El Colaborativo Público advierte sobre la presunta falta de voluntad que hay en la AEE para hacer cumplir la Ley 17. (GFR Media)

El sector privado, las cooperativas y los municipios son los entes que lideran el cumplimiento con la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019), que procura una red resiliente, confiable y robusta, coincidieron ayer los miembros del Colaborativo Público para la Transformación Energética de Puerto Rico.

En una mesa redonda con El Nuevo Día, resaltaron –en primer lugar– la firma de un consorcio entre Villalba, Orocovis, Ciales, Barranquitas y Morovis para la rehabilitación y operación de la planta hidroeléctrica Toro Negro. El proyecto se complementa con un parque de energía solar y un sistema de baterías de resguardo, y la intención es suplir toda la demanda energética de los cinco pueblos.

“Nos insertamos en esto porque los municipios podemos jugar un rol importante en producir nuestra propia energía, sobre todo en la montaña, que somos más vulnerables”, indicó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

El proyecto recibiría fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) y, por ello, el consorcio firmó un preacuerdo con el Departamento de la Vivienda, que administra las partidas. “Nos asignaron fondos de planificación y estamos en la etapa inicial”, dijo Hernández. Añadió que también suscribieron un acuerdo de colaboración con el Departamento de Energía federal, que es el “socio científico” del proyecto.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, Tomás Torres, resaltó la creación de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, que busca asumir el manejo de las plantas Caonillas y Dos Bocas. La cooperativa también propone la instalación de paneles solares en lugares estratégicos, a fin de suplir la demanda energética de Adjuntas, Jayuya y Utuado.

“La incongruencia en todo esto es que ni el consorcio municipal ni la cooperativa aparecen en el Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, dijo Torres, en referencia al documento en el que se explica cómo se desarrollará el sistema por los próximo 20 años. Dicho plan está bajo evaluación en el Negociado de Energía.

“Son grandes esfuerzos que van por un lado, pero el gobierno va por otro”, añadió Torres, quien representa a los abonados en la Junta de Gobierno de la AEE.

De paso, los miembros del Colaborativo acusaron a la AEE de “arrastrar los pies” con el cumplimiento de la Ley 17.

Edward Previdi, pasado presidente de la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable (Aconer), cuestionó por qué la AEE “sigue hablando de contratos de gas natural a largo plazo”, cuando la Ley 17 obliga a que la generación con fuentes alternas llegue a 40% en 2025, a 60% en 2040 y 100% en 2050.

“La Autoridad tiene un disloque entre lo que pretende hacer y lo que dice la ley”, afirmó Previdi, de quien se hizo eco Mark Silberg, asociado senior del Rocky Mountain Institute.

Según Silberg, la “opción predilecta” de la AEE en el Plan Integrado de Recursos “es mucho más costosa y tiene menos energía renovable” que las demás incluidas en el documento. “Esto es una preocupación porque hay mucha incertidumbre sobre cómo cambiará la demanda energética. Ningún plan que incumpla con las disposiciones de la Ley 17 sobre energía renovable se debe aprobar”, aseveró.

Por otro lado, los miembros del Colaborativo celebraron que, tras la firma de la Ley 17, el Negociado de Energía obtuvo el presupuesto y las “garras” necesarias para hacer su función.

Hace un año, el Colaborativo rindió un informe con recomendaciones para la transformación de la red eléctrica. Dicho trabajo reunió a 41 representantes de diversos sectores.


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