El plan pretende atender también terremotos, inundaciones, tsunamis, ataques terroristas y explosiones químicas o biológicas.

El nuevo Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico reconoce las “limitaciones” que tiene la isla y que emanaron directamente de la emergencia que ocasionó la isla tras el azote del huracán María para entonces establecer la ruta de acción antes, durante y después de una emergencia.

Es por eso que el documento, de 244 páginas divulgado ya -aunque con áreas tachadas- por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), establece que la isla es “en extremo vulnerable” en el área de comunicaciones y en su sistema eléctrico, tiene capacidades “limitadas” en sus recursos económicos y de logística, carece de planes coordinados y sincronizados con las agencias federales para el manejo de incidentes catastróficos y tiene procedimientos excesivamente burocráticos que limitan los procesos de respuesta y recuperación haciéndolos muy inefectivos bajo situaciones de emergencia.

También el plan establece como un hecho -dentro de las limitaciones de la isla- la capacidad para manejar los servicios de salud y las muertes en masa a causa de catástrofes, y que no hay continuidad en los planes operacionales tanto en el sector público como privado. Para cada una de estas limitaciones, el plan establece una contingencia.

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Establecido ese marco, el plan pretende atender no solo huracanes, sino también terremotos, inundaciones, tsunamis o desastres causados por el hombre como ataques terroristas y explosiones químicas o biológicas.

“En todo plan se reconoce las vulnerabilidades, riesgos y peligros para poder hacer el plan efectivo”, dijo Carlos Muñoz, manejador de emergencias con 45 años de experiencia.

Ahora bien, sostuvo que el plan “no es autoejecutable. Es decir, que cualquier persona lo pueda ejecutar. Es muy técnico”. Agregó que era una especie de copia de otro documento federal, que pudiese ser un plan catastrófico previo confeccionado por Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

El exdirector de la desaparecida Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Ángel Crespo, calificó el plan como una “ensalada”, aunque reconoció que tiene sus aciertos.  

“Ese plan es una mezcla de otros planes. Recoge información del pasado plan. El problema de esa ensalada es que está centrado en acciones a ejecutarse por hora, pero le faltan otros datos”, dijo.

El nuevo plan no dice qué carreteras son vulnerables, con qué personal se cuenta para atender la red eléctrica vulnerable, con cuánto dinero se cuenta, vehículos disponibles, capacidad de los hospitales, cuáles están capacitados con morgue y municipios vulnerables, entre otros factores, dijeron los entrevistados.

“Tiene que establecer la vulnerabilidad. Tiene que establecer -a base de la experiencia de los alcaldes y el Estado- qué recursos que  tienen disponibles y los que hay fuera de Puerto Rico pero sin dejar de considerar que no importa cuán expertos sean no conoce la geografía y la idiosincrasia de Puerto Rico. De qué vale que vengan los de energía eléctrica, si no saben dónde están las torres”, cuestionó el también exdirector de la Aemead, Epifanio Jiménez.

El plan plantea como una novedad la integración de la empresa privada y las organizaciones sin fines de lucro en la respuesta del gobierno estatal y el federal a una emergencia.  Por ende, el documento fue confeccionado por el gobierno, las autoridades federales y el sector privado. El sector privado estaría representado en los que denominan Centro de Operaciones de Emergencias de Negocios (COEN).

Sin embargo, el plan catastrófico previo -confeccionado en el 2014 y que estaba en vigor al momento de María- contemplaba la planificación previa, acuerdos con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro, así como coordinadores de emergencia por agencia con tareas específicas para lograr su objetivo de salvar vidas, proteger la propiedad y el ambiente. Solo dos factores no estaban contemplados en ese plan: muertes masivas y el colapso total de la red eléctrica y las comunicaciones.

“Por lo tanto, no es correcto decir que por primera vez se integra al sector privado. Por eso existe la Cruz Roja Americana y está integrada en el Centro de Operaciones de Emergencia”, afirmó Crespo.

Revisión anual

La gobernadora Wanda Vázquez Garced así como el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer L. Román González, firmaron el plan que tiene fecha de junio de este año en su versión 1.10. Pero al lado de cada firma, permanece en blanco la fecha.

