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Myrkalisse Castillo Guzmán y su madre (semisquare-x3)
Myrkalisse Castillo Guzmán (en la silla de ruedas) no ha podido ir a la escuela este semestre debido a la falta de pagos a su proveedor de transportación. (Juan Luis Martínez Pérez)

Myrkalisse Castillo Guzmán no contiene las lágrimas al hablar de la escuela. Llora de emoción cuando relata que, aun padeciendo autismo, está completamente integrada a la corriente regular y su nota más baja ha sido un 94%. Pero también llora de tristeza cuando recuerda que, faltándole apenas este semestre para graduarse de cuarto año, no ha podido iniciar clases porque se quedó sin servicio de transportación desde su casa hasta el plantel.

 ¿La razón? Falta de pago a los proveedores del Gobierno, debido al grave problema de liquidez.

 Ese es el mismo problema que mantiene a otros niños de Educación Especial desprovistos de servicios educativos y relacionados (terapias); a pacientes pediátricos y psiquiátricos sin recibir atención adecuada debido a la falta de personal médico, equipos y medicamentos; a miles de ciudadanos esperando su reintegro tras rendir a tiempo la planilla de contribución sobre ingresos; a otros tantos sufriendo por los cambios en los sistemas de transporte público; y a las entidades sin fines de lucro haciendo malabares para seguir a flote  tras drásticos recortes presupuestarios.

“Me siento un poco triste porque desde elemental siempre me ha gustado la escuela. Los maestros me tratan chévere; paso buenos ratos en la escuela. Pero cuando suceden estas cosas (servicio de transportación afectado), la escuela no me gusta tanto; me siento dolida”, dijo Myrkalisse, de 19 años, quien vive junto con su madre, Nélida Guzmán Rivera, en el barrio Mamey I de Guaynabo, y estudia en la escuela superior Trina Padilla de Sanz en San Juan.

 

Según contó Guzmán Rivera, de 50 años, Myrkalisse necesita transportación hacia y desde la escuela pues, aunque puede caminar, la mayor parte del tiempo se desplaza en silla de ruedas. La joven nació con la cadera izquierda mal formada y la pierna derecha más larga, por lo que ha sido operada  cuatro veces. Ha estado en el quirófano otras seis ocasiones para atender o corregir males cardíacos, en los ojos y los pies.

 “Myrkalisse no puede caminar distancias largas, aparte de que usa la silla de ruedas como pupitre. Desde que inició el semestre la semana pasada, no ha podido ir a clases porque el Departamento de Educación (DE) no le ha pagado al proveedor de transportación por la falta de liquidez. Yo no la puedo llevar a la escuela, porque mi carro está dañado y la reparación es muy costosa”, relató angustiada Guzmán Rivera.

 Destacó, empero, que es probable que Myrkalisse pueda iniciar clases mañana, martes, pues había la promesa de que el DE emitiera, al menos, un pago parcial al proveedor durante el fin de semana.

“Me dijeron que le pagarían una parte de la deuda al proveedor para que la nena no siguiera perdiendo días de clases. Pero si no le pagan todo lo que le deben, puede que Myrkalisse se vea afectada nuevamente. El Programa de Educación Especial es uno de los más afectados por la falta de liquidez, pese a tratarse de los derechos  de nuestros niños. El paso de Myrkalisse por el DE no ha sido nada fácil; ella no tiene nada que no haya sido por mandato de jueces administrativos. He tenido que llegar a los extremos hasta para garantizarle una ubicación a mi hija”, dijo.

 Myrkalisse, entretanto, reiteró su deseo de regresar a la escuela “para no seguir perdiendo clases”. Mostrando las medallas, placas y otros reconocimientos de excelencia académica que ha recibido, señaló que una vez termine el cuarto año, quiere ir a la universidad para convertirse en técnica de sala de operaciones.

EFECTO DOMINÓ.  Tres expertos consultados por este diario coincidieron en que el caso de Myrkalisse es “vivo ejemplo” de que, más allá de bonistas y acreedores del Gobierno, la crisis económica y fiscal tiene su mayor impacto en la ciudadanía.

