La directora de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico dijo estar tranquila mientras el Parlamento ucraniano investiga la renegociación de $18,000 millones en bonos soberanos cuando ella era ministra de Finanzas.

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, se mostró confiada en que la investigación que lleva a cabo el parlamento de Ucrania sobre la reestructuración de la deuda que lideró la directora ejecutiva de la JSF cuando era ministra de finanzas de este país.

“No tengo preocupaciones”, dijo la funcionaria al señalar que esa reestructuración permitió que Ucrania tuviera nuevamente acceso a los mercados de capital y permitió que el país regresara nuevamente al crecimiento económico en momentos de tensión bélica.

Indicó que el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), persigue beneficios similares de mejoría económica a mediano y largo plazo. El documento, que enfrenta severas críticas de parte del liderato legislativo, político y empresarial del país, provee un camino para la recuperación económica corporación pública que podría llevar al desarrollo de nuevas inversiones en el sistema que redunden en una reducción en la tarifa.

“Sacarla (a la AEE) de la bancarrota es un asunto crítico para el futuro de Puerto Rico. Para alcanzar las metas de bajos precios, energía limpia y confiable se necesita salir de la bancarrota… Si estás en bancarrota, reducir la tarifa es casi imposible”, dijo la directora ejecutiva de la JSF.

La semana pasada, tras una presentación del acuerdo a los legisladores de la mayoría novoprogresista, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazaron la aprobación de cualquier estatuto que implique un alza en el precio del servicio eléctrico.

De ordinario, el acuerdo establece que en un periodo de 10 años la tarifa eléctrica aumentará en, al menos, cuatro centavos. Análisis extraoficiales, sin embargo, estiman que el efecto total del acuerdo implicaría incrementos mucho más severos.

Jaresko indicó que estas alzas podrían mitigarse con una serie de determinaciones administrativas que solo son posible si la AEE sale de la bancarrota. Indicó, por ejemplo, que la utilidad pública compra combustible como un ente bajo estrés financiero, lo que tiene el efecto de aumentar los precios por el riesgo que implica la transacción para los proveedores de los hidrocarburos.

Este precio inflado no existiría si la AEE no fuera una corporación pública bajo estrés financiero, explicó la funcionaria.

El acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE está bajo la consideración de la jueza federal Laura Taylor Swain, que preside sobre todos los procesos de bancarrota territorial.

Para poner en vigor el acuerdo se necesita que la Legislatura avale un proyecto de ley que establecerá la nueva estructura de los bonos con los que se canjearía la deuda actual.


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