Precisamente, con su firma, la gobernadora concede al secretario del DSP la potestad de revisar, enmendar e implementar el plan. Anualmente, se debe revisar el plan. Sin embargo, se establece que se trata de un“plan vivo e interactivo”, sujeto a cambios y revisiones producto de lecciones aprendidas por eventos previos, por estudios científicos y por tecnología desarrollada. El pasado plan, databa del 2014 y debía ser enmendado cada cuatro años.

Román González ya anticipó que habrá cambios en lo que concierne al manejo de los refugios y la comunicación efectiva con los municipios luego de que tras el paso del huracán Dorian hubo alcaldes que se quejaran de falta de comunicación con el gobierno central.

“Hay que ver que el plan era un secreto para todos hasta ayer”, afirmó Muñoz.

Un plan catastrófico es un documento amplio y técnico que establece -de manera detallada- todas las acciones que debe tomar un grupo de agencias federales y estatales para preservar la vida y la propiedad ante un fenómeno atmosférico. El plan Catastrófico es complementado por otros planes que no están en el documento distribuido por el NMEAD. Estos planes son: el Plan Operacional de Manejo de Emergencias Estatal, el Plan de Continuidad de Operaciones, el Plan de Reunificación de Familias, el Plan de Distribución y el Plan de Mitigación.

Qué contiene el nuevo plan

El nuevo plan describe los problemas que causó el huracán María el 20 de septiembre de 2017 como el colapso de la red eléctrica, el cierre de puertos y aeropuertos.

“Esto significa que la ayuda federal adicional puede demorar semanas en llegar a la isla. Además, los suministros y alimentos para la población así como el acceso vial podría ser severamente impactado. Dejando a muchos municipios aislados”, establece el plan como lección directa del ciclón más devastador que ha experimentado Puerto Rico.

“Los servicios de salud -tanto públicos como privados, incluyendo los centros de cuido para niños, los centros de cuido para envejecientes o personas con necesidades- serán impactados. Las muertes en masa, las personas sin hogar y aquellas con necesidades especiales tendrán que permanecer en refugios por un tiempo prolongado”, añade el plan como un hecho vivido.

Aunque de manera implícita, el plan deja claro que para María no existía sincronía con FEMA y el gobierno central. Por eso, dice el plan se crea el Plan Conjunto Operacional de Incidentes Catastróficos.  

“Por primera vez, el concepto de Plan Conjunto Operacional de Incidentes Catastróficos está sincronizado con el plan de FEMA. Las funciones y responsabilidades antes, durante y después de un incidente están establecidas en el plan para entidades no gubernamentales, locales, el Estado y las organizaciones federales”, indica el plan.

“Eso no es cierto ni correcto. Siempre el director de FEMA ha estado presente en cada emergencia junto al gobernador de turno. Desde 1999 Puerto Rico trabaja de manera conjunta con el gobierno federal”, apuntó Crespo.

Cuestionó por qué el nuevo plan catastrófico no tiene el certificado de capacitación de la persona o personas que redactaron el documento y certificando que las personas que firman el documento han sido adiestradas y capacitadas para ejecutarlas.

Además, dijo que el plan carece de un área o capítulo de Desarrollo, Conservación y Mantenimiento, que valida el documento. Es decir, de ejercicios hechos que validen el plan. “Tal vez los hicieron, pero no están ahí”, dijo Crespo.   

Contenido del plan

El plan precisa que habrán 16 objetivos operacionales y 86 funciones críticas. A su vez, establece el plan, los objetivos están segmentadosen 1,218 tareas esenciales, 376 limitaciones -que son lecciones aprendidas tras el huracán María- y 376 contingencias o mejores prácticas.

De esta forma, se segrega el plan operacional en tres renglones: preincidente, respuesta y recuperación. A su vez, esos renglones incluyen siete fases de acuerdo a la amenaza que represente la emergencia. Estas fases ya estaban incluidas y desglosadas en el pan catastrófico previo.

