cónsona con la realidad actual. Tenemos que cubrirle todo los turnos de acompañamiento si cae en hospital, ropa, certificado de salud, deducibles...”, señaló.

Sostuvo que debido al aumento en la población adulta, como comunidad y como pueblo, hay que prepararse para el sostenimiento de todas las personas que no van a tener la capacidad económica ni la independencia para cuidarse.


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