Representantes de varias organizaciones sin fines de lucro agrupados bajo la Mesa Social denunciaron que el Departamento de Educación aún no ha cumplido con la sentencia judicial que hace más de una semana le ordenó reabrir todos los comedores escolares que sean necesarios para alimentar a las personas necesitadas en medio de la pandemia de coronavirus.

Justo en el primer día de la temporada de huracanes, los portavoces de la Mesa Social cuestionaron la capacidad del gobierno central para atender las necesidades de las personas en caso de emergencias ante la negativa de proveer comidas calientes desde los comedores.

“Si el Estado no ha querido atender la pandemia como corresponde, teniendo los recursos porque le asignaron millones de dólares, y no han querido cumplir con el mandato de un tribunal, no queremos pensar que nos pase igual o peor que (tras el paso del huracán María), cuando nuestra población pasó necesidad mientras había vagones llenos de suministros”, manifestó la presidenta de la junta de directores de Casa Juana Colón, Janice Soliván.

Casa Juana Colón, en Comerío, es una de cinco organizaciones sin fines de lucro que, junto a siete individuos, demandaron al Departamento de Educación para reclamar la apertura de comedores escolares cumpla así con su obligación de proveer alimentos a los estudiantes durante el toque de queda decretado para manejar la pandemia de coronavirus.

El juez del Tribunal Superior de San Juan Anthony Cuevas Ramos falló a favor de los demandantes el 22 de mayo y ordenó la apertura de los comedores que sean necesarios para proveer comidas calientes a niños y adultos. El Departamento de Educación apeló la sentencia del juez superior y, a la vez, solicitó al Tribunal de Apelaciones la paralización de la sentencia la semana pasada. Aunque el foro apelativo revisará la sentencia del Tribunal Superior, no la paralizó.

Educación mantiene hoy abiertos 141 comedores escolares, de acuerdo con datos provistos por la agencia. Los documentos presentados ante el tribunal detallan que hay 822 comedores escolares que se pueden usar.

La sicóloga clínica Ángeles Acosta destacó que el gobierno debe asumir la responsabilidad de atender las carencias entre la ciudadanía, pues han surgido o aumentado debido a la política pública para controlar los contagios de COVID-19, así como la incapacidad de agencias de gobierno de procesar las ayudas económicas que se requieren, como el seguro por desempleo o el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Preocupa el hecho de que en Estados Unidos, luego del ‘lockdown’, los comedores escolares estaban abiertos para alimentar a los niños y otras poblaciones vulnerables”, señaló Acosta. “Entendemos que el Departamento de Educación tiene el dinero, la infraestructura y el personal humano para poder alimentar no solo a los niños, sino a todas aquellas personas y ciudadanos que están pasando por una crisis enorme alimentaria”, añadió la sicóloga clínica, al detallar que el hambre y la desnutrición en niños pequeños tiene impactos en el desarrollo de áreas del cerebro asociadas a la capacidad cognitiva, la solución de problemas y el procesamiento de información.

Acosta destacó que el reclamo del tercer sector nunca ha sido que se permita que los menores consuman los alimentos en los comedores, sino que se abran las cocinas y desde los planteles se distribuyan las raciones de comida.

La sicóloga clínica argumentó que el gobierno central no puede deshacerse de su responsabilidad de proveer alimentos repartiendo donaciones de comida a organizaciones sin fines de lucro -que no tienen la infraestructura necesaria- para que la distribuyan.

Por ejemplo, Casa Juana Colón se dedica a atender a víctimas de violencia de género y abuso sexual en Comerío, pero a raíz de la emergencia ha pasado a ayudar a las personas que tienen hambre. La semana pasada entregaron cajas de frutas y verduras a 2,272 familias, detalló Soliván.

“Nuestro trabajo es presionar al Estado para que implementen una política pública que sea justa para todos nosotros”, expresó Acosta.

La Mesa Social solicitó la renuncia del secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, por el manejo de esta situación.

Asimismo, Soliván lamentó que la gobernadora Wanda Vázquez Garced apenas se ha pronunciado en torno a la necesidad de alimentos entre los ciudadanos. En una ocasión que lo hizo, emitió expresiones que luego fueron corregidas por directivos del Banco de Alimentos, recordó la presidenta de Casa Juana Colón.