 En el contexto actual, la clase que más se está afectando es la media trabajadora, pues los más ricos tienen recursos para paliar la crisis y los más pobres cuentan, de alguna forma u otra, con ayudas del Estado.

“En Puerto Rico, la clase media trabajadora es la menos que se protege y de la menos que se habla. ¿Qué pasa cuando la clase media trabajadora no cualifica para ningún subsidio gubernamental? ¡Se le encarece la vida! Esos que no reciben subsidios, que viven de trabajos que no pagan bien o se les han eliminado beneficios marginales, son los más afectados en todos los niveles: acceso a la salud, educación, seguridad, transportación y muchos otros”, expuso la psicóloga social comunitaria María de Lourdes Lara, directora ejecutiva de la Fundación Agenda Ciudadana.

Con ella coincidió el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Emil Alicea, quien denunció que las medidas que han tomado esta y otras administraciones para atender la crisis han sido en beneficio de quienes más tienen. 

“Las medidas que se presentan como solución a la crisis no toman en consideración las necesidades sentidas de la población; este es un concepto que se refiere a las necesidades según las ven los ciudadanos, no los que más tienen”, expuso.

“PRECARIZACIÓN” DE SERVICIOS.  De acuerdo con Alicea, la “precarización” de los servicios de salud, educación, seguridad y de las condiciones laborales repercute, a su vez, en “una escalada” de los problemas sociales del País.

“El Gobierno se ha centrado en resolver la (reestructuración de la) deuda sin mirar cómo esa discusión tiene efectos en los problemas sociales. Por lo tanto, no hay una estructura para paliar los efectos de la crisis en los problemas sociales”, dijo.

Alicea y el también psicólogo social comunitario Nelson Reyes del Valle comentaron que la crisis  se ha convertido en un estresor para las familias, que no necesariamente cuentan con las herramientas para manejar conflictos, aumentando las posibilidades de eventos violentos.

“Todas las manifestaciones de violenciatienen asociaciones, directas e indirectas, con el problema económico. Esto nos tiene que llevar a repensar el mismo sistema capitalista, que no es solidario ni equitativo; es un sistema desigual”, dijo Alicea.

Mientras, Reyes del Valle, quien es investigador en economía solidaria, insistió en que la discusión de la crisis “tiene que ir más allá de los bonistas, porque hay gente de carne y hueso afectándose mucho más”.

IMPACTO EMOCIONAL. Lara, Alicea y Reyes del Valle manifestaron que, aunque no se llevan datos, es altamente probable que los problemas de salud mental hayan aumentado en la población debido a la crisis.

 Específicamente, los expertos indicaron que los niveles de ansiedad y depresión deben haber subido.

“Vemos que la población más afectada por la crisis es la que paga impuestos, pero no recibe el reintegro; la que no le perdonan si se retrasa en el pago de la hipoteca y la que tiene que pagar plan médico porque no cualifica para el del Gobierno. Estas personas viven con un alto nivel de incertidumbre, sobre todo porque no pueden hacer planes... cada día puede ser ese en que se queden sin trabajo, por lo que también viven con altos niveles de pesimismo y frustración”, aseveró Lara.

“Hay que profundizar en los efectos de la crisis”, expresó, por su parte, Reyes del Valle, al advertir sobre un posible aumento en los casos de maltrato a menores. 

“La presión que implica para un padre o una madre no tener dinero ni para alimentar bien a sus hijos, puede estar provocando cosas que son bombas de tiempo. La discusión con los bonistas es la punta del ‘iceberg’, por eso insisto en que tenemos que ahondar más en los efectos de la crisis”, dijo el investigador. 

“DE LA MANO”. Entretanto, la procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, recordó que su oficina está disponible para ayudar a quienes vean sus servicios afectados debido a la crisis económica. 

  “Las poblaciones de edad avanzada y de educación especial son las más afectadas, de acuerdo a los casos que han llegado a la oficina, pero para ir de la mano con todo aquel que lo necesite”, indicó.

Destacó, incluso, que su oficina puede dar asesoría a ciudadanos de cómo llevar su reclamo al tribunal.


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