El monto de las contrataciones suscritas por Julia Keleher no incluye los servicios adquiridos mediante órdenes de compra, las cuales no se registran en la Oficina del Contralor. (semisquare-x3)
El monto de las contrataciones suscritas por Julia Keleher no incluye los servicios adquiridos mediante órdenes de compra, las cuales no se registran en la Oficina del Contralor. (Luis Alcalá del Olmo)

El otorgamiento de contratos en el Departamento de Educación y el reclutamiento de personas cercanas a figuras de alto nivel en la administración de Ricardo Rosselló Nevares establecieron un patrón de duplicidad de funciones en la agencia más grande del gobierno, y creó un ambiente en el que se concretaban contrataciones antes de diseñar a cabalidad los proyectos educativos.

La exsecretaria de Educación Julia Keleher, quien semanas antes de su partida de la agencia anunció que se proponía centralizar el proceso de evaluación y adjudicación de los contratos de la agencia, comprometió durante su gestión más de $902 millones en la adquisición de bienes y servicios mediante convenios contractuales.

Para el mismo periodo el cuatrienio pasado, la jefatura del Departamento de Educación bajo la administración de Alejandro García Padilla había suscrito contratos por $1,431 millones.

Estas cifras no incluyen la suma de las transacciones realizadas por la agencia durante este periodo mediante órdenes de compra, que son aquellas adquisiciones menores de $50,000 que se procesan tras la solicitud de cotizaciones de proveedores.

El presupuesto del Departamento de Educación ronda los $2,300 millones, de los cuales unos $1,500 millones provienen de fondos estatales.

Por los pasados dos años, Educación ha establecido acuerdos por $331 millones con empresas que brindan servicios educativos o de adiestramientos, ha acordado pagar unos $201 millones por servicios relacionados con la salud; y $47 millones en servicios de consultoría, entre otros.

Educación ha comprometido $15.4 millones tan solo en servicios legales y consultoría legal mediante la contratación de servicios profesionales externos, a pesar de que internamente tiene dependencias designadas al manejo de contratos.

El contratista principal en el renglón de consultoría legal es BDO Puerto Rico, con acuerdos que suman $6.7 millones. No obstante, esta firma tiene en total unos $14 millones en contratos con Educación bajo varias categorías de servicios.

Varias fuentes dentro de Educación han señalado que consultores que laboran con BDO han ejercido funciones en la agencia similares a las que deben cumplir empleados de confianza del nivel central, por lo cual se crea una duplicidad de esfuerzos.

En el área de servicios y consultoría legal, la firma Wolf Popper tiene el segundo monto mayor en contratos, con $2.9 millones.

Uno de los socios de este bufete, Carlos López López, fundó la firma de cabildeo World Professionals (WP) Group, una empresa que tiene lazos tanto con el Partido Popular Democrático (PPD) como con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En este bufete además trabajó la ex secretaria auxiliar de Asuntos Federales de Educación, Laura E. Costa Rivera.

Contratos cuestionados

En la categoría de servicios educativos y de adiestramiento, uno de los principales contratos de Educación es con la organización sin fines de lucro The Josephson Institute of Ethics, una entidad que llegó a Educación recomendada por la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario Vega.

Este contrato, que ascendía a $16.9 millones, estaba dirigido a revivir el programa Tus Valores Cuentan en todas las escuelas públicas, esta vez bajo el nombre ¡Desarrollando Carácter!.

Tras la polémica inicial que generó el alto costo de este acuerdo, la entonces secretaria ordenó su cancelación en mayo de 2018. Cuando el presidente de la firma, Michael Josephson, solicitó públicamente en enero de 2019 que la agencia le pagara $8.4 millones por los servicios ofrecidos, Educación informó que una auditoría realizada en octubre de 2018 había detectado irregularidades en el acuerdo.

Keleher anunció a inicios de este año que dicho contrato –que fue negociado, en parte, por Costa Rivera antes de salir de su puesto– fue referido al Departamento de Educación federal debido a presuntas irregularidades identificadas en octubre pasado.

Bajo la categoría de servicios educativos, Educación ha comprometido más de $327 millones en acuerdos desde enero de 2017 a febrero de 2019. Según los datos de la Oficina del Contralor, este es el renglón en el cual Educación ha concentrado la mayoría de los fondos usados para contratación.

Los principales contratistas de estos servicios son Institución Educativa NETS, con $30.9 millones en contratos; Pearson Pem P.R., con $30.3 millones; Braxton School of Puerto Rico, $23.2 millones; y la Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa (Cosey) con casi $20.3 millones en acuerdos.

Esta última operará una escuela chárter en la zona sureste del país a partir del próximo año escolar, luego que el año pasado se aprobara la solicitud que presentó. La entidad decidió acogerse a un año de planificación antes de estrenar el plantel.