“Algo muy bueno que tiene este plan es el segregar por fases la implementación del mismo. Tiene flujogramas y estructuras modulares que ilustran dónde va ubicada cada parte -federal y estatal. Lo ilustran claramente y eso es muy positivo. También extiende un periodo crítico de 120 horas antes del impacto cuando antes eran 72 horas”, afirmó Crespo.

Para cada uno de los tres renglones, el plan establece el escenario que imperará en la isla. Por ejemplo, en preincidente reconoce que la Junta de Supervisión Fiscal tiene control del presupuesto, que habrá gente abarrotando supermercados y gasolineras, que las líneas telefónicas y las carreteras estarán congestionadas, y hospitales estarán dando de alta a pacientes. Es también en la etapa de preincidente que se establece la evacuación de residentes de sus hogares y de turistas rumbo a sus países.

Ya en el renglón de respuesta se considera que escasea el combustible, hay problemas de salud, algunos de los responsables de trabajar en la respuesta son víctimas, los servicios gubernamentales se interrumpieron, hay áreas rurales aisladas y la red eléctrica colapsó.

Condiciones insalubres, falta de agua y de seguridad

El documento contempla situaciones vividas tras el embate de María que no fueron previstas y causaron fatalidades. Por ejemplo, contempla el que no hayan suficientes policías, que no haya agua potable y surjan brotes de enfermedades como leptospirosis, y que sea necesario orientar al pueblo sobre ello, que suban considerablemente los muertos, se acabe el combustible y no haya comunicación alguna. Establece nuevos mecanismos para atender esas situaciones tan básicos como usar todos los medios disponibles para ofrecer orientación a la ciudadanía de que hacer y qué no hacer, enviar “runners” a donde sea necesario y tener, de antemano, un contrato con una de las principales marcas para el suplido de combustible.

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En el renglón de recuperación se considera que algunos de los refugios estén en condiciones insalubres, que haya que hacer una vacunación masiva, ofrecer servicios sicológicos, reunificar familias, que haya comunidades incomunicadas, recogido de escombros, relocalización o construcción de casas.

Entre las acciones que establecen las fases es que previo a cualquier incidente se deben haber identificado los recursos necesarios para atender la emergencia, es decir, 48 horas antes de que el Servicio Nacional de Meteorología emita una vigilancia de huracán para Puerto Rico, indica el plan. También en esta etapa se deben requerir recursos adicionales federales.

Unas 24 horas antes de cualquier evento se deben “preposicionar en áreas cercanas de amenaza y de potencial impacto” los recursos requeridos. De acuerdo con el plan, el gobernador de turno, el secretario del DSP, el representante autorizado del gobierno (GAR, en inglés), FEMA, el secretario de Estado, el secretario de Justicia y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres está autorizadas para activar el Plan Catastrófico. Sin embargo, el documento establece que será activado “automáticamente” si la emergencia o el evento ocurren sin aviso alguno o de manera inesperada.

Igualmente, indica que es el gobierno de Puerto Rico el responsable de pedir una declaración de emergencia o de desastre al gobierno federal, en caso de que sea necesario.

“Cada jefe de agencia es responsable de llevar a cabo las actividades descritas en este plan y tomar las decisiones necesarias para cumplir con los objetivos del plan”, dice el documento.

Antes, durante y después del huracán María,  los jefes de agencia no ejecutaron las acciones que le correspondían según lo disponía el plan catastrófico de ese entonces, confeccionado en el 2014. Al igual que en ese documento, en el nuevo plan catastrófico cada agencia -federal o estatal- tiene una función y responsabilidad bajo lo que se conoce como Funciones de apoyo en una emergencia (ESF, en inglés). Hay 32 agencias primarias estatales que deben responder emergencias y cada una tiene asignada sus responsabilidades.

El plan es tan abarcador que tiene un diseño de un Centro de Operaciones alterno y de cómo debe ser la distribución de alimentos, dos factores que fallaron tras María. Para ese entonces, el centro de operaciones de emergencias del NMEAD resultó averiado y quedó incomunicadomientras que los alimentos no llegaban a las víctimas.


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