Estas empresas norteamericanas y puertorriqueñas fueron contratadas través del programa de fondos federales Título I para ofrecer servicios a escuelas. En el caso de Pearson, esta es la compañía que diseña las pruebas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META).

Educación Especial

La segunda categoría de servicios con mayor contratación en Educación es la que tiene que ver con la salud. En este renglón, en el cual hay contratos firmados que ascienden a $190,399,748, se concentran las prestaciones de terapias para estudiantes de Educación Especial.

El principal contratista es MCG & The Able Child at Centro Multidisciplinario del Caribe, Inc., entidad que realiza evaluaciones y ofrece terapias a los estudiantes con impedimentos y condiciones de salud en las áreas de Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao, Mayagüez, Morovis, Ponce, San Germán y San Juan, aunque el acuerdo le permite ampliar sus servicios a otras zonas si así se requiriera. La empresa, registrada en 1985, tiene $39.6 millones en contratos, al contar una enmienda de $9 millones que se le añadió el pasado 1 de marzo.

La agencia también mantiene contratos por $13.2 millones con Clínica de Terapias Pediátricas y por más de $9.7 millones con Edgardo Vega Inc. y con el Centro de Patología del Habla y Audición.

Infraestructura

El contrato más grande firmado por Educación durante el presente cuatrienio en el área de infraestructura es un acuerdo interagencial con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), por $53 millones, según la Oficina del Contralor.

El contrato fue firmado el 8 de junio de 2018 por $3 millones. Sin embargo, este se enmendó el 20 de junio de 2018 y nueve días más tarde se le hizo otra modificación para sumarle $50 millones adicionales.

Con este contrato, Educación acordó que AFI provea servicios profesionales y consultivos para el desarrollo de los proyectos de mejoras de los planteles durante los inicios de los semestres escolares y tras el paso de los huracanes Irma y María.

Sin embargo, estos $53 millones solo costearán los servicios técnicos de ingenieros, arquitectos y administradores de proyectos y servicios legales, así como servicios de tipo gerencial y no cubre los costos de construcción. Estos gastos serían cubiertos con los fondos que asigne la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), los cuales aún no han sido desembolsados.

Las agencia además firmó con AFI tres acuerdos más que elevaron a $62 millones los contratos entre las dos entidades gubernamentales.

Por otro lado, bajo el rango de servicios misceláneos no personales, hay $140,471,186 en contratos. Entre esos compromisos se encuentra un acuerdo por más de $24 millones –con una vigencia de cinco años– con la empresa Génesis Security Services para proveer servicios de vigilancia por monitoreo electrónico a las escuelas y las dependencias de la agencia.

El servicio incluye alarmas, vigilancia electrónica, rondas preventivas verificables mediante GPS, detección de corte de flujo electrónico, sensores de movimiento, activación a la Policía y patrullaje, entre otros.

El comisionado de Seguridad de Educación, César González, detalló que ya 94 escuelas públicas cuentan con un sistema de vigilancia electrónica, que incluye cámaras de seguridad.

El pasado 1 de marzo, se terminó la primera fase de la instalación de estos sistemas de monitoreo. González indicó que en las próximas fases se completará la instalación de las cámaras de seguridad y sensores en el resto de las 856 escuelas públicas, proceso que se debe completar antes del 29 de junio.

Cambios en los procesos

Antes de la renuncia de Keleher, la funcionaria encaminó en la agencia cambios en los procesos de contratación y facturación. De acuerdo con una fuente, los cambios buscaban “establecer mecanismos de control” en la agencia.

Actualmente, los contratos de Educación son evaluados por la División Legal de la agencia, que tiene una persona encargada de la coordinación de los contratos, pero estos se pueden originar en cualquiera de las múltiples secretarías auxiliares o asociadas de la agencia, como Asuntos Académicos, Administración, Asuntos Federales o Educación Especial.

En tanto, los acuerdos pagados con fondos federales son evaluados por la división deadjudicación de fondos y contratos de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales.

A la vez que se establecen cambios en los métodos para contrataciones, Educación ha echado mano de distintos mecanismos para adquirir bienes y servicios mediante procesos competitivos.

Esto ha creado desconfianza entre licitadores y contratistas, quienes han denunciado que no se han seguido los protocolos al momento de determinar si una adquisición se hará mediante una subasta abierta o mediante una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), que es un proceso más cerrado que una subasta.

Por ejemplo, la compra de computadoras para estudiantes y maestros, así como para contratar los servicios de adiestramientos para el uso de esa tecnología, le tomó a Educación más de dos años. Este es uno de los proyectos más importantes y costosos de la agencia en el que recientemente el gobernador Ricardo Rosselló Nevares estimó que se invertirán $300 millones a largo plazo.

El proceso para adquirir computadoras nuevas y carritos para el almacenaje y carga de baterías comenzó en julio de 2017, cuando se anunció que se compraría equipo solo para 50 escuelas, pero mediante un contrato que permitía adquisiciones posteriores bajo el mismo acuerdo. A esa subasta le siguió otra en noviembre de 2017, también para compra de equipo, accesorios y libros electrónicos.

No obstante, en mayo de 2018, Educación optó por cancelar ambas subastas bajo el argumento de falta de necesidad luego que el proceso fuera impugnado por uno de los licitadores, que alegó que la agencia adjudicó incorrectamente ambas subastas a uno de los competidores.

La compra del equipo tecnológico se hizo entonces a través de una megalicitación adjudicada a solo dos compañías, entre casi una decena que mostraron interés de participar.

La competencia se hizo no a través de un proceso de subasta, sino de un RFP emitido el 17 de agosto de 2018 y mediante el que se invertirían sobre $160 millones en equipo y adiestramientos en la tecnología.

Los obstáculos que enfrentó Educación en los procesos de licitación de equipos de tecnología ocurre aun cuando la agencia ha firmado un contrato de $1.4 millones con la empresa ConnectEd, para asesoría en los procesos de licitación relacionados con el servicio de conexión tecnológica.

Según fuentes de este diario, la empresa estadounidense, representada en Puerto Rico por Elaine L. Williams, ha estado relacionada con las licitaciones de estas compras de equipo tecnológico.

Como parte de las disposiciones contractuales de ConnectEd, personal de esta empresa, registrada en Illinois, forma parte del comité de evaluación de las propuestas y litaciones. Además, su personal asesora a la agencia en la negociación y redacción de los contratos, particularmente con los que estarán ligados a asignaciones del programa federal E-Rate.

La adjudicación de las subastas, así como la determinación de Educación de cancelar las mismas, provocó una demanda federal de la empresa puertorriqueña WF Computer Services Inc. contra la agencia y Keleher. Educación ha solicitado su desestimación.

La concesión y posterior cancelación de esta subasta también provocó la radicación de dos resoluciones de investigación en el Senado, una del senador Aníbal José Torres y otra del legislador independiente José Vargas Vidot.

La Comisión senatorial de Asuntos Internos, que preside Larry Seilhamer, emitió un informe positivo a la medida de Torres, que ha quedado estancada en la comisión de Reglas y Calendarios que preside Carmelo Ríos. Este diario preguntó a esta comisión si la Resolución 890 tendría algún movimiento en un futuro cercano, pero respondieron que “al momento no está contemplada en calendario”.

Otra resolución de investigación fue presentada en la Cámara de Representantes por el representante Denis Márquez, pero no ha sido atendida por ese cuerpo.

Tecnología

El acuerdo de ConnectEd está registrado en la Oficina del Contralor bajo la categoría de servicios relacionados con los sistemas de información. En este renglón, Educación registró casi $46.8 millones en contratos entre enero de 2107 y mediados de marzo de 2019.

No obstante, esta cifra se refiere casi exclusivamente a servicios de infraestructura tecnológica y de consultoría, porque la compra de equipo de informática se adquiere frecuentemente a través de órdenes de compra.

La empresa Claro (bajo el nombre corporativo Puerto Rico Telephone Company) tiene el mayor monto de contratos relacionados con servicios de información, con $14.6 millones en acuerdos para conexión inalámbrica. Esta empresa tiene la responsabilidad de instalar la conexión de banda ancha en los planteles escolares.

Le sigue en la lista Truenorth Corporation, con $9.5 millones en acuerdos para mantenimiento a la red de voz y datos de la agencia, así como para apoyo técnico en las escuelas bajo el programa federal E-Rate, el cual provee descuentos para fomentar la conectividad de escuelas y bibliotecas. Además, la empresa ha sido contratada para el mantenimiento de los servicios de conexión interna.

Otro de los principales contratistas de Educación en la categoría de sistemas de información es Interboro System Corporation, con contratos que ascienden a $4.2 millones. Esta compañía provee el sistema para registrar la asistencia de los empleados dela agencia.

En tanto, entre 2017 y 2018, la empresa Rock Solid Technologies ha firmado $6.8 millones en contratos con Educación. Sus acuerdos se dividen entre los servicios relacionados con los sistemas de información y la gerencia de proyectos.

Los contratos de servicios relacionados con los sistemas de información por $46.8 millones no incluyen la compra de computadoras y equipo electrónico que Educación hará por unos $160 millones. A pesar de que el gobernador anunció en conferencia de prensa esta adquisición tecnológica, al cierre de esta edición, los contratos que viabilizarían la llegada del equipo a los planteles no se han firmado.

Educación adelantó que comprará 115,000 computadoras portátiles para maestros y estudiantes como también 18,000 tabletas. De ese equipo, la compañía Evertec proveerá 30,000 computadoras y el resto será suplido por Computer Network Systems (ComputerLink), señaló Antonio J. Sisco, jefe de informática de Educación.


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